Qa'tu en la cárcel

Qa’tu dentro del penal




Una mano ruda, pero blanda, como carente de energía, es la que extiende José Fabián Ruiz al periodista. El aborigen acusado de violar a una niña wichí tiene mediana estatura, piel cobriza que el encierro desde hace más de cuatro años no logró decolorar, sus ojos amarillentos de tanto mirarse para dentro y un aspecto demacrado, desolado, entristecido. Qa’tú, en el tiempo que lleva preso, se enteró que nació su hijo y murió su padre.


Ruiz esperaba el encuentro con El Tribuno. “Los jueces no me escuchan, y ellos no entienden las costumbres de nuestro pueblo, están equivocados”, reclamó, con voz apenas audible, en su lengua wichí.

“Tik otes iki”, dijo. “No tengo culpa de nada”, tradujo el antropólogo. Y es que para el aborigen, la prisión que guarda es incomprensible pues él está convencido de no haber cometido ningún delito. “Acá hubo violadores, pero ya están afuera, en cambio yo continúo adentro. Me castigan por lo que me autorizó mi gente, con el permiso de Teodora (la primera mujer y madre de la víctima), las mujeres y Estela (la chica con quien mantuvo relaciones penadas por la ley) La única mujer que me condenó sin conocerme fue Octorina Zamora. Debe ser muy mala para odiarme”, deslizó, sin rencor.


“Mi familia me necesita, yo los necesito. Quiero visitar la tumba de mi padre, que murió de pena por culpa de la justicia blanca, y a mi hijo, que no vi nacer”, contó, con triste desconcierto. Y luego volvió a su silencio.

Criminalidad y marginalidad

Entrevista: Carlos Alberto Rozansky, presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata.

“El Estado debe atender tanto la
criminalidad como la marginalidad”

El magistrado, quien condenó a los represores Miguel Etchecolatz y Christian von Wernich, estuvo en Salta y en una pausa de su trabajo –llegó para escuchar a la madre de una menor de Bolivia abusada en La Plata – habló con El Tribuno sobre la inseguridad. Aseguró que hay que atender a las víctimas, se opone a que los menores de edad sean juzgados como adultos y reivindicó a las asociaciones surgidas desde el dolor y la tragedia.

- ¿La inseguridad real es diferente a la sensación que se siente de la misma?

- La inseguridad tiene un nivel de realidad y también una “sensación térmica”, como se dice. La realidad de la inseguridad son los delitos cometidos cotidianamente y cuya medición depende de quien mide y de los objetivos de la medición.

- ¿Y los menores de edad, cometen más delitos?

- Es un juicio falso. Se afirma que hay más delitos, y que la mayoría de estos son cometidos por menores. Yo no creo que exista esto y mucho menos que sean niños o adolescentes quienes delinquen más. Estoy convencido que es bajo el índice de delincuencia adolescente. Lo que sucede es que al divulgarse públicamente delitos cometidos por chicos, estos llaman mucho más la atención y asustan. Esto es lógico: causa mucho dolor, tristeza, espanto, conocer que un menor de 14 años mate brutalmente a una persona. Pero si bien el delito cometido sea brutal, eso no desmiente que quien lo llevó a cabo es un chico. Si uno se equivoca en esta apreciación, sea por parte del Estado, por la prensa, los políticos de la oposición o algún sector de la sociedad o quien sea, se equivocará también en encontrar soluciones al problema. No se puede poner en duda la realidad de inseguridad como fenómeno cotidiano de los argentinos, sobre todo cuando tiene mayoritariamente como víctimas a los pobres. La mayor cantidad de víctimas está en la gente con menores recursos que incluso llegan a no denunciar, a que sus denuncias no sean tomadas, o a que se les convenza de no denunciar.

- En el debate entraron a terciar famosos de la televisión, que tienen su gran influencia en la opinión pública.

- Desde un sector sólo se ve la peligrosidad y por otro lado sólo se ven las causas. Hay que trabajar en las causas, como la pobreza, la marginalidad, pero sin desatender el nivel de peligrosidad que pueda tener esa persona. Hay una falsa oposición. O estoy con las causas y fomento la impunidad o me ocupo de la peligrosidad y dejo de ser garantista y pido pena de muerte. El discurso de mano dura, represivo, tiene una esencia ideológica, implica dos cosas: ignorancia, no se conoce la realidad como por ejemplo la de las cárceles; y un nivel de agresividad muy alto. Ambas cosas no le permiten tener una visión en perspectiva: que es reconocer la peligrosidad y reconocer las causas.

- Entonces, ¿no es una solución acertada bajar la edad de imputabilidad penal?

- ¡No!, ¡en absoluto!, eso es una barbaridad. Desde mi experiencia, es una gravísima equivocación centrar el problema de la inseguridad en bajar la edad de imputabilidad y comenzar a considerar sospechosos a los adolescentes. Por muchas razones. En primer lugar, la mayoría de los delitos son obra de jóvenes y adultos mayores de edad, no por adolescentes ni niños. Pensar así y bajar la edad de imputabilidad haría que se abarque una franja de edad que podría ser acusada, juzgada y condenada y se equivocarían los esfuerzos contra la inseguridad. En segundo lugar, el error conceptual de creer que la baja de imputabilidad pueda significar alguna ayuda para disminuir la delincuencia es ignorar que desde siempre establecer una edad mínina para la imputación de delitos está vinculada a razones científicas largamente estudiadas, a la etapa evolutiva que experimenta esa persona; tiene que ver con la psicología ya la evolución psicosocial de ese adolescente. Y las etapas evolutivas no se modifican por ley, por decisión política, por impulso demagógico. Entonces, si un niño de 12 años toma una carabina y mata a un hombre, esto no lo convierte en asesino; este hecho terrible no lo convierte en adulto. Sigue siendo un chico que tomó un arma y mató. Seguro que es un adolescente violento, brutal, asocial. Pero los derechos internacionales y la Convención de los derechos del niño no se fijaron por capricho. Los criterios fueron científicos, aceptados por la inmensa mayoría de los países del mundo y luego se hicieron leyes. Esto no significa en absoluto que la sociedad y la justicia deba ser tolerante con un chico brutal.

- ¿Me dice que hay que atender a ese menor violento sin condenarlo como adulto?

- Hay que atender a este adolescente, apartarlo de la sociedad, por respeto a la sociedad que no tiene porque sufrir las conductas asociales y peligrosas de un menor de edad brutal. Pero hay que estudiar cual es la etapa evolutiva de este menor, para que el Estado aplique una solución acorde. Llevarlo a una prisión, con adultos, no tiene nada que ver con una respuesta racional.

- Hay posturas que sostienen de que la criminalidad adolescente es resultado de la marginalidad familiar y social en la que estos chicos crecieron. ¿Hay acciones del Estado en este sentido?

- El Estado debe atender tanto la criminalidad como la marginalidad. A mi me parece imposible combatir la criminalidad sino se combate la marginalidad. Y atender sólo las condiciones de vida del menor violento deja desamparado al prójimo que tiene derecho a no convivir con un menor violento, de cuyos problemas no es responsable.

- Algunos jueces son criticados por “garantistas”, esto es, de darles muchas garantías a los delincuentes y no tener en cuenta a las víctimas.

- El garantismo tiene mala prensa. En realidad, la protección de las garantías de los acusados es una corriente de pensamiento que se desarrolló durante la democracia para afirmar la preeminencia del debido proceso hacia los victimarios, pero también para las víctimas. Sino se contemplan los derechos y garantías de quienes han sufrido un delito, no se lleva adelante un debido proceso penal y por lo tanto el trabajo del juez es malo. Las garantías son tanto para los imputados como para las víctimas, y alcanzan a los testigos, y no atenderlas pueden significar que el crimen quede impune.

- Sin embargo, algunos opinan que sólo se garantizan los derechos de los delincuentes, y no los de las víctimas.

- Entonces no se trata de garantismo. Los imputados tienen sus garantías, que hay que respetar, pero cada vez más hay que esforzarse en la protección de las víctimas, pues esto significa atender sus legítimos derechos humanos violados. El buen juez debe ser equilibrado.

- Las críticas al Estado con respecto a la inseguridad parten de que no hay políticas claras de protección a los ciudadanos y las víctimas de delitos.

- En este sentido hay un punto clave, y es que el Estado tiene la obligación de atender a las víctimas, pero no pensar como ellas. Hace tiempo que estoy estudiando esto, pues de esta diferenciación puede comprenderse la correcta aplicación de las garantías y alejarse del falso concepto de garantismo. Es decir, cuando el Estado, en sus diversas instancias, tiene el deber de dar respuestas al drama cotidiano de la inseguridad, y sus respuestas son dadas como si fuera una victima, que son entendibles en la víctima real, esas respuestas va a ser equivocadas. Por ejemplo, una madre que perdió un hijo, con el inmenso dolor que ella carga, que es entendible, no podría desde ese sentimiento proponer una legislación racional contra la inseguridad. Lo mismo sucede si el estado piensa como víctima y propone medidas sin la necesaria racionalidad. Necesita comprender a la víctima, necesita tener empatía con ella, y desde la racionalidad y el análisis, proponer soluciones.

- Desde esa concepción, es absolutamente legítimo lo que ha hecho entonces Juan Carlos Blumberg, tras el asesinato de su hijo Axel.

- Por supuesto. Este hombre, como otros padres o madres que dedicaron su vida, luego de una tragedia personal, a realizar propuestas y acciones para combatir el delito, son ejemplares. Son actitudes valientes para que a otros padres no les sucedan hechos terribles como los que ellos han sufrido. Sin embargo, un padre herido en lo más profundo de su ser no puede reemplazar al Estado. Argentina tiene muchas asociaciones surgidas a partir del dolor, la tragedia, y esta bien, pero no reemplazan al estado. Ellas poseen la legitimidad del dolor, y desde allí pueden proponer cambios. El planteo incorrecto es que estas asociaciones, que tienen legitimidad social, salgan a reemplazar lo que el Estado no cumple. Ellas existen para hacer cumplir, denunciar las ausencias del Estado, proponer alternativas para acciones que se deben tomar, hacer propuestas a los representantes legislativos. Es indudable que cuando la ausencia del Estado es grande, crecen estas organizaciones. Pero ellas no deben ser parte de las soluciones, no de los problemas.





Un petitorio para


Barack Obama

En coincidencia con la celebración del 20º aniversario de la aprobación por las Naciones Unidas de la Convención Internacional por los Derechos del Niño, el juez platense Carlos Rozanski lanzó un singular petitorio para que los Premios Nobel pidan al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, último galardonado con esa emblemática distinción, que impulse la ratificación en su país de ese tratado. El primero en firmarlo fue Adolfo Pérez Esquivel. “Se me ocurrió esta propuesta después de escuchar a Obama decir con mucha humildad, que él no estaba a la altura de los demás Premio Nobel. Y como Estados Unidos es el único Estado que no ratificó la Convención Internacional, me pareció oportuno que como parte del compromiso que significa el Nobel gestione ante el Parlamento de su país la adhesión a ese tratado, que es el que más acuerdo ha tenido de países en la historia de la humanidad. Sólo falta que lo firme Estados Unidos.



El perfil

El doctor Carlos Alberto Rozanski es el actual presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, provincia de Buenos Aires y el primer magistrado elegido por concurso por el Consejo de la Magistratura. Es Miembro Fundador Honorario de la Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto Juvenil (ASAPMI) e integrante del Foro Para la Justicia Democrática (FOJUDE). Es autor de artículos judiciales publicados sobre abuso infantil y coautor de los libros “Abuso sexual en la infancia” (2002) y “Maltrato Infantil. Riesgos del compromiso profesional” (2003). Además escribió la obra “Abuso sexual infantil. ¿Denunciar o Silenciar?” (2003). Fue docente del Curso de Postgrado: Abordaje Interdisciplinario del Abuso Sexual Infanto Juvenil, en la Facultad de Psicología, de la UBA (2004). Autor del “Proyecto de Reforma Libro II, Título III, Capítulo IV del Código Procesal Penal de la Nación”, que regula la declaración de los niños abusados, sancionado el 4 de diciembre de 2003 como Ley 25.852 de la República Argentina. A partir de su promulgación, en 2004, la “ley Rozansky” instituyó la Cámara Gesell, que dejó de lado la indagación de las víctimas menores de edad por parte de jueces, funcionarios judiciales o policiales.

En su obra “Abuso sexual infantil. ¿Denunciar o Silenciar?”, el juez escribió "El objeto de este libro es llamar la atención sobre la injusticia e ilegalidad de determinadas prácticas actuales en el modo de intervención judicial en casos de abuso sexual de niños”.

“Mi propuesta consiste en resaltar la necesidad de comenzar a elaborar un modelo de intervención respetuoso y que no lastime a las víctimas. Uno que tenga en cuenta las principales características y consecuencias del fenómeno, así como la legislación protectora vigente, y donde la criatura abusada no sea una foja más de un expediente, sino el centro y sentido mismo de esas actuaciones”.

“Y en última instancia, un modelo inspirado en una ética humanista en el que los jueces utilicen el enorme poder que poseen para que las leyes se cumplan y para que ningún niño víctima de abuso vuelva a ser maltratado".

Una cacique wichí en contra del aborígen acusado

Entrevista: Octorina Zamora, cacique de la comunidad wichí Honat le´les, de Embarcación


“Fue una aberración”

- ¿Está de acuerdo con que Fabián Ruiz continúe preso y en espera del juicio, tal como dispuso la Corte de Justicia de Salta?

- Sigo pensando que la violación de una menor por parte de un mayor es una aberración, y que esto no existe como ninguna pauta cultural de las comunidades indígenas, y menos en la wichí, en donde es castigado es abuso de poder y las relaciones sexuales incestuosas.

- Sin embargo, algunos antropólogos insisten con respecto a la preexistencia de culturas que no pueden ser juzgadas.

- Insisto que esto es un crimen para los wichís, como lo es para ley argentina. Pero además, ya que me menciona a los antropólogos, a los cuales respeto, creo que también sería correcto hablar con los ancianos de la comunidad, que son fuente de nuestra sabiduría, y las mujeres, y no solamente con antropólogos ingleses o criollos con posturas que dicen que nos representan.

- ¿Qué dirían ellos?

- No se. Yo habló como cacique de mi comunidad y como mujer. Y creo que como sociedad argentina y pueblo wichí, no podemos permitir que se avale una violación, pues así se está poniendo en peligro a los niños, que para las comunidades indígenas son los únicos privilegiados.

- ¿No existen abusos dentro de las comunidades?

- Claro que existen. Y a veces los condenamos nosotros mismos, y también es cierto que en muchos casos se acepta el abuso de poder y el abuso sexual infantil en las comunidades originarias, pero en los casos que esto ocurre es porque son defendidos por la mafias de la dirigencia indígenas, apa¬ñadas por los políticos y gobiernos de turno y por razones clientelistas.

El machismo

- Y porqué, excepto en su caso, no hablan las mujeres wichís?

- Porque no se les pregunta. Siempre se busca a funcionarios, políticos, académicos, y la gran mayoría son hombres. En este caso nunca se escuchó hablar a una mujer indígena. Creo que mucho tiene que ver la sociedad machista imperante, que ha ido cambiando la cultura originaria, imponiendo conductas que les eran útiles a los colonizadores y exploradores blancos. El machismo no es propio de los wichís.

- ¿Y cómo se manejan las relaciones de género entre los wichís?

- Tradicionalmente, los géneros tenían sus roles, y en muchas ocasiones las mujeres de una comunidad realizaban actividades que para los criterios europeos o dominantes, serían machistas. Por ejemplo, las mujeres podíamos tener también nuestros cotos de caza, vedados a los hombres.

Hablando con las mujeres wichí

En Hoktek T ‘ oi

Miserables ranchos compuestos de una habitación, construidos con barro y ramas. Los niños están descalzos, flacos, sucios. Apenas se mueven y menos sonríen, sin ánimo para jugar bajo el calor agobiante y un sol incendiario. A la distancia, detenidos sobre el suelo y debajo de un quebracho raquítico, tres pájaros tienen los picos abiertos. Hacia el sur se interrumpen los escasos árboles y comienza el terreno abierto donde crecen porotos, hasta donde se pierde la vista. Estamos en la comunidad Hoktek T ‘ oi, o Lapacho Mocho, territorio de los wichís.


Dialogar con los aborígenes no es sencillo. Mucho menos con sus mujeres y hasta el momento, imposible había sido obtener palabras de Estela, la supuesta víctima de violación. Por intermedio del antropólogo John Palmer, quien reside en la zona desde hace 32 años, logramos entrar a la comunidad y conocer las opiniones de sus miembros, las mujeres y principalmente Estela, acerca de la acusación que mantiene preso a Qa’tu desde mediados de 2005.


“Nuestra tierra está arrasada, como nuestra cultura y ahora uno de nosotros está preso por algo que para nosotros no es delito, como dice la Justicia blanca”, afirmó Roque Miranda, cacique de la comunidad. “Yo soy mujer, esposa de Qa’tu y madre de Menajen”, sostuvo, en su lengua, Estela. “Yo era mujer, libre, cuando lo elegí a él. Mi madre, las mujeres y la comunidad aceptaron lo que quise; pero ahora mi hombre está preso, no me dejan verlo. Por eso me duele el alma. La justicia de los blancos tiene que escucharme y soltar a Qa’tu. Todos lo necesitamos”, sostuvo, seria, aparentemente enojada, incomoda con la visita. A simple vista, su rostro agraciado muestra a una joven que ronda los 18 o 20 años. Sin embargo su documento de identidad dice que tiene 13.

“Se que es una violación, Estela nació porque me violaron. Y Qa’tu no violó a mi hija; ella lo eligió y yo acepté, aunque me dolió que mi hombre elija a otra mujer. Pero yo no lo denuncié”, remarcó Teodora. “Lo necesitamos con nosotras. Nuestras costumbres dicen que el debe protegernos”, aseguró, mirando fijo mientras sus manos continuaban de memoria sobre el telar donde tejía el chaguar.


“Mi hijo no hizo nada malo, pero mi esposo murió porque Qa’tu estaba preso”, contó Erminda. “El debe cumplir con las mujeres que tiene, con la comunidad, no con la justicia blanca”, enfatizó.

Entrevista: John Palmer, doctor en Antropología.

“Se está cometiendo un crimen étnico”

El antropólogo John Palmer estudió Filosofía y Antropología en la Universidad de Oxford y llegó a la Argentina “con 20 años, casi en el mismo vuelo que Perón, en 1973”. Desde hace 32 años estudia, trabaja y convive en las comunidades wichís de la zona del chaco salteño, entre ellas, la de Lapacho Mocho, de donde procede Fabio Ruiz y la supuesta víctima. La esposa del inglés es indígena, con quien tuvo tres hijos.

- ¿Cómo ha repercutido en la comunidad donde usted trabaja la resolución de la Corte de Justicia que deja detenido a Ruiz?

- Para todos nosotros es deprimente esta noticia. No entendemos porque les cuesta tanto entender a los jueces que hay diferencias culturales entre modos distintos de vida. Esto sólo se trataba de un pedido de excarcelación, de darle la oportunidad de libertad a un hombre que necesita volver a su comunidad, en donde lo esperan su esposa y madre de su hijo y su gente.

- ¿Cuánto tiempo lleva detenido José Fabio Ruiz?

- Está preso desde hace 4 años y medio, y eso, creo, ya es una injusticia, incluso hasta un acusado de homicidio no podría llevar tanto tiempo sin juicio.

- Tengo entendido que el juicio se aplazó debido a los planteos de la defensa, de la cual usted participa.

- Desde mediados de 2005, cuando el juez (Ricardo) Martoccia procesó a Ruiz, todos nosotros, la comunidad, su esposa, el equipo de profesionales que integramos la defensa, rechazamos la acusación y dijimos que no había delito, sino incomprensión cultural. En un primer momento, la Corte de Justicia pareció darnos la razón pues devolvió todo el expediente a Martoccia, pese a que habíamos pedido otro juez por su marcado etnocentrismo. Fue él quien vuelve a procesarlo a Ruiz, diciendo que incluye las pericias antropológicas pero sesgando su sentido y además plagiando fuentes. Es desde ese momento que pedimos por la liberación de este hombre.

- Usted me dice que su esposa pide la libertad de Ruiz, ¿se refiere a la menor de edad que quedó embarazada cuando era niña?

- Si, claro, a ella, pero que no era niña. Estela (la supuesta víctima menor de edad) no puede visitarlo desde que fue detenido, por orden del juez, y Ruiz no puede conocer a su hijo Menajem, que va a cumplir cinco años. Y este es el centro de la cuestión. Ellos eran pareja, y se quieren y tienen un hijo. Lo que es natural para la cultura wichí, es un delito para la ley penal.

- Doctor, pero cuando se denunció el hecho, ella era una menor de 9 años, y el un hombre de 28…

- Bueno, ese es otro problema, pues se mezclan errores del Estado y concepciones culturales. Con la Ley de Amnistía para los indocumentados, a Estela le dieron una edad absurda. Tanto es así que su madre quedó con 21 años y ella con 8. Es por eso que también iniciamos un proceso de rectificación de partida de nacimiento. Pero por otro lado, la realidad wichí no tiene números, no es cuántica como la occidental. La cultura se vive en etapas. En el caso de las mujeres, ellas, a partir de la primera menstruación, son consideradas libres para determinar su sexualidad, con ciertas reservas parentales, y pueden elegir quien será su esposo. Esto es importante a la luz de las diferencias culturales, pues para la cosmovisión occidental, se trataría de una púber, pero para la realidad wichí, en donde el Estado está ausente, con una marginación e indigencia infrahumanas, donde viven sin luz, o agua, o vivienda, con nulos recursos para sobrevivir, no se puede comparar a un púber urbana a una púber indígena. El desarrollo socioafectivo es diferente, la percepción sociocultural es distinta. Por eso ella estaba madura para elegir hombre, y eso es lo que no se comprende. Además, el médico que la revisó y comprobó que estaba embarazada colocó en su informe que Estela tenía una edad entre 13 y 15 años, o sea, de 2 a 4 años más que la indicada en el documento. Es por todo esto que decimos que no hubo violación.

- Entonces, para ustedes, ¿los dictados de la Justicia son parcializados, no comprenden la realidad indígena?

- Absolutamente. Son etnocéntricos, como fue etnocéntrico el juez Martoccia desde un comienzo, abordando un caso complejo desde la óptica occidental, y se llegó a éste crimen étnico. Luego, en su segunda resolución, el juez invocó costumbres indígenas para encubrir las deficiencias del juzgamiento. Es un enfoque etnocéntrico decir que porque los wichís usan celular tienen la cultura occidental, y considerar a Ruiz un violador.

- Estimo que no se acepta es que un adulto como Ruiz haya seducido, o intimidado por su poder masculino, o su ascendiente, a una niña o adolescente púber.

- Todos los antropólogos coinciden en que los wichís tienen una pauta cultural propia, en donde la parte activa es la mujer, y el hombre tiene un rol pasivo. La mujer domestica la naturaleza, lo salvaje, y al hombre, y elige a su compañero afectivo, con quien casarse y tener familia. Nunca es el hombre el que se acerca. Es más, si un hombre se acerca a una mujer con intenciones afectivas, es considerado que tiene una conducta femenina

- Sin embargo, la cacique wichí Octorina Zamora dice que los adultos wichí no tienen relaciones con niños.

- Octorina Zamora no conoce la causa; en un principio pensó que se trataba de un criollo que había violado a una wichí. Y no comprende tampoco la complejidad de este caso. Ella nunca habló con nadie de la comunidad ni tampoco con las mujeres.

- ¿Qué van a hacer a partir de ahora?

- Lo que ha hecho la Corte es decepcionante y deprimente, y en la comunidad todos están tristes. Creemos que Ruiz es una víctima del sistema jurídico imperante que con criterios etnocéntricos culpa a una pareja por formar familia. No nos quedó otro camino que recurrir a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Internacional de Justicia, por la libertad de Ruiz y por la comprensión y el respeto entre culturas diferentes que conviven en un mismo Estado.

El caso data de 2005 y plantea polémica entre los derechos de los niños y las ancestrales costumbres de los pueblos originarios.



Un wichí acusado de violar a una niña pide su libertad a la Corte Suprema



› El aborigen salteño, de 32 años, está preso por embarazar a la hija de su ex esposa. La supuesta víctima era menor de 13 años.



› La Justicia resolvió que el hombre seguirá detenido hasta el juicio. Sus defensores dicen que “sólo fue fiel a su cultura”.

Darío Alberto Illanes

Qa’tu, o José Fabián Ruiz, es un aborigen wichí de la comunidad Hoktek T ‘ oi (Lapacho Mocho), ubicada en las afueras de Tartagal. El joven presentó el 10 de noviembre pasado, por intermedio de sus abogadas defensoras América Alemán y Sarah Esper, un recurso extraordinario a la Corte Suprema de la República Argentina pidiendo su libertad.

La presentación judicial es una de las últimas cartas del wichí tras el fallo de la Corte de Justicia de Salta que denegó su excarcelación. Los ministros ratificaron que Ruiz seguirá detenido hasta el juicio pues está acusado de abuso sexual agravado por el vínculo en perjuicio de una menor, hija de su ex pareja wichí, un delito grave que tiene una condena que puede llegar a los veinte años de prisión. Qa’tu está preso desde mediados de 2005, en el penal de Tartagal.

Según la ley argentina y el derecho internacional, Ruiz presuntamente violó y embarazó a una niña de nueve años que estaba bajo su cuidado. La Corte de Justicia de Salta destacó en un fallo que los pueblos originarios tienen el derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias "siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos”.

Por su parte, los integrantes de la comunidad Hoktek T ‘oi aseguraron que Qa’tu no hizo nada malo pues actuó de acuerdo a las costumbres del pueblo wichí. El mismo concepto subrayó el antropólogo John Palmer, residente en Tartagal. “Mantenerlo preso es un crimen étnico”, remarcó.

Opuesta es la postura de la cacique Octorina Zamora, de la misma etnia y fundadora del primer partido aborigen de Argentina, quien sostuvo que en su pueblo no está permitida la violación de una niña y que lo hecho por Qa’tu “es una aberración”

En tanto, el pionero en la investigación y sanción de los delitos sexuales contra niños, el juez federal Carlos Rozansky, aseguró que “una menor de 13 años, por su estadio evolutivo, no tiene la posibilidad de elegir sobre su sexualidad; por lo tanto, lo que haga un adulto sobre ella, por más invocación de costumbres culturales, comete un delito y una aberración”.



A partir de esta aparente contradicción entre derecho y cultura originaria, se desató una polémica de alcance internacional que continúa hasta la actualidad: ¿Estela fue una niña abusada por un adulto o una jovencita wichí que decidió libremente sobre su vida de acuerdo a la cultura de su pueblo? ¿Las costumbres de los pueblos originarios tienen preeminencia sobre los derechos humanos universales? ¿La sociedad argentina se rige por la igualdad ante la ley o el respeto a las diferencias culturales? La integridad personal y sexual de los menores, ¿no resulta perjudicada al sostener criterios de relativismo cultural? Las posturas de la defensa, algunos antropólogos y la comunidad wichí, ¿no permiten que se continúe revictimizando a la presunta víctima y a su hijo? ¿Es legítimo y válido que Qa’tu, su actual esposa y la comunidad que lo defiende arguyan el desconocimiento del delito de violación y de los derechos de los menores de edad cuando, por otro lado, conocen y argumentan a su favor los derechos a la tierra, a los recursos naturales, la vivienda y el trabajo que legítimamente les reconocen la Constitución de la Nación Argentina, la Constitución de Salta y el derecho internacional?



Imágenes tropicales



Quienes lo conocen personalmente, afirman que el juez Ricardo Martoccia, un salteño radicado en Tartagal desde comienzos del 2000, es una persona recta, responsable, de mente abierta y en absoluto prejuicioso. Desde su punto de vista, expresado en dos resoluciones judiciales a mediados de 2006 y a fines de 2008, el caso de la violación de una niña por parte de un adulto comenzó el 8 de julio de 2005. Aquel día, Dora Carrizo, directora de la escuela primaria Kilómetro 14 Nº 4744, sobre la polvorienta ruta provincial 81, marchó hacia la fiscalía penal Nº 2 junto la aborigen Teodora Tejerina para denunciar que el marido de ésta había embarazado a su hija Estela. La denuncia llegó a la Defensora Oficial Civil Nº 1, Claudia Zamar de Esper, quien solicitó la revisación física de la menor encinta. Los médicos constataron que la esmirriada chica presentaba 36 semanas de embarazo y pronto alumbraría un bebé. En el informe señalaron que la edad de la jovencita oscilaba entre los 11 y 13 años. Sin dilaciones, Martoccia ordenó la detención del presunto abusador, José Fabián Ruiz, en aquel entonces de 28 años, hijo de un chamán y quien parecía que seguiría el sagrado oficio de su padre, el 13 de julio de 2005 salió esposado de su comunidad. Había perdido la libertad.

Teodora Tejerina, aún adolescente, supo lo que era ser usada violentamente por un criollo sólo para tener sexo. De aquel encuentro brutal nació Estela. La wichí violada recorrió centenares de kilómetros de monte chaqueño hasta llegar a Hoktek T ‘ oi, en donde ambas fueron aceptadas. En el 2004, los funcionarios del Registro Civil de Tartagal llegaron hasta Lapacho Mocho con el objetivo de regularizar la identidad de los niños aborígenes. Cuando le llegó el turno a Estela, su madre dijo que había nacido a fin de un año que no podía precisar. “Los wichí no miden el tiempo como nosotros. Sus ciclos son totalmente diferentes, pues se rigen por la naturaleza que los rodea”, explicó el antropólogo John Palmer. Ante la ausencia de datos formales, los funcionarios determinaron que la chica, por su aspecto pequeño, tenía ocho años y había nacido el 31 de diciembre de 1996.

Poco después, Estela experimentó dos sensaciones nuevas y arrolladoras: su primera menstruación y vio al esposo de su madre como hombre. Al menos así lo aseguraron la misma Estela como Teodora a El Tribuno: “ella ya era mujer, y me dijo que quería a Qa’tu”, contó la mayor. “El me gustó. Se lo conté a mi madre, y después que ella aceptó, fui con Qa’tu”, relató, en su idioma, la menor. Dentro de la celda, el hombre sostuvo lo mismo. “Después que Estela me dijo que me quería, yo hable con Teodora. Ella les preguntó a las mujeres de nuestra comunidad, después a todos, y me dieron permiso. Entonces comencé a estar con Estela”, recordó el acusado.

- ¿Pero usted no sabía que, al ser adulto, tenía prohibido por la ley acostarse con una menor de edad y que entonces hacía algo incorrecto?, preguntamos.

- Yo no hice nada malo. Ella (Estela) me buscó y Teodora, las mujeres y la comunidad me dieron permiso para que sea mi mujer, respondió Qa’tu en su lengua.

El hombre comenzó a convivir en el mismo rancho con ambas mujeres, aunque la relación con su primera esposa había terminado, pues estaba obligado a mantener la subsistencia de ambas. Poco después la menor quedó embarazada. Cuando su estado de gravidez fue avanzado, interrumpió su asistencia a la escuela. La directora, Dora Carrizo, preguntó a la madre por su ausencia y esta le contó la situación. La docente, horrorizada, la convenció de que esa relación era un delito y llevó a la mujer ante la justicia.

De esto hace cuatro años y medio. El niño nació y la comunidad lo bautizó como Menajen. En wichí significa “por quien su padre está preso”.

Entrevista a un antropólogo sobre la niña madre wichi

El caso de la niña madre wichí. La polémica irá a la Corte Suprema y la Justicia Internacional.




Entrevista: John Palmer, doctor en Antropología.



“Se está cometiendo un crimen étnico”



El antropólogo John Palmer estudió Filosofía y Antropología en la Universidad de Oxford y llegó a la Argentina “con 20 años, casi en el mismo vuelo que Perón, en 1973”. Desde hace 32 años estudia, trabaja y vive en las comunidades wichís de la zona del chaco salteño, entre ellas, la de Lapacho Mocho, de donde procede Fabio Ruiz y la supuesta víctima. Su esposa es de esta etnía, con quien tuvo tres hijos.



- ¿Cómo ha repercutido en la comunidad donde usted trabaja la resolución de la Corte de Justicia?



- Para todos nosotros es deprimente esta noticia. No entendemos porque les cuesta tanto entender a los jueces que hay diferencias culturales entre modos distintos de vida. Esto sólo se trataba de un pedido de excarcelación, de darle la oportunidad de libertad a un hombre que necesita volver a su comunidad, en donde lo esperan su esposa y la madre de su hijo, por quienes está preso.



- ¿Cuánto tiempo lleva detenido José Fabio Ruiz?



- Está preso desde hace 4 años y medio, y eso, creo, ya es una injusticia, incluso si fuese un acusado de homicidio sería excesivo tanto tiempo sin juicio, y este no es el caso.



- Tengo entendido que el juicio se aplazó debido a los planteos de la defensa, de la cual usted participa.



- Desde mediados de 2005, cuando el juez (Ricardo) Martoccia procesa a Ruiz, todos nosotros, la comunidad, su esposa, el equipo de profesionales que integramos la defensa, rechazamos la acusación y dijimos que no había delito, sino incomprensión cultural. En un primer momento, la Corte de Justicia pareció darnos la razón pues devolvió todo el expediente a Martoccia, pese a que habíamos pedido otro juez por su marcado etnocentrismo. Fue él quien vuelve a procesarlo a Ruiz, diciendo que incluye las pericias antropológicas pero sesgando su sentido. Es desde ese momento que pedimos por la liberación de este hombre.



- Usted me dice que su esposa pide la libertad de Ruiz, ¿se refiere a la menor de edad que quedó embarazada cuando era niña?



- Si, claro, a ella, que no era niña. E.R (la supuesta víctima menor de edad) no puede visitarlo desde que fue detenido, por orden del juez, y Ruiz no puede conocer a su hijo, que ya va a cumplir cinco años. Y este es el centro de la cuestión. Ellos eran pareja, y se quieren y tienen un hijo. Lo que es natural para la cultura wichí, es un delito para la ley penal.



- Doctor, pero cuando se denunció el hecho, ella era una menor de 9 años, y el un hombre de 26…



- Bueno, ese es otro problema, pues se mezclan errores del Estado y concepciones culturales. Con la Ley de Amnistía para los indocumentados, a E.R le dieron una edad absurda. Tanto es así que su madre quedó con 21 años y ella con 6. Es por eso que también iniciamos un proceso de rectificación de partida de nacimiento. Pero por otro lado, la realidad wichí no tiene números, no es cuántica como la occidental. La cultura se vive en etapas. En el caso de las mujeres, ellas, a partir de la primera menstruación, son consideradas libres para determinar su sexualidad, con ciertas reservas parentales, y pueden elegir quien será su esposo. Esto es importante a la luz de las diferencias culturales, pues para la cosmovisión occidental, se trataría de una púber, pero para la realidad wichí, en donde el Estado está ausente, con una marginación e indigencia infrahumanas, donde viven sin luz, o agua, o vivienda, con nulos recursos para sobrevivir, no se puede comparar a un púber urbana a una púber indígena. El desarrollo socioafectivo es diferente, la percepción sociocultural es distinta. Por eso ella estaba madura para elegir hombre, y eso es lo que no se comprende. Además, el médico que la revisa y comprueba que estaba embarazada, coloca en su informe que E.R tenía una edad entre 13 y 15 años, o sea, de 2 a 6 años más que la indicada en el documento. Es por todo esto que decimos que no hubo violación.



- Entonces, para ustedes, ¿los dictados de la Justicia son parcializados, no comprenden la realidad indígena?



- Absolutamente. Son etnocéntricos, como fue etnocéntrico el juez Martoccia desde un comienzo, abordando un caso complejo desde la óptica occidental, y se llega a éste crimen étnico. Luego, en su segunda resolución, el juez invoca costumbres indígenas para encubrir las deficiencias del juzgamiento. Es un enfoque etnocéntrico decir que porque los wichís tienen un celular tienen la cultura occidental, y considerar a Ruiz un violador.



- Doctor, lo que no se acepta es que un adulto como Ruiz haya seducido, o intimidado por su poder masculino, o su ascendiente, a una niña o adolescente púber.



- Todos los antropólogos coinciden en que los wichís tienen una pauta cultural propia, en donde la parte activa es la mujer, y el hombre tiene un rol pasivo. La mujer elige a su compañero afectivo, con quien casarse y tener familia. Nunca es el hombre el que se acerca. Es más, si un hombre se acerca a una mujer con intenciones afectivas, es considerado como una conducta femenina



- Sin embargo, la cacique wichí Octorina Zamora dice que los lo adultos no tienen relaciones con niños.



- Octorina Zamora no conoce la causa; en un principio pensó que se trataba de un criollo que había violado a una wichí. Y no comprende tampoco la complejidad de este caso.



- ¿Y que van a hacer a partir de ahora?



- Lo que ha hecho la Corte es decepcionante y deprimente, y en la comunidad todos están tristes. Todos creemos que Ruiz es una víctima del sistema jurídico imperante que con criterios etnocéntricos culpa a una pareja por formar familia. El INADI ya se pronunció por este tema y consideró que la Justicia cometía discriminación cultural. Pero se dijo que el Poder Ejecutivo no puede criticar al Poder Judicial. No nos queda otro camino que recurrir a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Internacional de Justicia, por la libertad de Ruiz y por la comprensión y el respeto entre culturas diferentes que conviven en un mismo Estado.

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Darío Alberto Illanes

Identidad robada

Asegura llamarse Carlos Guillermo Cedolini


Un salteño denunció que le robaron su identidad

Quiso gestionar un subsidio para sus 3 hijos, pero le dijeron que en Orán hay otra persona con su mismo DNI.



Domingo 22 de Noviembre de 2009 Salta


El Tribuno.


Darío Illanes

Hace cinco años, el hombre fue a sufragar y casi lo detienen pues otra persona, con idéntico número de documento nacional de identidad, había llegado para averiguar dónde votaba.

Dos semanas atrás, enfermó y fue al hospital a curarse. Allí argumentaron que no podían atenderlo pues él poseía obra social en Orán.

Días después, debido a la insuficiencia de sus ingresos y a que mantiene solo a sus hijos -pues su esposa los abandonó-, llegó hasta la ANSeS de la ciudad de La Rioja y quiso iniciar el trámite para acceder al beneficio de la asignación universal por hijo, anunciado días atrás por el Gobierno nacional.

En la repartición oficial le informaron que él no tenía tres hijos, sino cinco, pero que estaban viviendo en la provincia de Salta.

A Carlos Guillermo Cedolini, DNI 25.885.130, nacido el 8 de agosto de 1977 en la ciudad de Salta, alguien, según el testimonio del hombre, le robó su identidad.

Para el Estado, este Cedolini que habló con El Tribuno no existe, pues el verdadero Carlos Guillermo Cedolini, DNI 25.885.130, nacido el 8 de agosto de 1977, se domicilia en la ciudad de Orán.

La paradoja es que el primero posee la partida de nacimiento que certifica su existencia y, además, la denuncia de que en el Registro Civil de Ciudad del Milagro, hace más de 15 años, le dijeron que habían perdido su DNI original. Luego de varios meses, Cedolini recibió un duplicado.

"Creo que al documento original me lo robaron y, por lo que me comentaron en la Policía, se lo deben de haber vendido a un extranjero, que ahora vive en Orán y tiene todos los beneficios de la ciudadanía argentina que yo no poseo", aseguró el atribulado hombre.

Solo y sin un peso

Cuando a Cedolini le dijeron que no existía, pero sobre todo, que sus hijos tampoco y nunca recibirán un beneficio por su situación de identidad robada, decidió que debía volver a Salta para solucionar sus problemas.

Hace cinco años, Cedolini se fue a La Rioja al recibir una propuesta laboral, y con él se trasladaron sus tres hijos, su madre y hermanos.

"Pedí tres días de permiso en mi trabajo porque pensé que acá en Salta, al denunciar todo esto, obtendría una solución. Pero ya llevo más de una semana, no tengo respuestas y estoy solo y sin un peso", manifestó el hombre. Además relató que "me voy caminando desde Santa Ana al centro para hacer todos los trámites". Agregó que le gustaría irse a Orán, para denunciar al hombre que usufructúa su identidad, pero "la misma policía me aconsejó que no lo haga porque es peligroso que vaya solo, pues en la zona hay traficantes de personas".

Desnutridos en el hospital

“Los chicos se desnutren en el hospital”, denuncian médicos salteños




Que los chicos lleguen desnutridos a un hospital para ser atendidos, es grave. Pero que se desnutran dentro del mismo hospital es mucho peor. “Lo que comen nuestros pacientes no cubre ni la mitad de los requerimientos calóricos y proteicos aconsejados para una nutrición normal”, dijeron los profesionales del Hospital Público Materno Infantil de Salta en una carta dirigida a la jefatura del servicio nutricional, fechada el 19 de noviembre, a la que accedió el diario Crítica de la Argentina. Los médicos –en su mayoría pediatras y neonatólogos– reclaman que “se asegure el adecuado y suficiente alimento a través del aumento de las raciones diarias de todos los niños internados”.

La nota, que lleva la firma de unos cincuenta profesionales, sostiene que “es inconcebible que un hospital de esta envergadura no brinde y asegure el derecho básico a una buena alimentación para sus pacientes”. Para Cristina Nesrala, presidenta de la Asociación de Profesionales de la Salud de Salta (Apsades), “esta situación gravísima es consecuencia directa del gerenciamiento privado al que está sometido el sistema público”.

(Crítica, pág. 23, 22/11/09 – Mauro Federico)

Telescopios para chicos

Tucumán:
Chicos de 100 escuelas fabricaron sus telescopios para mirar el cielo




Nunca antes se vieron tantos telescopios juntos, y mucho menos fabricados por niños de 10, 11 y 12 años. Los aparatos fueron probados en el parque 9 de Julio, en Tucumán, donde chicos de distintas escuelas se lucieron contando sus experiencias en la escuela.

La idea de construir un telescopio nació como una actividad propuesta por el Ministerio de Educación de la provincia, al cumplirse 400 años de la creación del aparato que ideó y construyó Galileo Galilei. Chicos de 4º, 5º y 6º grado de cien escuelas se engancharon con la idea de construir con elementos simples, sus telescopios. "Primero pensamos que era imposible hacer uno, pero luego por internet nos enteramos de que Galileo Galilei usó un tubo de plomo con unas lentes que en esa época recién comenzaban a fabricarse para leer. En menos de 24 horas, Galileo pudo armar el primer telescopio, entonces, si él lo pudo armar sin tanta tecnología, ¿por qué nosotros no?", desafió Jorge Leandro Iramain, de 12 años, alumno de 6º grado de la Escuela Punta del Monte, de San Pablo. Leandro fue uno de los cientos de alumnos de la primaria que participaron del taller demostrativo "pequeños investigadores", en el marco del Congreso de Ciencias, que concluyó la semana pasada en el Hotel Catalina's Park.

Telescopio en mano, los chicos se trasladaron a un sector del parque 9 de Julio en el que profesionales y miembros del equipo del Observatorio Astronómico de Ampimpa les enseñaban a los profesores las maravillas del universo, con videos didácticos para que ellos los lleven al aula. Pero los protagonistas fueron los niños con sus telescopios, hechos en cartón y en PVC, en colores y formas diversas. "Nosotros conseguimos un pie de un micrófono viejo y lo adaptamos para sostener nuestro telescopio, ya que mide 1,43 metros, y lo forramos con un papel contac", explicó María Chávez, de la Escuela García Hamilton.

(La Gaceta – Tucumán, 21/11/09)

Acusado de pedofilia en Facebook

Marcelo David Torino Dantur tenía una página en Facebook http://www.facebook.com/martinotero78?ref=profile#/profile.php?id=1324422679&ref=search&sid=658405832.2086015617..1

Pedófilo en Salta

Marcelo David Torino Dantur dirigiría desde Salta una red de tráfico internacional de pornografía infantil




El presunto pedófilo está prófugo



Recién ayer, poco

antes del mediodía,

la Justicia ordenó su

detención. Alertado,

el sujeto se escapó.



“Los videos y fotos que tenía mi vecino eran espantosas”, contó una vecina, según le comentó el testigo que observó el material incautado por la Policía el viernes pasado”.

“Daban asco, él salía en la mayoría, donde se lo veía manteniendo relaciones sexuales con niñas y adolescentes de pocos años”, contó la mujer que reside en la misma cuadra que el contador Marcelo David Torino Dantur, en la calle Los Crisantemos 170 del barrio Tres Cerritos y hasta el cierre de esta edición se encontraba evadiendo su detención por parte de investigadores de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Salta.

La orden de aprehensión contra el sujeto fue ordenada ayer alrededor de las 11 por el Juez de Instrucción Formal de 4a Nominación, Antonio Germán Pastrana, quien cambió a la carátula inicial que decía “corrupción de menores”, le agregó el de “distribución de material pornográfico”. Sin embargo, cuando los investigadores de civil llegaron a buscar al contador, éste no se encontraba en su casa. Según los propios vecinos, el hombre se habría retirado en un automóvil de color negro, aparentemente un Toyota Corolla, en donde viajaban dos hombres y una mujer.

Este periodista, quien sigue los pasos de Torino Dantur desde la semana pasada, llegó a su domicilio antes de las 11, encontrando a policías de civil merodeando el barrio, pero se dio con que en la vivienda sólo se encontraba una empleada doméstica quien informó a través de una ventana que la familia no estaba cuando ella llegó, y que su patrón se había retirado al poco tiempo que ella había llegado. Aparentemente, el contador se habría marchado con su esposa y tres hijos muy temprano, en un Fiat Idea de su propiedad, y luego regresó al hogar hasta que sus cómplices lo buscaron en el misterioso automóvil negro.

Fuentes de la investigación se mostraron molestas con la tardía orden de detención, que le habría permitido al acusado de pedofilia preparar su fuga. “Desde el viernes pasado, cuando llegamos con una orden de allanamiento y descubrimos todas la pruebas en su contra (en referencia a tres computadoras con material pornográfico infantil, en donde se lo observa a Marcelo David Torino Dantur en repulsivas escenas de sexo explícito con menores de edad) podríamos haberlo detenido, pero no teníamos orden judicial. Ahora ya es tarde. Pero llama la atención de que hasta la prensa sabía que nosotros íbamos a llegar”, sostuvo el investigador.

De acuerdo a las fuentes, el hombre era investigado desde hace tres meses por la Brigada de Investigaciones, y también se encontraba detrás de él personal de la Policía Federal, por cuanto se habrían descubierto contactos del pedófilo con otras personas similares en Buenos Aires y el extranjero. En razón de esto, no se descarta que el sujeto haya dirigido una red de pedofilia desde Salta.

“Los hombres que cometen estos delitos no lo hacen solo por un depravado placer personal, sino que establecen contactos con otros pedófilos, con quienes intercambian y venden sus fotos y películas. Lo que él hacía en Salta, después se veían en el resto del mundo, por Internet, previo pago en dólares”, deslizó otro investigador.

En este sentido, en el allanamiento realizado el pasado viernes, al hombre se le habrían encontrado 60 mil pesos, distribuido en tres fajos de billetes, los cuales se hallaban escondidos en lugares diferentes de la casa.

Torino Dantur, quien vive en su casa de Tres Cerritos junto a su esposa docente en el barrio Ciudad del Milagro, y tres niños, dos nenas y un varón, tiene una habitación que funciona como su escritorio personal, en donde había tres potentes computadoras. En estas se encontraba alojado el material pornográfico.



Vecinos consternados



Un vecino del presunto pedófilo fue testigo involuntario del allanamiento realizado el viernes pasado. Si bien éste y su familia se negaron tajantemente a dialogar con el periodista, por otro lado se logró conocer lo que este hombre observó y que le produjo tanto asco y temor que obligó a su familia a callarse.

Películas con escenas de sexo explícito entre niñas y Torino Dantur, fotografías con repugnantes poses de las víctimas, direcciones de correos y nombres de usuarios para vincularse con chicas por chat y redes sociales (como Facebook y Twitter). En todos los casos, las edades de las víctimas oscilan entre los 9 y los 14 años, pertenecen a todas las clases sociales y viven en diferentes barrios salteños, incluso en Vaqueros y otras poblaciones cercanas.

“Parecía un excelente vecino; nunca se lo vio en nada raro. Era correcto y muy amable”, opinó sobre el prófugo Luis Guerra, un vecino. Diferente fue la opinión de una joven vecina, cuya identidad pidió ser mantenida en reserva, quien sostuvo “de verlo nomás daba asco; tenía cara de baboso, y miraba a las chicas como si quisiera violarlas. Acá en el barrio se lo vio en el auto con nenas, e incluso llegó a meter a su casa a estas chicas, cuando la familia no estaba”.



Otros casos



Aparentemente, una niña que concurre al colegio San Alfonso, el mismo establecimiento adonde asisten sus hijas pequeñas y amiga de éstas, fue contactada por el sujeto vía Internet. Luego intentó hablarla por teléfono, pero la nena se asustó y les contó todo a sus padres. Estos denunciaron el hecho a la dirección del establecimiento y llegó a conocimiento de otros padres. Por esta causa, el lunes pasado al mediodía, cuando Torino Dantur llevó a sus niñas al colegio, fue increpado y golpeado por un padre de una alumna.

Por otro lado, otra niña que estudia en el colegio Del Huerto también habría sido contactada por el contador, con un resultado similar. Las niñas se encontrarían asustadas y no quieren volver a estudiar. Según se conoció, Torino Dantur participaba del grupo de padres que colaboraba en el equipo de teatro del colegio San Alfonso. Pero su intención no era contribuir al aprendizaje histriónico de su hija mayor, sino filmar a las despreocupadas niñas en sus inocentes movimientos actorales.

Delito en crecimiento

El año pasado hubo 153 denuncias de pedofilia en la provincia, de los cuales 130 corresponden a Salta Capital y alrededores, y el resto al norte de la provincia.

"Las estimaciones indican que de 7 casos que ocurren sólo uno se denuncia, y esto preocupa porque en Salta este delito está en crecimiento", sostuvo en su momento el director general de Investigaciones de la Policía, Vicente Cordeyro.









Lo que dice el Código Penal



Art. 125.- El que promoviere o facilitare la corrupción de menores de dieciocho años, aunque mediare el consentimiento de la víctima será reprimido con reclusión de tres a diez años.-

La pena será de seis a quince años de reclusión ó prisión cuando la víctima fuera menor de trece años

Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión ó prisión de diez a quince años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda.-



Art. 128.- Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años el que produjere o publicare imágenes pornográficas en que se exhibieran menores de dieciocho años, al igual que el que organizare espectáculos en vivo con escenas pornográficas en que participaren dichos menores.-

En la misma pena incurrirá el que distribuyere imágenes pornográficas cuyas características externas hiciere manifiesto que en ellas se ha grabado o fotografiado la exhibición de menores de dieciocho años de edad al momento de la creación de la imagen.-

Será reprimido con prisión de un mes a tres años quien facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de catorce años.-

Envenenó a su padre porque éste se lo pidió

¿Eutanasia en Salta?. Ella intentó suicidarse pero los médicos le salvaron la vida


Una mujer habría matado con

veneno a su padre enfermo

La situación en el hogar era muy tirante. El esposo reclamaba por los gastos y problemas que causaba el abuelo.
El hombre padecía una enfermedad terminal y no podía moverse. Le habría pedido a su hija ayuda para morir.


Postrado en una silla de ruedas, hemipléjico y enfermo terminal de un cáncer músculo esquelético, un hombre acabó su vida bebiendo un vaso de veneno que aparentemente le suministró su propia hija, quien a su vez también tomó de la misma sustancia tóxica. A ella lograron rescatarla de la muerte.

El polémico caso, caratulado como homicidio pero que bien puede considerarse un caso local de eutanasia (la cual es ilegal en Argentina), tuvo lugar en un inmueble ubicado sobre el camino a San Agustín, en el barrio Círculo II, el jueves a las 13.45.

Según Marvin Mamaní, nieto político del extinto Pedro Burgos López, de 78 años, “el (en referencia a la víctima) le había dicho muchas veces a mi suegra que ya no quería vivir más, que eran insoportables los dolores, y que por los problemas que causaba en la casa, era mejor que lo ayude a morir”.

Por lo pronto, Melania Burgos, de 44 años, es la principal acusada de matar a su padre y luego intentar suicidarse. Debido a esto, mientras se recupera en el hospital San Bernardo de la grave intoxicación con veneno de la cual los médicos la lograron rescatarse, está detenida acusada de homicidio calificado por el vínculo.

Mientras tanto, los investigadores deben develar que es lo ocurrió realmente el jueves pasado, poco antes de las 14 horas. Las dudas radican en conocer si la mujer decidió eliminar a su padre y suicidarse o si el padre le exigió a su hija que acabe con su vida. Además, se desconoce si el envenenamiento familiar fue el resultado directo de la enfermedad terminal de la víctima o si a esta grave situación se le hubiera agregado los aparentes constantes reclamos de José Mamaní (48), esposo de la Melania, acerca de las “incomodidades” que el enfermo causaba en su hogar y los costosos gastos que demandaba su tratamiento.

Una jarra mortal

Poco antes de las 14 del jueves, Reina Burgos Mamaní, de 19 años, entró al cuarto de su abuelo Pedro, con intenciones de verificar el estado de éste, aunque también con un oscuro presentimiento. Cuando se acercó a la silla de rueda donde el hombre vivía postrado a causa de su hemiplejia y reuma terminal, observó que el abuelo tenía la cabeza reclinada contra un costado, su cuerpo rígido, y, lo que más impactó a la joven, abundante espuma parda le brotaba de su boca y nariz.

La chica salió corriendo del cuarto y fue cuando encontró a su madre Melania, reclinada sobre una pileta de lavar ropa, descompuesta. Al acercarse y preguntarle que le ocurría, la mujer la miró con el rostro amarillento, los ojos enrojecidos y no pudo articular palabra pues su cuerpo se dobló en dos sobre su vientre.

La horrorizada joven gritó el nombre de su padre, y cuando éste llegó, asustando, trasladaron a Melania al dormitorio. Mientras el hombre fue a pedir auxilio, Reina habría escuchado que su madre le susurró, al borde de la muerte, lo que había sucedido. Lo que aparentemente quedó en claro fueron las palabras “jarra” y “veneno”.

Melania fue llevada de urgencia al hospital San Bernardo, donde los médicos comprobaron que se encontraba intoxicada con una sustancia tóxica y lucharon para salvarle la vida. Horas después, la mujer estaba fuera de riesgo. Distinta fue la situación de Pedro Burgos. Cuando los paramédicos llegaron ya no había nada que hacer. Sólo comprobaron lo que más tarde diría la autopsia y un informe químico: el corazón y la mente del hombre se habían detenido para siempre, envenenados.

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“El no quería vivir así”


Según el relato que hizo a la Policía Reina Burgos Maman, hija de Melania Burgos y nieta del occiso Pedro Burgos López, una semana antes del fatídico jueves ella había comprado “Hiller”, un poderoso insecticida para combatir las alimañas en el extenso depósito y el almacén que su familia posee en el camino a San Agustín.
Poco después de descubrir a su abuelo muerto y a su madre agonizante, ella vio una jarra vacía al costado de la puerta. Al alzarla percibió un fuerte olor a veneno y algunos gránulos blancos en el fondo del recipiente. La chica recordó que alrededor de las 13, había visto a su madre llenando la misma jarra con agua.
De acuerdo a Marvin Mamaní, esposo de Reina, quien vive en el amplio hogar de sus suegros, “el abuelo había vuelto hace poco de Bermejo (en Bolivia), por que los hermanos de mi suegra dijeron que no lo podían atender. Entonces acá todos nos hicimos cargo de él”. Asimismo contó que la enfermedad de Pedro Burgos López era “muy costosa”.
“Se que la última vez, por una curación, tuvieron que pagar 3 mil pesos en el San Bernardo”, recordó el joven de marcado acento boliviano. “Parece que a mi suegro no le gustaba mucho lo que estaba pasando, y había discusiones por este problema”, relató.
Según Marvin, debido a sus constantes dolores y a las incomodidades que sentía provocar, la víctima fatal le había solicitado a su suegra que lo ayude a terminar con su vida. “El no quería vivir así, yo lo escuché; sufría mucho, además de paralítico, estaba todo llagado y sabía los problemas que tenía su hija por él”. Contó. “El le había a mi suegra dicho que no podía hacerlo sin ayuda (morir para acabar con sus sufrimientos y los de ellos) y que por eso la necesitaba”.

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En Argentina no existe la eutanasia


La eutanasia, etimológicamente, deriva del griego y significa “buena muerte”. Sus defensores argumentan que, por razones de dignidad humana, no se puede condenar a una persona a sufrimientos en vida, y que por el contrario, es ético contribuir a que tenga una “muerte digna”. En la práctica, la eutanasia es todo acto u omisión cuya responsabilidad recae en personal médico o en individuos cercanos al enfermo, y que ocasiona la muerte inmediata de éste.
Quienes se oponen a esta modalidad que algunos definen como de suicidio asistido, sostienen como antecedente que los médicos nazis hacían propaganda en favor de la eutanasia con argumentos tales como la indignidad de ciertas vidas que por tanto eran, según aquella propaganda, merecedoras de compasión, para conseguir así una opinión pública favorable a la eliminación que se estaba haciendo de enfermos, considerados minusválidos y débiles. Por eso, ante la realidad de los crímenes médicos durante el régimen nazi, en los Juicios de Nuremberg (1946 – 1947) se juzgó como criminal e inmoral toda forma de eutanasia activa y además se estableció desde entonces de manera positiva, es decir expresamente, que es ilegal todo tipo de terapia y examen médico llevado a cabo sin aclaración y consentimiento o en contra de la voluntad de los pacientes afectados.
Actualmente en muy pocos países se ha despenalizado la eutanasia, por ejemplo Holanda es uno de ellos. En el resto de los países, incluido Argentina, la muerte asistida es considerada como homicidio.

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Una enfermedad dolorosísima

Pedro Burgos Pérez habría sufrido de una variante de “poliartritis carcinomatosa”, que en otras palabras es un cáncer que se manifiesta en una artritis progresiva. La enfermedad se da en personas mayores de 55 años, tiene un inicio explosivo, es sumamente dolorosa pues afecta todo el sistema muscolo esquelético y compromete en primer lugar los miembros inferiores, por lo que se encuentran inmovilizados de la cintura para abajo.

Colapso

El veneno que tomaron la víctima fatal y su hija Melania es un insecticida piretroide, derivado de las piretrinas sintéticas, usado para exterminar las alimañas domésticas, como cucarachas u hormigas. En los humanos, su ingestión produce un colapso de las neuronas y el sistema nervioso central.

"Un crimen étnico"

El caso de la niña madre wichí. La polémica irá a la Corte Suprema y la Justicia Internacional.




Entrevista: John Palmer, doctor en Antropología.



“Se está cometiendo un crimen étnico”



El antropólogo John Palmer estudió Filosofía y Antropología en la Universidad de Oxford y llegó a la Argentina “con 20 años, casi en el mismo vuelo que Perón, en 1973”. Desde hace 32 años estudia, trabaja y vive en las comunidades wichís de la zona del chaco salteño, entre ellas, la de Lapacho Mocho, de donde procede Fabio Ruiz y la supuesta víctima. Su esposa es de esta etnía, con quien tuvo tres hijos.



- ¿Cómo ha repercutido en la comunidad donde usted trabaja la resolución de la Corte de Justicia?



- Para todos nosotros es deprimente esta noticia. No entendemos porque les cuesta tanto entender a los jueces que hay diferencias culturales entre modos distintos de vida. Esto sólo se trataba de un pedido de excarcelación, de darle la oportunidad de libertad a un hombre que necesita volver a su comunidad, en donde lo esperan su esposa y la madre de su hijo, por quienes está preso.



- ¿Cuánto tiempo lleva detenido José Fabio Ruiz?



- Está preso desde hace 4 años y medio, y eso, creo, ya es una injusticia, incluso cuando se trata de un acusado de homicidio que lleve tanto tiempo sin juicio.



- Tengo entendido que el juicio se aplazó debido a los planteos de la defensa, de la cual usted participa.



- Desde mediados de 2005, cuando el juez (Ricardo) Martoccia procesa a Ruiz, todos nosotros, la comunidad, su esposa, el equipo de profesionales que integramos la defensa, rechazamos la acusación y dijimos que no había delito, sino incomprensión cultural. En un primer momento, la Corte de Justicia pareció darnos la razón pues devolvió todo el expediente a Martoccia, pese a que habíamos pedido otro juez por su marcado etnocentrismo. Fue él quien vuelve a procesarlo a Ruiz, diciendo que incluye las pericias antropológicas pero sesgando su sentido. Es desde ese momento que pedimos por la liberación de este hombre.



- Usted me dice que su esposa pide la libertad de Ruiz, ¿se refiere a la menor de edad que quedó embarazada cuando era niña?



- Si, claro, a ella, que no era niña. E.R (la supuesta víctima menor de edad) no puede visitarlo desde que fue detenido, por orden del juez, y Ruiz no puede conocer a su hijo, que ya va a cumplir cinco años. Y este es el centro de la cuestión. Ellos eran pareja, y se quieren y tienen un hijo. Lo que es natural para la cultura wichí, es un delito para la ley penal.



- Doctor, pero cuando se denunció el hecho, ella era una menor de 9 años, y el un hombre de 26…



- Bueno, ese es otro problema, pues se mezclan errores del Estado y concepciones culturales. Con la Ley de Amnistía para los indocumentados, a E.R le dieron una edad absurda. Tanto es así que su madre quedó con 21 años y ella con 6. Es por eso que también iniciamos un proceso de rectificación de partida de nacimiento. Pero por otro lado, la realidad wichí no tiene números, no es cuántica como la occidental. La cultura se vive en etapas. En el caso de las mujeres, ellas, a partir de la primera menstruación, son consideradas libres para determinar su sexualidad, con ciertas reservas parentales, y pueden elegir quien será su esposo. Esto es importante a la luz de las diferencias culturales, pues para la cosmovisión occidental, se trataría de una púber, pero para la realidad wichí, en donde el Estado está ausente, con una marginación e indigencia infrahumanas, donde viven sin luz, o agua, o vivienda, con nulos recursos para sobrevivir, no se puede comparar a un púber urbana a una púber indígena. El desarrollo socioafectivo es diferente, la percepción sociocultural es distinta. Por eso ella estaba madura para elegir hombre, y eso es lo que no se comprende. Además, el médico que la revisa y comprueba que estaba embarazada, coloca en su informe que E.R tenía una edad entre 13 y 15 años, o sea, de 2 a 6 años más que la indicada en el documento. Es por todo esto que decimos que no hubo violación.



- Entonces, para ustedes, ¿los dictados de la Justicia son parcializados, no comprenden la realidad indígena?



- Absolutamente. Son etnocéntricos, como fue etnocéntrico el juez Martoccia desde un comienzo, abordando un caso complejo desde la óptica occidental, y se llega a éste crimen étnico. Luego, en su segunda resolución, el juez invoca costumbres indígenas para encubrir las deficiencias del juzgamiento. Es un enfoque etnocéntrico decir que porque los wichís tienen un celular tienen la cultura occidental, y considerar a Ruiz un violador.



- Doctor, lo que no se acepta es que un adulto como Ruiz haya seducido, o intimidado por su poder masculino, o su ascendiente, a una niña o adolescente púber.



- Todos los antropólogos coinciden en que los wichís tienen una pauta cultural propia, en donde la parte activa es la mujer, y el hombre tiene un rol pasivo. La mujer elige a su compañero afectivo, con quien casarse y tener familia. Nunca es el hombre el que se acerca. Es más, si un hombre se acerca a una mujer con intenciones afectivas, es considerado como una conducta femenina



- Sin embargo, la cacique wichí Octorina Zamora dice que los lo adultos no tienen relaciones con niños.



- Octorina Zamora no conoce la causa; en un principio pensó que se trataba de un criollo que había violado a una wichí. Y no comprende tampoco la complejidad de este caso.



- ¿Y que van a hacer a partir de ahora?



- Lo que ha hecho la Corte es decepcionante y deprimente, y en la comunidad todos están tristes. Todos creemos que Ruiz es una víctima del sistema jurídico imperante que con criterios etnocéntricos culpa a una pareja por formar familia. El INADI ya se pronunció por este tema y consideró que la Justicia cometía discriminación cultural. Pero se dijo que el Poder Ejecutivo no puede criticar al Poder Judicial. No nos queda otro camino que recurrir a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Internacional de Justicia, por la libertad de Ruiz y por la comprensión y el respeto entre culturas diferentes que conviven en un mismo Estado.



Darío Alberto Illanes

La polémica por la niña madre wichí

Planteo internacional




La abogada América Aleman, defensora de José Ruiz, aseguró ayer a El Tribuno que continuarán, junto a la comunidad wichí de donde provienen las supuestas victima y victimario, pidiendo la libertad del joven wichí acusado, incluso “llegando a la Corte Internacional de Justicia, que exigiría al Estado Argentino que cumpla con las normativas internacionales de respeto a las culturas y pueblos originarios”.

Aleman sostuvo que desean que el caso llegue a juicio, pero con “Ruiz libre, pues incluso en marzo del año próximo llegará a tener 4 años preso, sin juicio, y a la madre de su bebé le tienen prohibido visitarlo, pese a que ella quiere hacerlo”.

Wichí acusado de violar y embarazar a su hijastra adolescente

José Fabián Ruiz, miembro de una comunidad wichí, está acusado de violar a su hijastra menor de edad



La Corte salteña decidió
que un acusado de abuso
sexual continué detenido

El incidente ocurrió
hace cinco años en
Tartagal. La niña ahora
tiene un hijo producto
de la relación.

Hace tres años, la
Corte había dispuesto
una nueva investigación,
la cual determinó que
existido la violación.

Un hombre perteneciente a una comunidad wichí y acusado de abuso sexual calificado deberá seguir detenido y en espera del juicio oral y público, según una resolución de la Corte de Justicia de Salta conocida ayer.
Por decisión unánime, el máximo tribunal salteño rechazó un recurso de casación presenta­do por la abogada América Aleman, defensora de José Fa­bián Ruiz, indígena de la comunidad wichí “Hoktek t’oi (Lapacho Moto), de Tartagal, quien fue pro­cesado por “abuso sexual calificado con acceso carnal reiterado” en perjuicio de una hijastra suya, menor de edad.

Denuncia y conflicto

El conflicto se inició el 8 de julio de 2005, cuando Teodora Tejerina, una wichí denunció a instancias de la directora de la escuela donde concurría la niña, que su compañero José Fabián Ruiz había abusado sexualmente de su pequeña hija y la había dejado embarazada.
A la semana de dar a luz a una beba, Teodora Tejerina y algu­nos miembros de la comuni­dad Lapacho Moto comenzaron a exigir la li­bertad del acusado. La de­nunciante manifestó que lo había acusado por la insistencia de Dora Carrizo, titular de la escuela de la comunidad “Kiló­metro 17”. Los aborígenes exigieron entonces que la directora fuese relevada de su cargo.
El caso alcanzó resonancia internacional por cuanto hubo distintas opiniones, tanto judiciales como científicas y de integrantes de etnías, que argumentaron que no se podía juzgar a un wichí con pautas cul­turales distintas a las que rigen en el pueblo originario, en donde, supuestamente, las relaciones sexuales con una menor que ya experimentó su primera menstruación es una costumbre arraigada y aceptada.
Ese criterio es rechazado por los que dicen que Ruiz incurrió en un delito de abuso sexual agravado y que no se puede crear un orden jurídico distinto al de la Constitución Nacional y a los tratados internacionales que suscribió la Argentina.

Aguardando el juicio

El Alto Tribunal intervi­no a partir del planteo realiza­do por la defensa contra una resolución de la Sala Tercera de la Cámara de Acusación, que había rechazado el recurso de apelación contra la decisión del Juzgado de Instrucción Formal de Segunda Nominación del Distrito Judicial del Norte Cir­cunscripción Tartagal, de Ricardo Martoccia, que denegó el pedido de excarcela­ción.
Sostuvo la Corte de Justicia que el derecho constitucional a permanecer en libertad duran­te el proceso, no es una regla absoluta sino que reconoce li­mitaciones específicas, entre las que se cuenta "la necesidad de impedir que el imputado pueda eludir la acción de la justicia, a través del cual se inten­ta proteger la posibilidad de que el proceso tenga el sentido concreto de culminar con una decisión que de otro modo no podría producirse".
El juicio contra Ruiz, a cargo de la Cámara en lo Criminal de Orán, debió suspender la fecha de las audiencias de debate por los diversos incidentes planteados por la defensa.
Si la defensa decide insistir con el pedido de excarcelación, deberá hacerlo mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que Ruiz continuaría detenido hasta tanto se expida el máximo tribunal.
Según fuentes judiciales, la estrategia de la defensa es continuar dilatando el caso para luego exigir la pronta liberación de Ruiz, sin sentencia, en razón del tiempo que lleva detenido.

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Entrevista: Octorina Zamora, cacique de la comunidad wichí Honat le´les, de Embarcación

“Sigo pensando que esto fue una aberración”

- ¿Está de acuerdo con que Fabián Ruiz continúe preso y en espera del juicio, tal como dispuso la Corte de Justicia de Salta?

- Sigo pensando que la violación de una menor por parte de un mayor es una aberración, y que esto no existe como ninguna pauta cultural de las comunidades indígenas, y menos en la wichí, en donde es castigado es abuso de poder y las relaciones sexuales incestuosas.

- Sin embargo, algunos antropólogos insisten con respecto a la preexistencia de culturas que no pueden ser juzgadas.

- Insisto que esto es un crimen para los wichís, como lo es para ley argentina. Pero además, ya que me menciona a los antropólogos, a los cuales respeto, creo que también sería correcto hablar con los ancianos de la comunidad, que son fuente de nuestra sabiduría, y las mujeres, y no solamente con antropólogos ingleses o criollos con posturas que dicen que nos representan.

- ¿Qué dirían ellos?

- No se. Yo habló como cacique de mi comunidad y como mujer. Y creo que como sociedad argentina y pueblo wichí, no podemos permitir que se avale una violación, pues así se está poniendo en peligro a los niños, que para las comunidades indígenas son los únicos privilegiados.

- ¿No existen abusos dentro de las comunidades?

- Claro que existen. Y a veces los condenamos nosotros mismos, y también es cierto que en muchos casos se acepta el abuso de poder y el abuso sexual infantil en las comunidades originarias, pero en los casos que esto ocurre es porque son defendidos por la mafias de la dirigencia indígenas, apa­ñadas por los políticos y gobiernos de turno y por razones clientelistas.

El machismo

- Y porqué, excepto en su caso, no hablan las mujeres wichís?

- Porque no se les pregunta. Siempre se busca a funcionarios, políticos, académicos, y la gran mayoría son hombres. En este caso nunca se escuchó hablar a una mujer indígena. Creo que mucho tiene que ver la sociedad machista imperante, que ha ido cambiando la cultura originaria, imponiendo conductas que les eran útiles a los colonizadores y exploradores blancos. El machismo no es propio de los wichís.

- ¿Y cómo se manejan las relaciones de género entre los wichís?

- Tradicionalmente, los géneros tenían sus roles, y en muchas ocasiones las mujeres de una comunidad realizaban actividades que para los criterios europeos o dominantes, serían machistas. Por ejemplo, las mujeres podíamos tener también nuestros cotos de caza, vedados a los hombres.

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Breve cronología

El hecho:
El 8 de julio de 2005, entró a la Maternidad del Hospital Juan Domingo Pe­rón de Tartagal, Estela Tejerina (según su documento contaba con 9 años en ese momento, aunque se sostuvo que en realidad tenía dos años más por cuanto fue inscripta tardíamente), en compañía de su madre, Teodo­ra Tejerina, quien a su vez estaba embarazada de un mes).
La Jefa del Servicio Social elevó un informe a la Defensora de Menores e Inca­paces donde puso en conocimiento los hechos. Esto dio origen a una acción de Protección de Persona y promoción de ac­ción penal, dirigida por el juez Ricardo Martoccia, quien procesó a mediados de 2006 a Ruiz por “abuso sexual agravado por la guarda”.

Intervención de la Corte
A fines de 2006 el caso llegó a la Corte, que entonces ordenó que el juez Martoccia volviera a analizar la situación de Ruiz, teniendo en cuenta opiniones de antropólogos sobre el inicio de la sexualidad entre los wichís.
Sin embargo el juez de primera instancia procesó por segunda vez a Ruiz fundamentando que, más allá de las costumbres de su pueblo, la niña no estaba en condiciones de decidir sobre sobre su cuerpo.
Luego de esta determinación de Martoccia, América Aleman, la abogada de Ruiz, llevó otra vez el caso ante la Corte de Justicia para intentar que volviera a dejar sin efecto el procesamiento. El jueves, el Máximo Tribunal rechazó el pedido de Aleman y determinó que el acusado debe enfrentar un juicio oral y público.

Postura de la defensa
La defensa, llevada a cabo por la abogada América Aleman, sostuvo desde el comienzo que EstelaTejerina tenía 13 años al mo­mento de la denuncia, pues fue anotada 4 años después de su nacimiento.
El eje de la defensa es que “en los términos de la cultura wi­chí, se trata de una relación conyugal legítima y consentida entre adultos".
Con este argumento se viene dilatando el proceso con sucesivas apelaciones. Incluso se llegó con esta vía a postergar el inicio del juicio por el delito.

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Palabra de UNICEF

Según UNICEF, el 23 por ciento de las nenas y el 15 por ciento de los varones sufrieron algún tipo de abuso. "América Latina es una de las regiones más violentas del mundo y las personas menores de edad y las mujeres son las principales víctimas". dice el organismo

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La preexistencia étnica y cultural

Hace dos años, la mayoría de los jueces de la Corte local había anulado el procesamiento del juez Martoccia para que la Instrucción pondere –a la luz de los preceptos constitucionales que garantizan el respeto a la "preexistencia ét­nica y cultural de los pueblos indígenas argentinos" (artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y artículo 15 de la Constitución Provincial)- una pericia antropológica objeto según ella de una "valoración peyorativa" por el juez intervi­niente.
Tal pericia acreditaría que, entre los wichís, es cos­tumbre ancestral que las muje­res puedan mantener relaciones sexuales consentidas a partir de su primera menstruación.
El voto mayoritario tuvo la disidencia de la jueza Cristina Garros Martínez.
“Sustraer a la población wichí de la aplicación de la legisla­ción penal argentina implicaría reconocer un privilegio que no todos los ciudadanos del país estarían en condiciones de exi­gir. ¿El respeto a una identidad
cultural preexistente está por encima de los derechos huma­nos, incorporados en el artículo 75 inciso 22 de la CN, luego de la re­forma de 1994?, decía aquel voto disidente.
Esta postura fue apoyada, entre otras, por las filósofas de la UNSA María Julia Palacios y Violeta Carrique en el n° 153 de la revista "Claves" ("Diversi­dad Cultural y Derechos Humanos", Salta, noviembre de 2006), defendiendo la aplica­ción irrestricta de los tratados sobre derechos humanos, en especial del pacto de San José de Costa Rica.

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Planteo internacional


La abogada América Aleman, defensora de José Ruiz, aseguró ayer a El Tribuno que continuarán, junto a la comunidad wichí de donde provienen las supuestas victima y victimario, pidiendo la libertad del joven wichí acusado, incluso “llegando a la Corte Internacional de Justicia, que exigiría al Estado Argentino que cumpla con las normativas internacionales de respeto a las culturas y pueblos originarios”.
Aleman sostuvo que desean que el caso llegue a juicio, pero con “Ruiz libre, pues incluso en marzo del año próximo llegará a tener 4 años preso, sin juicio, y a la madre de su bebé le tienen prohibido visitarlo, pese a que ella quiere hacerlo”.

Siempre que llovió... La tragedia de Tartagal

La tragedia de Tartagal: crónica de un desastre ecológico, económico, social y cultural.


Siempre que llovió…

Darío Alberto Illanes
Agosto de 2009
Para “Curso de Periodismo Social”, dictado por Alicia Cytrynblum


"El desierto es el fantasma al que todos le tememos. Cuando destruyen el bosque nos sacan la protección. Si siguen desmontando, el agua y la tierra no se encontrarán con ninguna barrera y vamos a desaparecer". Carlos Ordóñez, criollo de General Pizarro. Citado en el Informe Comisión Oficial lotes 32 y 33, General Pizarro, Universidad Nacional de Salta. Agosto de 2004. [i]

Seis meses han transcurrido desde aquel lunes a la mañana de febrero cuando el agua, el barro y los troncos arrasaron la ciudad salteña de Tartagal. El alud provocó, además de personas muertas y miles de pobladores despojados de todo, controversias aún vigentes acerca del desempeño de empresas, gobiernos y medios de comunicación en relación a millones de hectáreas de bosques desmontados, equivalentes a cien veces la extensión de la Capital Federal.

La presidenta Cristina Fernández y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, viajaron a la zona y coincidieron en señalar que el desastre había sido obra de la naturaleza desbocada. La mandataria sostuvo en aquel momento, embarrada, que “la verdadera tragedia es la pobreza”.[ii]
Por supuesto, nadie dudó de que las torrenciales lluvias tropicales provocaron la crecida del río que atraviesa la ciudad. Las controversias comenzaban cuando se intentaban explicar las causas por las cuales los veraniegos y habituales aumentos de caudal hídrico trajesen ahora fragmentos de cerros y millares de troncos.
Lo cierto es que, en los últimos 18 años, Tartagal, el departamento San Martín y el Norte salteño atrajeron la atención de la prensa internacional, nacional y local. La región es riquísima en su biodiversidad, en donde se encuentran las yungas o selvas de montaña, el chaco salteño y territorio, desde hace más de mil años, de etnias de pobladores originarios (Ver Datos Departamento General San Martín, Anexo 1). Las riquezas que convocan el interés económico se encuentran en los árboles, la tierra fértil, la abundante agua y los combustibles fósiles del subsuelo. La explotación descontrolada generó graves desequilibrios ecológicos y sociales, apenas en unas décadas. La acción humana movida por grandes capitales provocó desmadres naturales y económicos, que se sumaron a las epidemias y las rebeliones populares desnudando el drama crónico de la pobreza y la indigencia que padece la inmensa mayoría de estos argentinos.
El cólera, a principios de los 90, mostró en las grandes ciudades la desesperante vida cotidiana de los aborígenes salteños que morían deshidratados por falta de lo básico para sobrevivir. Pocos años después, el gobierno de Carlos Saúl Menem privatizó YPF y Gas del Estado. Descubiertos los combustibles en la década del 40, las vidas de miles de familias y pueblos giraron en torno al desarrollo de estas megaempresas estatales. Con los despidos de casi el 90 por ciento de su personal, la población norteña quedó, directa o indirectamente desocupada. Fue este presidente quien anunció, en Tartagal, que el país construiría cohetes para viajar hasta Japón. Mientras tanto, la miseria avanzaba. El país conoció entonces el significado de los piquetes, término de origen petrolero, que se convirtió en el desesperado modo de protesta de los nuevos pobres. En la ruta nacional 34, miles de hombres, mujeres, niños, aborígenes demostraron las consecuencias de las políticas formuladas en Washington en la década del 90: desempleo masivo, migración, desintegración familiar, colapso económico y financiero de la zona.
Las puebladas lograron, en el 2003, la firma de un acuerdo que preveía una reparación histórica del norte salteño. De los 34 puntos convenidos, apenas se cumplió con la entrega de miles de planes sociales a desocupados, por valor de 150 pesos por mes. Las reformas estructurales nunca se hicieron. La explotación de la naturaleza continúo.

El primer alud
En el 2006, la crecida del rio Seco se llevó el puente carretero sobre la ruta 34 dejando aislado a todo el departamento San Martín. Pocos días después fue el torrente descontrolado del rio Tartagal que destruyó su canalización urbana y desmoronó decenas de viviendas asentadas en sus márgenes. Otra vez, las fuerzas desatadas de la naturaleza, además del daño material y humano que causaban, se presentaban para volver a poner al descubierto las penurias sociales. Tal como lo expuso en ese año la Universidad Nacional de Salta, tras el primer alud, en el informe “Diagnóstico y Evaluación de la cuenca del Río Tartagal y área de influencia”, elaborado por el ingeniero en Recursos Naturales Claudio Cabral y la ingeniera química Gloria Plaza [iii], existía evidente responsabilidad en el desastre que tenían los desmontes de los bosques nativos y la tala indiscriminada por parte de empresarios madereros, productores agropecuarios y las exploraciones sin control por parte de las petroleras extranjeras.
En el mismo sentido y en la misma época se pronunciaron otras organizaciones sociales, algunas dedicadas al medio ambiente, otras a los derechos aborígenes, como por ejemplo Greenpeace, Foro Salteño por la Tierra, la Pastoral Aborigen, por mencionar sólo algunas.
En aquel momento, el gobernador (actual senador nacional), Juan Carlos Romero, sostuvo que los desmontes no tenían nada que ver con los desmadres y aseguró, según informó el diario El Tribuno el 6 de abril de 2006: “Lo que está ocurriendo en el norte de la provincia es un fenómeno natural sin precedentes. No hay nada que haya colapsado, solo el mal tiempo reinante”.[iv]
Dos años atrás, el “Informe Comisión Oficial lotes 32 y 33. General Pizarro. Universidad Nacional de Salta (UNSa)”, realizado por los catedráticos Raúl Seggiaro, Héctor Rodríguez, Marita Couto, Ana Silvia Símesen y Marta de Viana, destacó [v]; “Los procesos de destrucción de la naturaleza más devastadores así como los de degradación socioambiental, han sido y son resultado de las prácticas inadecuadas de desarrollo económico: industria basada en combustibles fósiles, deforestación, prácticas inadecuadas d uso del suelo, que dependen de un modelo de crecimiento, que permite maximizar ganancias económicas en el corto plazo para unos pocos, revirtiendo sus costos sobre los sistemas naturales y sociales.
La crisis ecológica es decididamente el subproducto de la expansión de un sistema que necesita de la acumulación y la depredación descontrolada para subsistir”.
El documento asume un sólido compromiso político por cuanto enfatiza: “Es por ello que la Universidad –como referente ético de un modelo que priorice la vida- debe comprometerse con su presente histórico, esto es, con la crítica permanente a esta civilización de la mercantilización universal que implica que todas las relaciones estén permeadas por el cálculo egoísta”.
El informe concluye con varias recomendaciones, entre las que destacamos: “Se hace necesario, entonces:
• Que se enfatice que la naturaleza, la vida, los derechos humanos, la libertad, el amor y la cultura no son intercambiables en el “mercado”.
• Que se erija en bastión de un proyecto alternativo priorizando para ello, valores cualitativos, éticos, políticos, sociales y culturales, que no pueden ser reducidos a cuantificación monetaria”.

Furia marrón

El pasado 9 de febrero, alrededor de las 10 de la mañana, el rio Tartagal trajo desde los cerros ubicados al Oeste de la ciudad un alud de lodo, agua y troncos. La furia marrón arrancó como si fuera de cartón el imponente puente ferroviario, inaugurado 85 años atrás, y se estrelló contra la angosta abertura del puente vial sobre la avenida principal. Los hierros, el concreto y los troncos formaron un dique por lo que la descomunal fuerza del torrente desbordó el cauce hacia ambas márgenes y sepultó todo lo que halló a su paso. Varias cuadras adentro de la ciudad alcanzó el alud. Algo de fortuna hubo. Aquel lunes los pobladores ya estaban despiertos y por eso se salvaron centenares de vidas. Dos mujeres mayores se vieron arrebatadas de sus hogares y nueve días después sus cadáveres fueron hallados veinticinco kilómetros aguas abajo. Miles de personas quedaron con lo puesto. Todo lo que tenían, de valor material y sentimental, quedó bajó el barro. En algunas casas, el lodo alcanzó los techos.
Las autoridades gubernamentales, locales y de la Nación, actuaron con rapidez, aunque con tropiezos logísticos. La organización de la ayuda se fue materializando con la participación del Ejército, la Gendarmería, entidades religiosas de distintos credos y miles de personas y organizaciones sociales y populares de todo el país que respondieron solidariamente para asistir a las víctimas salteñas.
Luego, llegaron los análisis de la tragedia. Los argumentos se convirtieron en acusaciones cruzadas entre ONGS., catedráticos y especialistas, gobiernos, empresas, pobladores y comunidades aborígenes.
Para la mayoría de los funcionarios provinciales y algunos de la Nación, como por ejemplo aseguró el mismo día a todos los medios el ex ministro del Interior Florencio Randazzo, [vi] la tragedia fue obra de la naturaleza, no se podía evitar y descartaron que los desmontes para cultivos de soja hayan causado la erosión del suelo y la furia del río desbocado.
Por el contrario, para organizaciones como Greenpeace, algunas comunidades aborígenes y especialistas universitarios, la expansión de la frontera agrícola y la tala descontrolada de madera habían logrado alterar el equilibrio de la naturaleza, con la destrucción de la cubierta vegetal, y determinaron el alud. Otras organizaciones y pobladores de la zona recordaron que la responsabilidad no sólo era de los productores agropecuarios, sino principalmente de las empresas madereras y las petroleras, que desde muchas décadas atrás extraen árboles nativos de los cerros, sin control y mucho menos reforestación.
La prensa gráfica salteña se dividió en dos posturas: por una parte el diario El Tribuno, propiedad de la familia del ex gobernador Romero, encabezó los argumentos del gobierno de Salta y los empresarios del medio, echando la culpa a la furia natural; por su lado, el Nuevo Diario pareció darle la razón a las organizaciones sociales, la Universidad de Salta y a las comunidades. El matutino romerista eligió como blanco de sus críticas a los activistas antidesmontes de Greenpeace, quienes se enfrentaban a las topadoras con sus cuerpos para impedir el arrasamiento del monte nativo. La organización fue descalificarla públicamente, con acusaciones éticas y económicas.
El revuelo mediático en todo el país logró que, tras 14 meses de postergación, el gobierno Nacional reglamentase la Ley Nacional N° 26.331, de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos”, más conocida como “Ley de Bosques”. (Ver “Qué dice la Ley de Bosques, Anexo 2). A esta norma se sumaron escritos de la Corte Suprema, medidas cautelares que desde el año pasado habían puesto su atención en el Norte salteño pero que a partir de marzo de este año prohibieron las talas e intimaron al gobierno provincial a informarle sobre las acciones u omisiones que alteraron la naturaleza norteña. Ante estos pronunciamientos, las empresas madereras y agropecuarias no se quedaron callados, como veremos más adelante.
Los especialistas que trabajan en la zona consultados para este informe coincidieron en subrayar la responsabilidad empresaria. En tal sentido, la antropóloga Norma Naharro, docente, directora de la Escuela de Antropología de la UNSa. e integrante del Foro Salteño por la Tierra, señaló: “Es muy difícil determinar una sola causa directa del alud, pero los estudios realizados en la alta cuenca del rio Tartagal demuestran que uno de los aspectos que más influyó de manera directa fue la tala llevada a cabo en esa zona para aprovechamiento de madera”. (Ver entrevista a Norma Naharro en Anexo 3).
Al consultarle si estaban identificados los autores de los desmontes, Naharro dijo: “Por supuesto que hay responsables de la tala; no se ha hecho ningún esfuerzo gubernamental por identificarlos ya que reconocer que el alud se produjo por intervención humana implica reconocer que por acción u omisión el gobierno tiene responsabilidad. Muchos pobladores locales señalan al intendente de Tartagal (Sergio Leavy, destituido y acusado de defraudación. Ndr.) como el dueño de uno de los aserraderos que se proveía de madera extraída de esa zona”.
Sin medias tintas, Hernán Giardini, de Greenpeace, dispara: “El principal responsable es el gobierno de la provincia que autorizó desmontes indiscriminadamente. Salta es una de las provincias con mayores niveles de deforestación del país”. (Ver entrevista a Hernán Giardini, de Greenpeace, Anexo 4)
En esta época del año no llueve en Salta. Los pobladores, por ahora, están más tranquilos. Pero la polémica continúa y se refleja en los conflictos entre los diversos intereses en pugna. Estos se expresan en reclamos populares, escritos judiciales, presiones políticas e información periodística generalmente descontextualizada.

“Gente de desarrollo”

“Senadores quieren que el desmonte se permita en toda la provincia”. Este es el título aparecido en el Nuevo Diario, de Salta, el miércoles 12 de agosto [vii], en referencia al pedido de los legisladores salteños al Gobierno de Juan Manuel Urtubey, en abierto rechazo al fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la suspensión de todo tipo de tala tras el alud de Tartagal, a la Ley de Bosques, sancionada poco después de la tragedia y la ley provincial Nº 7543 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, la cual había sido sancionada el 16 de diciembre de 2008 y fue publicada en enero.
La molestia de los senadores provinciales radicó concretamente en que a principios de julio, el Gobierno de Salta anunció la culminación del Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos, estableciendo que podrán habilitarse desmontes por más de un millón y medio de hectáreas, lo que representa cerca del 20 por ciento de los bosques nativos de la provincia. Los productores y empresarios madereros tenían previsto desmontar cinco millones de hectáreas, según informó El Tribuno el 15 de julio de este año [viii].
El decreto provincial incluye el mapa de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la provincia. Este mapa establece: 1.294.778 hectáreas en la Categoría I – Rojo (áreas protegidas, no se permite desmonte ni aprovechamiento forestal), 5.393.018 hectáreas en la Categoría II – Amarillo (permite aprovechamiento forestal, pero prohíbe desmontes), y 1.592.366 hectáreas en la Categoría III – Verde (permite su desmonte parcial). Con esta zonificación, la futura autorización de desmontes para el desarrollo agrícola y ganadero en la provincia de Salta queda reducida a las zonas establecidas en la Categoría III – Verde (el 19,23% de sus bosques) previa aprobación de estudios de impactos ambientales y la realización de audiencias públicas con los pobladores criollos y aborígenes. (Ver mapa Ley Ordenamiento Territorial de Salta, Anexo 5).
Quien encabezó el plantón de los senadores fue el actual senador provincial y electo diputado nacional, Alfredo Olmedo, conocido productor sojero, en una reunión mantenida el 11 de agosto con el ministro de Ambiente de la provincia, Julio Nasser, la secretaria de Política Ambiental, Cristina Camardelli, y el coordinador de Política Ambiental y Desarrollo, Félix González Bonorino, de acuerdo a la publicación del Nuevo Diario del 12 de agosto. "Pinte todo de verde", exigió el agricultor a Nasser, queriendo decir que
toda la provincia sea susceptible de ser desmontada, dado que ese color es el que indica en donde se puede fomentar el avance de la frontera agrícola. Los legisladores, mayoritariamente justicialistas, argumentaron que para superar la pobreza era necesario que Salta de dedique a la "producción primaria", para lo cual consideran imprescindible el desmonte a gran escala. [ix]
Según el Nuevo Diario, uno de los departamentos más perjudicados por el avance de la frontera agrícola que sufrió inundaciones fue San Martín. “No obstante, la referente de ese departamento, Catalina Ponna, acompañó el discurso de Olmedo respecto de la ‘cultura del trabajo’, y el ‘progreso’”. Ponna también puso en duda las actividades que realizan comunidades originarias al indicar que "el 51% de la extracción de madera está hecha por parte de los indios (sic), y el resto por empresas que cumplen con todos los requisitos legales".
Asimismo, Olmedo sostuvo una curiosa teoría socioantropológica al asegurar que las limitaciones a los desmontes coartan “a la gente de desarrollo psíquico, mental y social".
La representación de los hacendados

“La Representación de los Hacendados” fue un informe económico escrito por Mariano Moreno en 1809 en defensa de los comerciantes criollos del Virreinato del Río de la Plata. El abogado que luchaba por la independencia usó su pluma vehemente para demostrar los perjuicios que causaba a los criollos la decadente economía colonial española. El escrito fue uno de los antecedentes del 25 de Mayo de 1810, que dio nacimiento a la Nación Argentina.
Distintas parecen las motivaciones, y las expresiones, de los productores que vieron afectados sus intereses con la prohibición del desmonte. Pocas semanas después del alud, los desmontadores comenzaron a movilizarse y, por ejemplo, El Tribuno publicó como nota de tapa, el 18 abril: “Reducen jornadas de trabajo a madereros por falta de material”. El diario aclara en su bajada “Achacan el problema al fallo de la Corte que suspendió las actividades de explotación y desmonte en Salta por 90 días” [x]. De acuerdo al diario, el presidente del Centro de Obrajeros de Orán, Luis Beluccini, y el dirigente del Sindicato de la Industria Maderera, Gregorio Salinas, se reunieron con el ministro de Desarrollo Económico salteño, Julio César Loutaif, para quejarse de que la medida del máximo Tribunal paraliza toda la industria maderera desde el mes de abril, “afectando a unas 7.000 familias”.
El 15 de julio, el mismo matutino informó que el día anterior se habían reunido en la Sociedad Rural local “trescientos productores de Prograno, la Asociación de Productores de Legumbres, de la Rural, y madereros, que se sienten afectados por el decreto reglamentario de la ley de ordenamiento territorial, que están expectantes por que compraron tierras” (sic). Asimismo, El Tribuno advertía que el conflicto sería llevado a la Mesa de Enlace. Según explicó el matutino, el nudo del conflicto es “el texto reglamentario (que) habilita 1.500.000 hectáreas para actividades productivas, cuando la ley (en referencia al proyecto presentado por los empresarios) prometía al sector más de 5 millones de hectáreas. Ahora los productores las reclaman y advierten que la decisión del Gobierno postergó al Norte y complicó, especialmente, al sector ganadero” [xi].

“Nostálgico del árbol”
Intentando calmar a los productores, la postura oficial del gobierno de Salta fue anunciada por el gobernador Juan Manuel Urtubey, en la página central de El Tribuno, el domingo 15 de Marzo. En la entrevista, un periodista le pregunta[xii]:
- Un tema caliente, referido a los desmontes. ¿Cómo se compatibiliza el interés de preservación del ambiente con la política de desarrollo provincial, luego de la Ley de Ordenamiento Territorial a la que adhirió Salta?

- No hay ninguna provincia argentina que haya sancionado por Ley el ordenamiento territorial como lo hicimos nosotros. Se hizo con una gran responsabilidad. Salta debe seguir desarrollándose y debe crecer. Qué opinen de mí algunos inescrupulosos que están tratando de proteger vaya a saber qué intereses, me tiene sin cuidado. Sí me preocupan situaciones de alta gravedad institucional. Hoy en la Argentina estamos frente a un caso que considero complicado. Hay aquí un planteo que está evaluando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde se analiza la constitucionalidad de actos administrativos emanados del derecho público provincial. Es el primer antecedente, desde 1853, en donde la Corte Suprema de Justicia invade facultades del derecho público provincial. Repito: es un hecho de una gravedad institucional importante, y espero que se resuelva bien.
- Ocurre que en este tema, desde Buenos Aires, se habla mucho y se conoce poco, por no decir nada...

- La Corte Suprema ha avanzado, a través de una medida cautelar, en las autorizaciones de desmontes existentes en tres departamentos salteños. En uno se confundieron, porque parece que no entendían que había un municipio, que es Santa Victoria Este, y un departamento con el mismo nombre. Entonces, prohibieron los desmontes en Santa Victoria Oeste, que es pura montaña. Según parece, no tuvieron tiempo ni de ver una foto satelital...

- ¿Cómo percibe hoy la opinión de los salteños sobre este punto?

- Yo tengo claro que los que deben evaluar mi gestión son los salteños. Y, afortunadamente, me siento muy acompañado por ellos. Si algún otro, nostálgico del árbol que se le cayó en una plaza en la ciudad de Buenos Aires, no quiere que nosotros tengamos desarrollo, y que vivamos todos en una reserva natural, es un problema de él, no mío. Salta en ningún momento descuidó la preservación ambiental”.

Urtubey no mencionó en ningún momento los estudios que demostraron la irracionalidad de los desmontes, en relación a los pobladores. Además de las organizaciones ambientalistas y de aborígenes y los informes de la UNSa. obvió el trabajo efectuado por su ex secretaria de Ambiente de Salta, la antropóloga Catalina Buliubasich. La profesional, de vasta trayectoria académica y de campo en la zona, renunció a su cargo en el 2008. “Mi trabajo fue siempre de defensa de los bosques y poblaciones indígenas desde la universidad”, aseguró la docente de la UNSa., investigadora en la zona y ex decana de la Facultad de Humanidades, quien logró, como funcionaria del gobierno de Urtubey, detener 18 desmontes. (Ver entrevista a Catalina Buliubasich, Anexo 6).
“Fundamentalismo ambientalista”
El trágico alud en Tartagal y las controversias acerca de los desmontes y su relación con las penurias de los pobladores demostraron no sólo intereses contrapuestos entre éstos y empresas acusadas de las masivas talas, como también las políticas ambientales de los dos últimos gobiernos salteños, sino también una polémica línea editorial del diario El Tribuno. Este, desde el primer momento, defendió la tesis de la catástrofe natural, de que los desmontes no causaron el desastre norteño y se puso al frente de los reclamos empresarios, enfrentándose con las organizaciones sociales y comunitarias que afirmaban lo contrario. Y Greenpeace, una organización de alcance mundial y por lo tanto “extranjera”, fue su declarado enemigo.
Con un título que es una acusación explícita, el secretario de redacción de El Tribuno, Francisco Sotelo, publicó el 23 de julio de este año “¿Cuál es el negocio de Greenpeace con la ley de bosques? [xiii]. Desde el primer párrafo, el periodista dispara que “El conflicto por la reglamentación de los desmontes en Salta vuelve a mostrar una contradicción crítica entre intereses: los de la provincia y los del fundamentalismo ambientalista. En otras palabras, Salta debe decidir si acepta convertirse en una enorme reserva natural y cultural, o si se encamina hacia el desarrollo sustentable”. A continuación, Sotelo, identifica y acusa: “La máxima expresión del fundamentalismo ambientalista es la multinacional Greenpeace. ¿Puede asegurar la entidad que no lo mueve otro interés que el ambiental? Los agravios que Greenpeace dedica a los productores rurales salteños invocando los derechos de los pueblos originarios muestran, una vez más, la facilidad con que se utilizan las necesidades de la gente. Ni Greenpeace ni quienes apoyan sus utopías creen posible retrotraer la historia a 1492. Tampoco es creíble que los aborígenes genuinos quieran ser congelados en el tiempo y privados de los beneficios que brindan la tecnología, la educación y la salud pública modernas”. El Tribuno lanza otra acusación y afirma que “los propósitos de la transnacional verde resultan confusos; por caso, uno de sus dirigentes de mayor exposición, Emiliano Ezcurra, analiza ahora negocios inmobiliarios en las yungas de nuestra provincia”. Sotelo, quien antes de trabajar en El Tribuno vivió algunos años en el norte salteño, afirma que “Greenpeace dice que se opone a los desmontes por amor a la vida silvestre, pero forma parte de la cruzada contra la soja, impulsada por grandes corporaciones europeas con intereses agrícolas. Se trata de una guerra comercial revestida de argumentos ecológicos. Los europeos quieren condicionar las producciones del continente americano”. El redactor interpreta que todas las campañas de Greenpeace tienen objetivos recaudatorios. Y asegura “Suponiendo que las recaudaciones tuvieran metas subjetivamente nobles, tales propósitos son objetivamente nefastos para nuestra provincia”. En tal sentido argumenta “El mundo ofrece posibilidades inéditas para la producción de alimentos y Salta cuenta con las condiciones necesarias para producirlos. La paralización de la actividad agroforestal en todos los departamentos del norte provincial es suicida”.
Hernán Giardini, en nombre de Greenpeace Argentina [xiv], desmintió categóricamente a El Tribuno y lo acusó de mentirle a la opinión pública en pos de representar intereses económicos que no son los de las mayorías.
“Greenpeace se financia con el aporte de 70.000 socios y no recibe dinero ni de empresas ni de gobiernos y no persigue ningún interés de esa naturaleza en su trabajo por la defensa del bosque salteño”, aseguró Giardini.
“No es la primera vez que El Tribuno, un diario dirigido por el hermano del ex gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, realiza ataques fundados en hechos falsos contra la organización. Lo curioso es que, desconociendo mínimos y elementales principios de rigurosidad periodística, nunca fuimos consultados ni se nos ha permitido replicar muchas de las temerarias afirmaciones vertidas sin sustento periodístico alguno”, argumentó.
Giardini realiza una interpretación de la belicosa actitud de El Tribuno: “Evidentemente, la idea de una organización independiente que no responde a intereses de ningún tipo es incomprensible para un diario que, claramente, representa a intereses sectoriales por sobre el interés colectivo y que sólo refleja editorialmente las opiniones de los sectores que representa”.
El coordinador de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace Argentina sostuvo que las publicaciones de El Tribuno (descalificando a la organización), “llenas de calumnias y mentiras, surgen luego de la sanción del decreto que define el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos de Salta. Esta zonificación, que protege el ochenta por ciento de los bosques de la provincia, fue rechazada por entidades de productores agropecuarios que demandaron públicamente su modificación y más de cinco millones de hectáreas para el desmonte”. (Ver Entrevista a Hernán Giardini, Greenpeace, en Anexo 4)

Cerros descabezados
Tartagal se encuentra pocos kilómetros al Este de las sierras que llevan el mismo nombre y constituyen el borde oriental de las yungas. Ya se dijo que la zona era rica en recursos forestales y su subsuelo aún guarda reservas de petróleo y gas. Según la agencia noticiosa web COPENOA [xv], dirigida por el periodista Marcos Díaz Muñoz, y las fotografías por él obtenidas, tomadas en las sierras de Tartagal y Mosconi, dejan al descubierto la forma de "desmochar" (arrancar) los cerros sobre los cuales “se decide la ubicación de pozos de petróleo o gas por parte de petroleras multinacionales que operan en esta provincia”. “Previamente los cerros son volados con explosivos y con la ayuda de topadoras, el cerro elegido es nivelado para la construcción de una importante plataforma, sobre al cual aparte de las instalaciones de perforación, bombeo y de almacenamiento estarán también un helipuerto, una playa de maniobras y para maquinaria vial y los eventuales campamentos. Este ‘descabezado’ de un cerro implica sencillamente rebajarle la cima en 20 0 40 metros, con la obvia remoción de miles de metros cúbicos de tierra, que generalmente son volcados sobre alguna quebrada de los alrededores”. Muñoz aporta datos del ingeniero Martín Herrán, docente e investigador de la Universidad Nacional de Salta, quien asegura, en base a documentos oficiales, que desde 1962, los desmontes y talas, sean para explotaciones petroleras, madereras o agropecuarias “ascienden a 1.853.644 hectáreas”. Casi 100 veces el tamaño de la Capital Federal.
Para que se desmonta

En un informe científico reproducido por el sitio web http://www.maraustralis.com/ [xvi], la ingeniera María Laura Ríos aseguró que los “Los desmontes y la modificación de la cobertura vegetal (en la zona de Tartagal y el departamento San Martín) se realiza con los siguientes fines: 1. Actividad hidrocarburíferas 2. Aprovechamiento forestal 3. Explotación agrícola 4. Explotación ganadera”
Además, la ex funcionaria de La División de control Ambiental de la Provincia de Salta sostiene que “la eliminación de la cubierta vegetal genera una desprotección del suelo (frágil en la zona) y un aumento en la erosión causada por el impacto de las gotas de lluvia, quienes ya no encuentran resistencia para llegar al terreno. La falta de vegetación reduce la capacidad de infiltración del agua y el consecuente aumento de la escorrentía (agua que corre laderas abajo cuando las precipitaciones superan la capacidad de infiltración, constituyendo la principal causa de erosión. Ndr) provocando la movilización de suelos y restos vegetales hacia aguas abajo. Sinérgicamente, la falta de cobertura vegetal -que actúa como sostén del terreno- deja liberada gran cantidad de material edáfico (del suelo, ndr). Consecuentemente aumenta la velocidad de la escorrentía en zonas desmotadas y una mayor cantidad de sólidos (suelos, restos vegetales, residuos, etc.) se disponen en los cauces de ríos y arroyos, generando aumento en los caudales, velocidades y contenido de sólidos”. La especialista y conocedora de la zona explicó “Las picadas sísmicas, los caminos hacia pozos petroleros, caminos en fincas y zonas de extracción de madera que no se diseñan y mantienen adecuadamente se convierten en una fuente segura de los movimientos en masa típicos de la zona. Las evidencias de esto son grandes, se avistan inclusive en imágenes satelitales (como en Google Earth). En la Sierra de Tartagal, particularmente, las pérdidas de suelo y materia vegetal ocasionadas son severas; hasta el punto de derrumbarse laderas o perderse caminos completos. Todo este material suelo queda a disposición de la gravedad y la escorrentía que se encargarán de arrastrarlo pendiente abajo, hasta alcanzar algún cauce”.

“Los peores desmontes”

Desde el comienzo del gobierno de Juan Carlos Romero, y el diario propiedad de su familia, El Tribuno, aseguraron que las críticas a la devastación del bosque nativo en el Norte salteño procedían de grupos ambientalistas extremistas, con oscuros intereses económicos transnacionales, que se oponían a la expansión de la frontera agropecuaria. La acusación era que esas denuncias de, por ejemplo Greenpeace, impedían en realidad el desarrollo económico, mantenían el atraso e impedían la creación de fuentes de trabajo que permitirían reducir los altos índices de pobreza de esa región. Las imputaciones eran contradictorias con un amplio consenso de rechazo a la deforestación masiva. Entre quienes señalaban los perjuicios naturales y sociales se encontraban científicos, académicos, Organizaciones no Gubernamentales y medios de comunicación de las más diversas ideas políticas. Uno de ellos era el diario La Nación, a quien no podía acusársele de extremista. El matutino recordaba, en una editorial del 22 de octubre de 2007, que más de 1.200.000 argentinos suscribieron un petitorio para que los senadores nacionales apoyen la sanción de la Ley de Bosques. “Aquella norma, todavía con apenas media sanción, fue aprobada por la Cámara de Diputados por abrumadora mayoría, aunque con algunos pocos votos en contra de diputados de Salta, la provincia donde ocurren los peores desmontes” [xvii]. Según La Nación, "En los 80 minutos que dura un partido de los Pumas, 40 hectáreas del hábitat donde viven los verdaderos pumas desaparecen bajo las topadoras."
Otra denuncia

El mes pasado, Greenpeace denunció como excesiva la superficie de desmontes que permitirá la provincia. Son más de un millón y medio de hectáreas, lo que representa 20 por ciento de los bosques nativos de ese territorio. La denuncia fue hecha después de que el gobierno de Salta anunciara la culminación del Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos, donde se establece ese esquema de desmonte.
"Es muy importante que Salta haya concluido el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos y que estén protegidos el 80 por ciento de sus bosques y los territorios que ocupan y utilizan las comunidades indígenas", dijo Hernán Giardini, coordinador de la campaña bosques de Greenpeace. "Sin embargo, teniendo en cuenta la emergencia forestal en la que nos encontramos, consideramos excesiva la superficie que estará expuesta al desmonte, ya que permitirá a la provincia mantener su ritmo actual de deforestación por más de una década", precisó.
Mediante un decreto, el Poder Ejecutivo salteño reglamentó la ley provincial 7.543, aprobada en diciembre, que incluye el mapa de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la provincia [xviii]. De acuerdo con este esquema, se establece que 1.294.778 hectáreas integran la Categoría I-Rojo, que son las áreas protegidas, en las que no se permite desmonte ni aprovechamiento forestal. Otras 5.393.018 hectáreas están en la Categoría II-Amarillo, que permite aprovechamiento forestal pero no desmontes. Finalmente, 1.592.366 hectáreas forman parte de la Categoría III-Verde, que permite su desmonte parcial.




Un alud en el gobierno salteño
Los primeros días de agosto de este año, algo parecido a un alud cayó en la sede gubernamental salteña. La Corte Suprema de Justicia intimó, con plazo, al gobierno de Juan Manuel Urtubey a presentar estudios de impacto ambiental y los permisos de tala otorgados hasta la fecha. La noticia fue ampliamente divulgada por los medios nacionales y locales en general, destacándose el diario Crítica, que publicó con amplio despliegue la noticia el 5 de agosto; los mismo que La Nación y el Nuevo Diario, éste último, en la tapa. El diario El Tribuno, dos días después, confinó la información a dos columnas en el interior de la edición impresa. En la página web ni siquiera lo mencionó [xix].
La presentación como perjudicados había sido realizada por las comunidades de las etnias wichis de San Ignacio Loyola, Zona Bermejo y San José Chustaj Lhokwe, “responsabilizando al Estado salteño por no cumplir, tanto por acción como por omisión, con sus obligaciones al otorgar autorizaciones de desmonte que perjudican, según ellos, los derechos y garantías de los habitantes originarios”, de acuerdo al texto del Nuevo Diario.
Además del estudio de impacto ambiental, el Ejecutivo debía entregar al máximo Tribunal un informe con los nombres y apellidos o razones sociales, con sus respectivos domicilios, de todas las personas físicas y jurídicas que solicitaron y obtuvieron autorizaciones para destruir bosques nativos. La Corte Suprema ya había dispuesto en diciembre del año pasado el cese preventivo de desmontes y talas de los bosques nativos de un millón de hectáreas que habían sido autorizados por el Estado provincial durante el último trimestre de 2007 -por un incremento exagerado de pedidos de autorización- en los departamentos de Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria. La norma judicial se extendió noventa días más en marzo. "La tala y desmonte de aproximadamente un millón de hectáreas tendrá un efecto sobre el ambiente que no se puede ignorar y que, en palabras expresadas por el representante de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni, en la audiencia pública del 18 de febrero del corriente año, seguramente será negativo", insistieron los jueces, según publicó el diario Página 12 el 13 de febrero [xx]. Las disposiciones judiciales del máximo tribunal de la Argentina muestran, luego de décadas de olvido con las comunidades aborígenes y los recursos naturales del Norte del país, el interés de que los estudios científicos requeridos procuren un equilibrio entre el desarrollo económico de la región y el respeto por la calidad de vida de los pobladores y la ecología.
Los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni señalaron en el escrito, de acuerdo a la información publicada por Página 12, el 27 de marzo de este año [xxi], que tras haber constatado "una situación clara de peligro de daño grave", alertaron que, de continuar con la tala se "podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras". Agregaron, "este perjuicio, de producirse, sería además irreversible, porque no habría manera alguna de volver las cosas a su estado anterior". El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, destacó “la importancia doctrinaria de esta sentencia: es la primera vez, en la Argentina y en casi todo el mundo, que se aplica el principio precautorio en materia ambiental”.
Frente a frente en la Corte
Días antes, el encuentro hubiera parecido imposible. Pero luego de la tragedia de Tartagal, los magistrados de la Corte Suprema reunieron en una audiencia a representantes de comunidades wichi y el gobierno provincial. El tema: las razones del alud.
Los aborígenes denunciaron las pérdidas de bosques nativos en Salta. Las autoridades salteñas reconocieron las afirmaciones de los pobladores originarios. Pero no hubo acuerdo sobre la causa del alud.
El periodista Carlos Rodríguez, de Página 12, escribió el 19 de febrero que los representantes legales de nueve comunidades wichis de Salta aseguraron ante los magistrados que en el último decenio se perdieron, sólo en el territorio salteño, “doce mil kilómetros cuadrados de bosques nativos”, es decir 1,2 millón de hectáreas. De mantenerse la tendencia en esa provincia, que tiene el 22 por ciento del reservorio total del país, los bosques nativos salteños “se perderían en forma total en 60 años”. Se dijo, incluso, que si el ritmo de tala es igual al ocurrido en el último trimestre de 2007, cuando el proceso se aceleró “en apariencia para adelantarse a la sanción de la llamada Ley de Bosques”, que limitó el desmonte, “la pérdida total de los bosques nativos salteños se produciría en apenas 15 años” [xxii].
En nombre de las comunidades expuso el abogado Raúl Ferreyra, que trabaja junto con la ex defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires Alicia Oliveira, y los pobladores Dino Salas y Alfredo Riera. Por el gobierno de Salta hablaron el fiscal de Estado, Ricardo Casali Rey, y el ministro de Ambiente, Julio Nasser, mientras que el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero Bibiloni, lo hizo en nombre del gobierno nacional. De acuerdo a la información periodística, Ricardo Lorenzetti (presidente), Elena Highton de Nolasco (vicepresidenta) y los vocales Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, interrogaron largamente a los expositores, sobre todo a los funcionarios de los dos gobiernos. El ministro Maqueda le preguntó al abogado Ferreyra si la deforestación de “un millón de hectáreas en Salta, entre 1998 y 2007, un tercio de esa cifra en el departamento San Martín, cuya cabecera es Tartagal” podría ser la causa del alud. El abogado de los wichis fue enfático: “De acuerdo con lo que han relatado mis representados y algunos ingenieros agrónomos que nos asisten, sí, efectivamente, no hay posibilidades de desligar el desastre de los desmontes”.
La misma pregunta fue hecha a los representantes de los dos gobiernos. “No hay por el momento ninguna base científica que permita relacionar el desmonte con el alud, sobre todo si se toma en consideración que la alta cuenca del río Tartagal, donde se produjo el deslizamiento, no ha recibido desmontes”, respondió Casali Rey, ignorando los informes universitarios. El secretario Bibiloni, por su parte, admitió que “todo desmonte tiene algún impacto”, pero a continuación señaló que “en este caso entiendo que no, porque no hubo tala en la zona donde se generó el caudal de agua que provocó el alud”. Ninguno de los funcionarios mencionó la existencia de algún estudio científico realizado por la provincia.
Los representantes de los aborígenes insistieron en que las autorizaciones para los desmontes fueron firmadas por el gobierno anterior de Juan Carlos Romero. La Corte reconoció esa situación pero recordó que la continuidad jurídica del Estado hace que el nuevo gobierno tenga que responder por lo ocurrido.
El abogado Ferreyra aportó un dato estremecedor: “Cuando el país comenzó como tal, había 50 hectáreas de bosques por habitante. Hoy queda una hectárea por habitante”.
El diario publicó que Nasser reconoció que el gobierno salteño no tenía una evaluación del impacto ambiental y social de los desmontes que se autorizaron en los últimos años. “¿Hubo alguna instancia de evaluación en cuanto al efecto acumulativo de las autorizaciones en materia de impacto ambiental?” preguntó el juez Zaffaroni. “Hasta el momento, no”, se sinceró el funcionario salteño.
“Victoria de la gente”
Cuatro días después de la tragedia de Tartagal, los medios informaron que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto al secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero Bibiloni, anunció la firma de la reglamentación de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos, a la que consideró una iniciativa para "la defensa de la riqueza forestal" [xxiii]. La jefa de Estado sostuvo que hubo que trabajar "entre la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Agricultura, porque esto tiene que ver con el avance de la frontera agrícola ganadera, y debemos articular sensata y racionalmente ambos aspectos". La reglamentación de la Ley de Bosques demandó "un gran esfuerzo de coordinación, porque no es sólo la decisión del ejecutivo sino articular también con los gobiernos provinciales", aseguró.
Greenpeace calificó, apenas realizado el anuncio oficial, como “una victoria de la gente”. La organización sostuvo que “la reglamentación sólo fue posible gracias a los miles de correos electrónicos y llamadas telefónicas que personas de todo el país realizaron a la Casa Rosada, tal como sucedió hace más de un año cuando se juntaron cerca de un millón y medio de firmas para que el Congreso Nacional la sancionara. Sin dudas, ésta es una victoria de la gente”, afirmó Hernán Giardini.
La Pastoral Aborigen
“No deja de sorprendernos la ligereza de los dichos de nuestras autoridades políticas, desde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hasta el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey y sus funcionarios subalternos. Rechazan de plano y sin lugar a consideraciones la posibilidad de relacionar el alud y la crecida del RíoTartagal con las actividades extractivas madereras que se llevan adelante en la región. Existen serios estudios que demuestran cómo los desmontes, talas irracionales, apertura de picadas para actividades petrolíferas y otros aprovechamientos sin los debidos estudios de impacto ambiental y control público, han alterado significativamente el equilibrio ecológico de la zona. Desconocerloimplica un acto de necedad e irresponsabilidad política”, argumentó, el 15 de febrero de 2009, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), por medio de su coordinador nacional, el presbítero Ponciano Acosta [xxiv]. El comunicado de los sacerdotes, quienes junto a otras iglesias realizan un silencioso pero continuo trabajo en la zona desde hace décadas, continúa y se pregunta, “¿Puede atribuirse toda la responsabilidad a fuerzas de la Naturaleza cuando desde hace años existían estudios de la Universidad Nacional de Salta, entre otros, que alertaban acerca de la posibilidad de derrumbes e inundaciones provocado por el deterioro de la cabecera de la cuenca del Río Tartagal? ¿Puede hablarse de hechos inevitables cuando los estudios científicos y hasta el sentido común demandaban la necesidad de encarar urgentes medidas que detengan o, por lo menos, controlen las acciones del Hombre? ¿Es posible eximir de responsabilidad a autoridades políticas que estuvieron ausentes, que no quisieron escuchar, que no previeron, que niegan la realidad?”
La pastoral alerta asimismo: “Ante los hechos y las reacciones, es de esperar que nuevas catástrofes como la de Tartagal se repitan periódicamente. Como dato alarmante, basta recordar la recientemente aprobada ‘Ley de Ordenamiento de Bosques Nativos Provincial’ que vulneró el proceso participativo previo y desconoció los criterios científicos, dejando abierta la posibilidad de desmontar alrededor de 4.000.000 de hectáreas, cuando los estudios señalan que perder más de 1.200.000 hectáreas en la provincia implica uninmenso peligro ambiental”. Concluía el documento con un compromiso: “como organismo pastoral de la Iglesia Católica en Argentina, renovamos nuestro compromiso a continuar muy cercanos a los Pueblos Indígenas, acompañándolos en sus luchas, en sus reclamos y en sus esperanzas”.

Gente natural

La tierra, el monte, el aire, el agua, los animales, son muchos más que el sustento de las comunidades indígenas del norte argentino. El respeto y amor que los aborígenes del chaco salteño tienen con su tierra puede sintetizarse en que para ellos el monte es todo: su casa, su farmacia, su mercado y su espiritualidad.
Luego de mucha destrucción, la lucha de varias organizaciones ambientalistas, campesinas e indígenas logró el imperio de la Ley nacional 26.331, de los Bosques Nativos. También recibieron la comprensión de los magistrados.
El pueblo wichi, antes del alud, reiteró el pedido de que se paralicen los desmontes en las áreas de su uso territorial. Sin embargo, el ministro salteño de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio Nasser, les pidió paciencia. Los indígenas le entregaron mapas con la delimitación de las tierras que ocupan “tradicionalmente desde tiempos inmemoriales para que se incluya y se respete en el ordenamiento territorial que está llevando a cabo el gobierno de la provincia en el marco de la Ley de Bosques”. Los mapas comprenden un territorio de casi 3 millones de hectáreas, el 70% en el departamento Rivadavia y el resto en San Martín, Anta y Orán. Unas 18 mil personas habitan en este territorio, en la zona del río Pilcomayo, el norte del Bermejo, el río Itiyuro y la ruta nacional 86, el Bajo Itiyuro, General Ballivián, Rivadavia Banda Sur y Banda Norte. Según cita el sitio web http://www.contracultural.com.ar/ [xxv], “parece que los gobiernos están encontrando la manera de matarnos sin tiros, sin balas”, afirmó Francisco Pérez, dirigente de la Asociación Lhaka Honat. “Nosotros no usamos la palabra genocidio. No conocemos su significado, el que la conozca tiene que pensar en eso”, señaló Miguel Montes, del Consejo de Organizaciones Wichi del Bermejo. “La historia de exterminio nunca terminó. La historia se repite pero con otra cara. Nosotros como indígenas sentimos eso, que hay un genocidio. Los gobiernos nos piden paciencia, pero la paciencia algún día se tiene que terminar”, sentenció Montes.
Tabú se define como la condición de las personas, instituciones o cosas a las que no es lícito censurar o mencionar. La tragedia de Tartagal y los desmontes en Salta parecieran habitar dentro del concepto. El conflicto sigue abierto.


Darío Alberto Illanes
Agosto de 2009
Para “Curso de Periodismo Social”, dictado por Alicia Cytrynblum






















Guía de fuentes consultadas:
[i] Informe Comisión Oficial lotes 32 y 33, General Pizarro; Universidad Nacional de Salta. Agosto de 2004
[ii] Diario Página 12. 12 de febrero de 2009.
[iii] Diario El Tribuno. 6 de abril de 2006.
[iv] “Diagnóstico y Evaluación de la cuenca del Río Tartagal y área de influencia”. Ingenieros Claudio Cabral y Gloria Plaza. Universidad Nacional de Salta. Julio 2006.
[v] Informe Comisión Oficial lotes 32 y 33, General Pizarro; Universidad Nacional de Salta. Agosto de 2004
[vi] Diario Crítica. 11 de febrero de 2009.
[vii] Nuevo Diario. 12 de agosto de 2009.
[viii] El Tribuno. 15 de julio de 2009.
[ix] Nuevo Diario. 12 de agosto de 2009.
[x] El Tribuno. 18 de abril de 2009.
[xi] El Tribuno. 15 de julio de 2009.
[xii] El Tribuno. 15 de marzo de 2009.
[xiii] El Tribuno. 23 de julio de 2009.
[xiv] Greenpeace Argentina, página web.
[xv] Página web COPENOA.
[xvi] Página web Maraustralis.
[xvii] Diario La Nación. 22 de octubre de 2007.
[xviii] Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta. www.noticias.iruya.com. 27 de agosto de 2009.
[xix] Diarios Crítica, La Nación, Nuevo Diario. 5 de agosto de 2009. Diario El Tribuno. 7 de agosto de 2009
[xx] Página 12. 13 de febrero de 2009.
[xxi] Página 12. 27 de marzo de 2009.
[xxii] Página 12. 19 de febrero de 2009.
[xxiii] Crítica. 16 de febrero de 2009.
[xxiv] http://www.endepa.org.ar/ . 15 de febrero de 2009.
[xxv] http://www.contracultural.com.ar/, en http://www.taringa.net/posts/info/1649217/El-genocidio-wichi-(-Salta).html