La tragedia de Tartagal: crónica de un desastre ecológico, económico, social y cultural.
Siempre que llovió…
Siempre que llovió…
Darío Alberto Illanes
Agosto de 2009
Para “Curso de Periodismo Social”, dictado por Alicia Cytrynblum
"El desierto es el fantasma al que todos le tememos. Cuando destruyen el bosque nos sacan la protección. Si siguen desmontando, el agua y la tierra no se encontrarán con ninguna barrera y vamos a desaparecer". Carlos Ordóñez, criollo de General Pizarro. Citado en el Informe Comisión Oficial lotes 32 y 33, General Pizarro, Universidad Nacional de Salta. Agosto de 2004. [i]
Seis meses han transcurrido desde aquel lunes a la mañana de febrero cuando el agua, el barro y los troncos arrasaron la ciudad salteña de Tartagal. El alud provocó, además de personas muertas y miles de pobladores despojados de todo, controversias aún vigentes acerca del desempeño de empresas, gobiernos y medios de comunicación en relación a millones de hectáreas de bosques desmontados, equivalentes a cien veces la extensión de la Capital Federal.
La presidenta Cristina Fernández y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, viajaron a la zona y coincidieron en señalar que el desastre había sido obra de la naturaleza desbocada. La mandataria sostuvo en aquel momento, embarrada, que “la verdadera tragedia es la pobreza”.[ii]
Por supuesto, nadie dudó de que las torrenciales lluvias tropicales provocaron la crecida del río que atraviesa la ciudad. Las controversias comenzaban cuando se intentaban explicar las causas por las cuales los veraniegos y habituales aumentos de caudal hídrico trajesen ahora fragmentos de cerros y millares de troncos.
Lo cierto es que, en los últimos 18 años, Tartagal, el departamento San Martín y el Norte salteño atrajeron la atención de la prensa internacional, nacional y local. La región es riquísima en su biodiversidad, en donde se encuentran las yungas o selvas de montaña, el chaco salteño y territorio, desde hace más de mil años, de etnias de pobladores originarios (Ver Datos Departamento General San Martín, Anexo 1). Las riquezas que convocan el interés económico se encuentran en los árboles, la tierra fértil, la abundante agua y los combustibles fósiles del subsuelo. La explotación descontrolada generó graves desequilibrios ecológicos y sociales, apenas en unas décadas. La acción humana movida por grandes capitales provocó desmadres naturales y económicos, que se sumaron a las epidemias y las rebeliones populares desnudando el drama crónico de la pobreza y la indigencia que padece la inmensa mayoría de estos argentinos.
El cólera, a principios de los 90, mostró en las grandes ciudades la desesperante vida cotidiana de los aborígenes salteños que morían deshidratados por falta de lo básico para sobrevivir. Pocos años después, el gobierno de Carlos Saúl Menem privatizó YPF y Gas del Estado. Descubiertos los combustibles en la década del 40, las vidas de miles de familias y pueblos giraron en torno al desarrollo de estas megaempresas estatales. Con los despidos de casi el 90 por ciento de su personal, la población norteña quedó, directa o indirectamente desocupada. Fue este presidente quien anunció, en Tartagal, que el país construiría cohetes para viajar hasta Japón. Mientras tanto, la miseria avanzaba. El país conoció entonces el significado de los piquetes, término de origen petrolero, que se convirtió en el desesperado modo de protesta de los nuevos pobres. En la ruta nacional 34, miles de hombres, mujeres, niños, aborígenes demostraron las consecuencias de las políticas formuladas en Washington en la década del 90: desempleo masivo, migración, desintegración familiar, colapso económico y financiero de la zona.
Las puebladas lograron, en el 2003, la firma de un acuerdo que preveía una reparación histórica del norte salteño. De los 34 puntos convenidos, apenas se cumplió con la entrega de miles de planes sociales a desocupados, por valor de 150 pesos por mes. Las reformas estructurales nunca se hicieron. La explotación de la naturaleza continúo.
El primer alud
En el 2006, la crecida del rio Seco se llevó el puente carretero sobre la ruta 34 dejando aislado a todo el departamento San Martín. Pocos días después fue el torrente descontrolado del rio Tartagal que destruyó su canalización urbana y desmoronó decenas de viviendas asentadas en sus márgenes. Otra vez, las fuerzas desatadas de la naturaleza, además del daño material y humano que causaban, se presentaban para volver a poner al descubierto las penurias sociales. Tal como lo expuso en ese año la Universidad Nacional de Salta, tras el primer alud, en el informe “Diagnóstico y Evaluación de la cuenca del Río Tartagal y área de influencia”, elaborado por el ingeniero en Recursos Naturales Claudio Cabral y la ingeniera química Gloria Plaza [iii], existía evidente responsabilidad en el desastre que tenían los desmontes de los bosques nativos y la tala indiscriminada por parte de empresarios madereros, productores agropecuarios y las exploraciones sin control por parte de las petroleras extranjeras.
En el mismo sentido y en la misma época se pronunciaron otras organizaciones sociales, algunas dedicadas al medio ambiente, otras a los derechos aborígenes, como por ejemplo Greenpeace, Foro Salteño por la Tierra, la Pastoral Aborigen, por mencionar sólo algunas.
En aquel momento, el gobernador (actual senador nacional), Juan Carlos Romero, sostuvo que los desmontes no tenían nada que ver con los desmadres y aseguró, según informó el diario El Tribuno el 6 de abril de 2006: “Lo que está ocurriendo en el norte de la provincia es un fenómeno natural sin precedentes. No hay nada que haya colapsado, solo el mal tiempo reinante”.[iv]
Dos años atrás, el “Informe Comisión Oficial lotes 32 y 33. General Pizarro. Universidad Nacional de Salta (UNSa)”, realizado por los catedráticos Raúl Seggiaro, Héctor Rodríguez, Marita Couto, Ana Silvia Símesen y Marta de Viana, destacó [v]; “Los procesos de destrucción de la naturaleza más devastadores así como los de degradación socioambiental, han sido y son resultado de las prácticas inadecuadas de desarrollo económico: industria basada en combustibles fósiles, deforestación, prácticas inadecuadas d uso del suelo, que dependen de un modelo de crecimiento, que permite maximizar ganancias económicas en el corto plazo para unos pocos, revirtiendo sus costos sobre los sistemas naturales y sociales.
La crisis ecológica es decididamente el subproducto de la expansión de un sistema que necesita de la acumulación y la depredación descontrolada para subsistir”.
El documento asume un sólido compromiso político por cuanto enfatiza: “Es por ello que la Universidad –como referente ético de un modelo que priorice la vida- debe comprometerse con su presente histórico, esto es, con la crítica permanente a esta civilización de la mercantilización universal que implica que todas las relaciones estén permeadas por el cálculo egoísta”.
El informe concluye con varias recomendaciones, entre las que destacamos: “Se hace necesario, entonces:
• Que se enfatice que la naturaleza, la vida, los derechos humanos, la libertad, el amor y la cultura no son intercambiables en el “mercado”.
• Que se erija en bastión de un proyecto alternativo priorizando para ello, valores cualitativos, éticos, políticos, sociales y culturales, que no pueden ser reducidos a cuantificación monetaria”.
Furia marrón
El pasado 9 de febrero, alrededor de las 10 de la mañana, el rio Tartagal trajo desde los cerros ubicados al Oeste de la ciudad un alud de lodo, agua y troncos. La furia marrón arrancó como si fuera de cartón el imponente puente ferroviario, inaugurado 85 años atrás, y se estrelló contra la angosta abertura del puente vial sobre la avenida principal. Los hierros, el concreto y los troncos formaron un dique por lo que la descomunal fuerza del torrente desbordó el cauce hacia ambas márgenes y sepultó todo lo que halló a su paso. Varias cuadras adentro de la ciudad alcanzó el alud. Algo de fortuna hubo. Aquel lunes los pobladores ya estaban despiertos y por eso se salvaron centenares de vidas. Dos mujeres mayores se vieron arrebatadas de sus hogares y nueve días después sus cadáveres fueron hallados veinticinco kilómetros aguas abajo. Miles de personas quedaron con lo puesto. Todo lo que tenían, de valor material y sentimental, quedó bajó el barro. En algunas casas, el lodo alcanzó los techos.
Las autoridades gubernamentales, locales y de la Nación, actuaron con rapidez, aunque con tropiezos logísticos. La organización de la ayuda se fue materializando con la participación del Ejército, la Gendarmería, entidades religiosas de distintos credos y miles de personas y organizaciones sociales y populares de todo el país que respondieron solidariamente para asistir a las víctimas salteñas.
Luego, llegaron los análisis de la tragedia. Los argumentos se convirtieron en acusaciones cruzadas entre ONGS., catedráticos y especialistas, gobiernos, empresas, pobladores y comunidades aborígenes.
Para la mayoría de los funcionarios provinciales y algunos de la Nación, como por ejemplo aseguró el mismo día a todos los medios el ex ministro del Interior Florencio Randazzo, [vi] la tragedia fue obra de la naturaleza, no se podía evitar y descartaron que los desmontes para cultivos de soja hayan causado la erosión del suelo y la furia del río desbocado.
Por el contrario, para organizaciones como Greenpeace, algunas comunidades aborígenes y especialistas universitarios, la expansión de la frontera agrícola y la tala descontrolada de madera habían logrado alterar el equilibrio de la naturaleza, con la destrucción de la cubierta vegetal, y determinaron el alud. Otras organizaciones y pobladores de la zona recordaron que la responsabilidad no sólo era de los productores agropecuarios, sino principalmente de las empresas madereras y las petroleras, que desde muchas décadas atrás extraen árboles nativos de los cerros, sin control y mucho menos reforestación.
La prensa gráfica salteña se dividió en dos posturas: por una parte el diario El Tribuno, propiedad de la familia del ex gobernador Romero, encabezó los argumentos del gobierno de Salta y los empresarios del medio, echando la culpa a la furia natural; por su lado, el Nuevo Diario pareció darle la razón a las organizaciones sociales, la Universidad de Salta y a las comunidades. El matutino romerista eligió como blanco de sus críticas a los activistas antidesmontes de Greenpeace, quienes se enfrentaban a las topadoras con sus cuerpos para impedir el arrasamiento del monte nativo. La organización fue descalificarla públicamente, con acusaciones éticas y económicas.
El revuelo mediático en todo el país logró que, tras 14 meses de postergación, el gobierno Nacional reglamentase la Ley Nacional N° 26.331, de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos”, más conocida como “Ley de Bosques”. (Ver “Qué dice la Ley de Bosques, Anexo 2). A esta norma se sumaron escritos de la Corte Suprema, medidas cautelares que desde el año pasado habían puesto su atención en el Norte salteño pero que a partir de marzo de este año prohibieron las talas e intimaron al gobierno provincial a informarle sobre las acciones u omisiones que alteraron la naturaleza norteña. Ante estos pronunciamientos, las empresas madereras y agropecuarias no se quedaron callados, como veremos más adelante.
Los especialistas que trabajan en la zona consultados para este informe coincidieron en subrayar la responsabilidad empresaria. En tal sentido, la antropóloga Norma Naharro, docente, directora de la Escuela de Antropología de la UNSa. e integrante del Foro Salteño por la Tierra, señaló: “Es muy difícil determinar una sola causa directa del alud, pero los estudios realizados en la alta cuenca del rio Tartagal demuestran que uno de los aspectos que más influyó de manera directa fue la tala llevada a cabo en esa zona para aprovechamiento de madera”. (Ver entrevista a Norma Naharro en Anexo 3).
Al consultarle si estaban identificados los autores de los desmontes, Naharro dijo: “Por supuesto que hay responsables de la tala; no se ha hecho ningún esfuerzo gubernamental por identificarlos ya que reconocer que el alud se produjo por intervención humana implica reconocer que por acción u omisión el gobierno tiene responsabilidad. Muchos pobladores locales señalan al intendente de Tartagal (Sergio Leavy, destituido y acusado de defraudación. Ndr.) como el dueño de uno de los aserraderos que se proveía de madera extraída de esa zona”.
Sin medias tintas, Hernán Giardini, de Greenpeace, dispara: “El principal responsable es el gobierno de la provincia que autorizó desmontes indiscriminadamente. Salta es una de las provincias con mayores niveles de deforestación del país”. (Ver entrevista a Hernán Giardini, de Greenpeace, Anexo 4)
En esta época del año no llueve en Salta. Los pobladores, por ahora, están más tranquilos. Pero la polémica continúa y se refleja en los conflictos entre los diversos intereses en pugna. Estos se expresan en reclamos populares, escritos judiciales, presiones políticas e información periodística generalmente descontextualizada.
“Gente de desarrollo”
“Senadores quieren que el desmonte se permita en toda la provincia”. Este es el título aparecido en el Nuevo Diario, de Salta, el miércoles 12 de agosto [vii], en referencia al pedido de los legisladores salteños al Gobierno de Juan Manuel Urtubey, en abierto rechazo al fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la suspensión de todo tipo de tala tras el alud de Tartagal, a la Ley de Bosques, sancionada poco después de la tragedia y la ley provincial Nº 7543 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, la cual había sido sancionada el 16 de diciembre de 2008 y fue publicada en enero.
La molestia de los senadores provinciales radicó concretamente en que a principios de julio, el Gobierno de Salta anunció la culminación del Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos, estableciendo que podrán habilitarse desmontes por más de un millón y medio de hectáreas, lo que representa cerca del 20 por ciento de los bosques nativos de la provincia. Los productores y empresarios madereros tenían previsto desmontar cinco millones de hectáreas, según informó El Tribuno el 15 de julio de este año [viii].
El decreto provincial incluye el mapa de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la provincia. Este mapa establece: 1.294.778 hectáreas en la Categoría I – Rojo (áreas protegidas, no se permite desmonte ni aprovechamiento forestal), 5.393.018 hectáreas en la Categoría II – Amarillo (permite aprovechamiento forestal, pero prohíbe desmontes), y 1.592.366 hectáreas en la Categoría III – Verde (permite su desmonte parcial). Con esta zonificación, la futura autorización de desmontes para el desarrollo agrícola y ganadero en la provincia de Salta queda reducida a las zonas establecidas en la Categoría III – Verde (el 19,23% de sus bosques) previa aprobación de estudios de impactos ambientales y la realización de audiencias públicas con los pobladores criollos y aborígenes. (Ver mapa Ley Ordenamiento Territorial de Salta, Anexo 5).
Quien encabezó el plantón de los senadores fue el actual senador provincial y electo diputado nacional, Alfredo Olmedo, conocido productor sojero, en una reunión mantenida el 11 de agosto con el ministro de Ambiente de la provincia, Julio Nasser, la secretaria de Política Ambiental, Cristina Camardelli, y el coordinador de Política Ambiental y Desarrollo, Félix González Bonorino, de acuerdo a la publicación del Nuevo Diario del 12 de agosto. "Pinte todo de verde", exigió el agricultor a Nasser, queriendo decir que
toda la provincia sea susceptible de ser desmontada, dado que ese color es el que indica en donde se puede fomentar el avance de la frontera agrícola. Los legisladores, mayoritariamente justicialistas, argumentaron que para superar la pobreza era necesario que Salta de dedique a la "producción primaria", para lo cual consideran imprescindible el desmonte a gran escala. [ix]
Según el Nuevo Diario, uno de los departamentos más perjudicados por el avance de la frontera agrícola que sufrió inundaciones fue San Martín. “No obstante, la referente de ese departamento, Catalina Ponna, acompañó el discurso de Olmedo respecto de la ‘cultura del trabajo’, y el ‘progreso’”. Ponna también puso en duda las actividades que realizan comunidades originarias al indicar que "el 51% de la extracción de madera está hecha por parte de los indios (sic), y el resto por empresas que cumplen con todos los requisitos legales".
Asimismo, Olmedo sostuvo una curiosa teoría socioantropológica al asegurar que las limitaciones a los desmontes coartan “a la gente de desarrollo psíquico, mental y social".
La representación de los hacendados
“La Representación de los Hacendados” fue un informe económico escrito por Mariano Moreno en 1809 en defensa de los comerciantes criollos del Virreinato del Río de la Plata. El abogado que luchaba por la independencia usó su pluma vehemente para demostrar los perjuicios que causaba a los criollos la decadente economía colonial española. El escrito fue uno de los antecedentes del 25 de Mayo de 1810, que dio nacimiento a la Nación Argentina.
Distintas parecen las motivaciones, y las expresiones, de los productores que vieron afectados sus intereses con la prohibición del desmonte. Pocas semanas después del alud, los desmontadores comenzaron a movilizarse y, por ejemplo, El Tribuno publicó como nota de tapa, el 18 abril: “Reducen jornadas de trabajo a madereros por falta de material”. El diario aclara en su bajada “Achacan el problema al fallo de la Corte que suspendió las actividades de explotación y desmonte en Salta por 90 días” [x]. De acuerdo al diario, el presidente del Centro de Obrajeros de Orán, Luis Beluccini, y el dirigente del Sindicato de la Industria Maderera, Gregorio Salinas, se reunieron con el ministro de Desarrollo Económico salteño, Julio César Loutaif, para quejarse de que la medida del máximo Tribunal paraliza toda la industria maderera desde el mes de abril, “afectando a unas 7.000 familias”.
El 15 de julio, el mismo matutino informó que el día anterior se habían reunido en la Sociedad Rural local “trescientos productores de Prograno, la Asociación de Productores de Legumbres, de la Rural, y madereros, que se sienten afectados por el decreto reglamentario de la ley de ordenamiento territorial, que están expectantes por que compraron tierras” (sic). Asimismo, El Tribuno advertía que el conflicto sería llevado a la Mesa de Enlace. Según explicó el matutino, el nudo del conflicto es “el texto reglamentario (que) habilita 1.500.000 hectáreas para actividades productivas, cuando la ley (en referencia al proyecto presentado por los empresarios) prometía al sector más de 5 millones de hectáreas. Ahora los productores las reclaman y advierten que la decisión del Gobierno postergó al Norte y complicó, especialmente, al sector ganadero” [xi].
“Nostálgico del árbol”
Intentando calmar a los productores, la postura oficial del gobierno de Salta fue anunciada por el gobernador Juan Manuel Urtubey, en la página central de El Tribuno, el domingo 15 de Marzo. En la entrevista, un periodista le pregunta[xii]:
- Un tema caliente, referido a los desmontes. ¿Cómo se compatibiliza el interés de preservación del ambiente con la política de desarrollo provincial, luego de la Ley de Ordenamiento Territorial a la que adhirió Salta?
- No hay ninguna provincia argentina que haya sancionado por Ley el ordenamiento territorial como lo hicimos nosotros. Se hizo con una gran responsabilidad. Salta debe seguir desarrollándose y debe crecer. Qué opinen de mí algunos inescrupulosos que están tratando de proteger vaya a saber qué intereses, me tiene sin cuidado. Sí me preocupan situaciones de alta gravedad institucional. Hoy en la Argentina estamos frente a un caso que considero complicado. Hay aquí un planteo que está evaluando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde se analiza la constitucionalidad de actos administrativos emanados del derecho público provincial. Es el primer antecedente, desde 1853, en donde la Corte Suprema de Justicia invade facultades del derecho público provincial. Repito: es un hecho de una gravedad institucional importante, y espero que se resuelva bien.
- Ocurre que en este tema, desde Buenos Aires, se habla mucho y se conoce poco, por no decir nada...
- La Corte Suprema ha avanzado, a través de una medida cautelar, en las autorizaciones de desmontes existentes en tres departamentos salteños. En uno se confundieron, porque parece que no entendían que había un municipio, que es Santa Victoria Este, y un departamento con el mismo nombre. Entonces, prohibieron los desmontes en Santa Victoria Oeste, que es pura montaña. Según parece, no tuvieron tiempo ni de ver una foto satelital...
- ¿Cómo percibe hoy la opinión de los salteños sobre este punto?
- Yo tengo claro que los que deben evaluar mi gestión son los salteños. Y, afortunadamente, me siento muy acompañado por ellos. Si algún otro, nostálgico del árbol que se le cayó en una plaza en la ciudad de Buenos Aires, no quiere que nosotros tengamos desarrollo, y que vivamos todos en una reserva natural, es un problema de él, no mío. Salta en ningún momento descuidó la preservación ambiental”.
Urtubey no mencionó en ningún momento los estudios que demostraron la irracionalidad de los desmontes, en relación a los pobladores. Además de las organizaciones ambientalistas y de aborígenes y los informes de la UNSa. obvió el trabajo efectuado por su ex secretaria de Ambiente de Salta, la antropóloga Catalina Buliubasich. La profesional, de vasta trayectoria académica y de campo en la zona, renunció a su cargo en el 2008. “Mi trabajo fue siempre de defensa de los bosques y poblaciones indígenas desde la universidad”, aseguró la docente de la UNSa., investigadora en la zona y ex decana de la Facultad de Humanidades, quien logró, como funcionaria del gobierno de Urtubey, detener 18 desmontes. (Ver entrevista a Catalina Buliubasich, Anexo 6).
“Fundamentalismo ambientalista”
El trágico alud en Tartagal y las controversias acerca de los desmontes y su relación con las penurias de los pobladores demostraron no sólo intereses contrapuestos entre éstos y empresas acusadas de las masivas talas, como también las políticas ambientales de los dos últimos gobiernos salteños, sino también una polémica línea editorial del diario El Tribuno. Este, desde el primer momento, defendió la tesis de la catástrofe natural, de que los desmontes no causaron el desastre norteño y se puso al frente de los reclamos empresarios, enfrentándose con las organizaciones sociales y comunitarias que afirmaban lo contrario. Y Greenpeace, una organización de alcance mundial y por lo tanto “extranjera”, fue su declarado enemigo.
Con un título que es una acusación explícita, el secretario de redacción de El Tribuno, Francisco Sotelo, publicó el 23 de julio de este año “¿Cuál es el negocio de Greenpeace con la ley de bosques? [xiii]. Desde el primer párrafo, el periodista dispara que “El conflicto por la reglamentación de los desmontes en Salta vuelve a mostrar una contradicción crítica entre intereses: los de la provincia y los del fundamentalismo ambientalista. En otras palabras, Salta debe decidir si acepta convertirse en una enorme reserva natural y cultural, o si se encamina hacia el desarrollo sustentable”. A continuación, Sotelo, identifica y acusa: “La máxima expresión del fundamentalismo ambientalista es la multinacional Greenpeace. ¿Puede asegurar la entidad que no lo mueve otro interés que el ambiental? Los agravios que Greenpeace dedica a los productores rurales salteños invocando los derechos de los pueblos originarios muestran, una vez más, la facilidad con que se utilizan las necesidades de la gente. Ni Greenpeace ni quienes apoyan sus utopías creen posible retrotraer la historia a 1492. Tampoco es creíble que los aborígenes genuinos quieran ser congelados en el tiempo y privados de los beneficios que brindan la tecnología, la educación y la salud pública modernas”. El Tribuno lanza otra acusación y afirma que “los propósitos de la transnacional verde resultan confusos; por caso, uno de sus dirigentes de mayor exposición, Emiliano Ezcurra, analiza ahora negocios inmobiliarios en las yungas de nuestra provincia”. Sotelo, quien antes de trabajar en El Tribuno vivió algunos años en el norte salteño, afirma que “Greenpeace dice que se opone a los desmontes por amor a la vida silvestre, pero forma parte de la cruzada contra la soja, impulsada por grandes corporaciones europeas con intereses agrícolas. Se trata de una guerra comercial revestida de argumentos ecológicos. Los europeos quieren condicionar las producciones del continente americano”. El redactor interpreta que todas las campañas de Greenpeace tienen objetivos recaudatorios. Y asegura “Suponiendo que las recaudaciones tuvieran metas subjetivamente nobles, tales propósitos son objetivamente nefastos para nuestra provincia”. En tal sentido argumenta “El mundo ofrece posibilidades inéditas para la producción de alimentos y Salta cuenta con las condiciones necesarias para producirlos. La paralización de la actividad agroforestal en todos los departamentos del norte provincial es suicida”.
Hernán Giardini, en nombre de Greenpeace Argentina [xiv], desmintió categóricamente a El Tribuno y lo acusó de mentirle a la opinión pública en pos de representar intereses económicos que no son los de las mayorías.
“Greenpeace se financia con el aporte de 70.000 socios y no recibe dinero ni de empresas ni de gobiernos y no persigue ningún interés de esa naturaleza en su trabajo por la defensa del bosque salteño”, aseguró Giardini.
“No es la primera vez que El Tribuno, un diario dirigido por el hermano del ex gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, realiza ataques fundados en hechos falsos contra la organización. Lo curioso es que, desconociendo mínimos y elementales principios de rigurosidad periodística, nunca fuimos consultados ni se nos ha permitido replicar muchas de las temerarias afirmaciones vertidas sin sustento periodístico alguno”, argumentó.
Giardini realiza una interpretación de la belicosa actitud de El Tribuno: “Evidentemente, la idea de una organización independiente que no responde a intereses de ningún tipo es incomprensible para un diario que, claramente, representa a intereses sectoriales por sobre el interés colectivo y que sólo refleja editorialmente las opiniones de los sectores que representa”.
El coordinador de la Campaña de Biodiversidad de Greenpeace Argentina sostuvo que las publicaciones de El Tribuno (descalificando a la organización), “llenas de calumnias y mentiras, surgen luego de la sanción del decreto que define el mapa de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos de Salta. Esta zonificación, que protege el ochenta por ciento de los bosques de la provincia, fue rechazada por entidades de productores agropecuarios que demandaron públicamente su modificación y más de cinco millones de hectáreas para el desmonte”. (Ver Entrevista a Hernán Giardini, Greenpeace, en Anexo 4)
Cerros descabezados
Tartagal se encuentra pocos kilómetros al Este de las sierras que llevan el mismo nombre y constituyen el borde oriental de las yungas. Ya se dijo que la zona era rica en recursos forestales y su subsuelo aún guarda reservas de petróleo y gas. Según la agencia noticiosa web COPENOA [xv], dirigida por el periodista Marcos Díaz Muñoz, y las fotografías por él obtenidas, tomadas en las sierras de Tartagal y Mosconi, dejan al descubierto la forma de "desmochar" (arrancar) los cerros sobre los cuales “se decide la ubicación de pozos de petróleo o gas por parte de petroleras multinacionales que operan en esta provincia”. “Previamente los cerros son volados con explosivos y con la ayuda de topadoras, el cerro elegido es nivelado para la construcción de una importante plataforma, sobre al cual aparte de las instalaciones de perforación, bombeo y de almacenamiento estarán también un helipuerto, una playa de maniobras y para maquinaria vial y los eventuales campamentos. Este ‘descabezado’ de un cerro implica sencillamente rebajarle la cima en 20 0 40 metros, con la obvia remoción de miles de metros cúbicos de tierra, que generalmente son volcados sobre alguna quebrada de los alrededores”. Muñoz aporta datos del ingeniero Martín Herrán, docente e investigador de la Universidad Nacional de Salta, quien asegura, en base a documentos oficiales, que desde 1962, los desmontes y talas, sean para explotaciones petroleras, madereras o agropecuarias “ascienden a 1.853.644 hectáreas”. Casi 100 veces el tamaño de la Capital Federal.
Para que se desmonta
En un informe científico reproducido por el sitio web http://www.maraustralis.com/ [xvi], la ingeniera María Laura Ríos aseguró que los “Los desmontes y la modificación de la cobertura vegetal (en la zona de Tartagal y el departamento San Martín) se realiza con los siguientes fines: 1. Actividad hidrocarburíferas 2. Aprovechamiento forestal 3. Explotación agrícola 4. Explotación ganadera”
Además, la ex funcionaria de La División de control Ambiental de la Provincia de Salta sostiene que “la eliminación de la cubierta vegetal genera una desprotección del suelo (frágil en la zona) y un aumento en la erosión causada por el impacto de las gotas de lluvia, quienes ya no encuentran resistencia para llegar al terreno. La falta de vegetación reduce la capacidad de infiltración del agua y el consecuente aumento de la escorrentía (agua que corre laderas abajo cuando las precipitaciones superan la capacidad de infiltración, constituyendo la principal causa de erosión. Ndr) provocando la movilización de suelos y restos vegetales hacia aguas abajo. Sinérgicamente, la falta de cobertura vegetal -que actúa como sostén del terreno- deja liberada gran cantidad de material edáfico (del suelo, ndr). Consecuentemente aumenta la velocidad de la escorrentía en zonas desmotadas y una mayor cantidad de sólidos (suelos, restos vegetales, residuos, etc.) se disponen en los cauces de ríos y arroyos, generando aumento en los caudales, velocidades y contenido de sólidos”. La especialista y conocedora de la zona explicó “Las picadas sísmicas, los caminos hacia pozos petroleros, caminos en fincas y zonas de extracción de madera que no se diseñan y mantienen adecuadamente se convierten en una fuente segura de los movimientos en masa típicos de la zona. Las evidencias de esto son grandes, se avistan inclusive en imágenes satelitales (como en Google Earth). En la Sierra de Tartagal, particularmente, las pérdidas de suelo y materia vegetal ocasionadas son severas; hasta el punto de derrumbarse laderas o perderse caminos completos. Todo este material suelo queda a disposición de la gravedad y la escorrentía que se encargarán de arrastrarlo pendiente abajo, hasta alcanzar algún cauce”.
“Los peores desmontes”
Desde el comienzo del gobierno de Juan Carlos Romero, y el diario propiedad de su familia, El Tribuno, aseguraron que las críticas a la devastación del bosque nativo en el Norte salteño procedían de grupos ambientalistas extremistas, con oscuros intereses económicos transnacionales, que se oponían a la expansión de la frontera agropecuaria. La acusación era que esas denuncias de, por ejemplo Greenpeace, impedían en realidad el desarrollo económico, mantenían el atraso e impedían la creación de fuentes de trabajo que permitirían reducir los altos índices de pobreza de esa región. Las imputaciones eran contradictorias con un amplio consenso de rechazo a la deforestación masiva. Entre quienes señalaban los perjuicios naturales y sociales se encontraban científicos, académicos, Organizaciones no Gubernamentales y medios de comunicación de las más diversas ideas políticas. Uno de ellos era el diario La Nación, a quien no podía acusársele de extremista. El matutino recordaba, en una editorial del 22 de octubre de 2007, que más de 1.200.000 argentinos suscribieron un petitorio para que los senadores nacionales apoyen la sanción de la Ley de Bosques. “Aquella norma, todavía con apenas media sanción, fue aprobada por la Cámara de Diputados por abrumadora mayoría, aunque con algunos pocos votos en contra de diputados de Salta, la provincia donde ocurren los peores desmontes” [xvii]. Según La Nación, "En los 80 minutos que dura un partido de los Pumas, 40 hectáreas del hábitat donde viven los verdaderos pumas desaparecen bajo las topadoras."
Otra denuncia
El mes pasado, Greenpeace denunció como excesiva la superficie de desmontes que permitirá la provincia. Son más de un millón y medio de hectáreas, lo que representa 20 por ciento de los bosques nativos de ese territorio. La denuncia fue hecha después de que el gobierno de Salta anunciara la culminación del Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos, donde se establece ese esquema de desmonte.
"Es muy importante que Salta haya concluido el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos y que estén protegidos el 80 por ciento de sus bosques y los territorios que ocupan y utilizan las comunidades indígenas", dijo Hernán Giardini, coordinador de la campaña bosques de Greenpeace. "Sin embargo, teniendo en cuenta la emergencia forestal en la que nos encontramos, consideramos excesiva la superficie que estará expuesta al desmonte, ya que permitirá a la provincia mantener su ritmo actual de deforestación por más de una década", precisó.
Mediante un decreto, el Poder Ejecutivo salteño reglamentó la ley provincial 7.543, aprobada en diciembre, que incluye el mapa de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la provincia [xviii]. De acuerdo con este esquema, se establece que 1.294.778 hectáreas integran la Categoría I-Rojo, que son las áreas protegidas, en las que no se permite desmonte ni aprovechamiento forestal. Otras 5.393.018 hectáreas están en la Categoría II-Amarillo, que permite aprovechamiento forestal pero no desmontes. Finalmente, 1.592.366 hectáreas forman parte de la Categoría III-Verde, que permite su desmonte parcial.
Un alud en el gobierno salteño
Los primeros días de agosto de este año, algo parecido a un alud cayó en la sede gubernamental salteña. La Corte Suprema de Justicia intimó, con plazo, al gobierno de Juan Manuel Urtubey a presentar estudios de impacto ambiental y los permisos de tala otorgados hasta la fecha. La noticia fue ampliamente divulgada por los medios nacionales y locales en general, destacándose el diario Crítica, que publicó con amplio despliegue la noticia el 5 de agosto; los mismo que La Nación y el Nuevo Diario, éste último, en la tapa. El diario El Tribuno, dos días después, confinó la información a dos columnas en el interior de la edición impresa. En la página web ni siquiera lo mencionó [xix].
La presentación como perjudicados había sido realizada por las comunidades de las etnias wichis de San Ignacio Loyola, Zona Bermejo y San José Chustaj Lhokwe, “responsabilizando al Estado salteño por no cumplir, tanto por acción como por omisión, con sus obligaciones al otorgar autorizaciones de desmonte que perjudican, según ellos, los derechos y garantías de los habitantes originarios”, de acuerdo al texto del Nuevo Diario.
Además del estudio de impacto ambiental, el Ejecutivo debía entregar al máximo Tribunal un informe con los nombres y apellidos o razones sociales, con sus respectivos domicilios, de todas las personas físicas y jurídicas que solicitaron y obtuvieron autorizaciones para destruir bosques nativos. La Corte Suprema ya había dispuesto en diciembre del año pasado el cese preventivo de desmontes y talas de los bosques nativos de un millón de hectáreas que habían sido autorizados por el Estado provincial durante el último trimestre de 2007 -por un incremento exagerado de pedidos de autorización- en los departamentos de Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria. La norma judicial se extendió noventa días más en marzo. "La tala y desmonte de aproximadamente un millón de hectáreas tendrá un efecto sobre el ambiente que no se puede ignorar y que, en palabras expresadas por el representante de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni, en la audiencia pública del 18 de febrero del corriente año, seguramente será negativo", insistieron los jueces, según publicó el diario Página 12 el 13 de febrero [xx]. Las disposiciones judiciales del máximo tribunal de la Argentina muestran, luego de décadas de olvido con las comunidades aborígenes y los recursos naturales del Norte del país, el interés de que los estudios científicos requeridos procuren un equilibrio entre el desarrollo económico de la región y el respeto por la calidad de vida de los pobladores y la ecología.
Los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni señalaron en el escrito, de acuerdo a la información publicada por Página 12, el 27 de marzo de este año [xxi], que tras haber constatado "una situación clara de peligro de daño grave", alertaron que, de continuar con la tala se "podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima en la región, afectando no sólo a los actuales habitantes, sino a las generaciones futuras". Agregaron, "este perjuicio, de producirse, sería además irreversible, porque no habría manera alguna de volver las cosas a su estado anterior". El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, destacó “la importancia doctrinaria de esta sentencia: es la primera vez, en la Argentina y en casi todo el mundo, que se aplica el principio precautorio en materia ambiental”.
Frente a frente en la Corte
Días antes, el encuentro hubiera parecido imposible. Pero luego de la tragedia de Tartagal, los magistrados de la Corte Suprema reunieron en una audiencia a representantes de comunidades wichi y el gobierno provincial. El tema: las razones del alud.
Los aborígenes denunciaron las pérdidas de bosques nativos en Salta. Las autoridades salteñas reconocieron las afirmaciones de los pobladores originarios. Pero no hubo acuerdo sobre la causa del alud.
El periodista Carlos Rodríguez, de Página 12, escribió el 19 de febrero que los representantes legales de nueve comunidades wichis de Salta aseguraron ante los magistrados que en el último decenio se perdieron, sólo en el territorio salteño, “doce mil kilómetros cuadrados de bosques nativos”, es decir 1,2 millón de hectáreas. De mantenerse la tendencia en esa provincia, que tiene el 22 por ciento del reservorio total del país, los bosques nativos salteños “se perderían en forma total en 60 años”. Se dijo, incluso, que si el ritmo de tala es igual al ocurrido en el último trimestre de 2007, cuando el proceso se aceleró “en apariencia para adelantarse a la sanción de la llamada Ley de Bosques”, que limitó el desmonte, “la pérdida total de los bosques nativos salteños se produciría en apenas 15 años” [xxii].
En nombre de las comunidades expuso el abogado Raúl Ferreyra, que trabaja junto con la ex defensora del pueblo de la ciudad de Buenos Aires Alicia Oliveira, y los pobladores Dino Salas y Alfredo Riera. Por el gobierno de Salta hablaron el fiscal de Estado, Ricardo Casali Rey, y el ministro de Ambiente, Julio Nasser, mientras que el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero Bibiloni, lo hizo en nombre del gobierno nacional. De acuerdo a la información periodística, Ricardo Lorenzetti (presidente), Elena Highton de Nolasco (vicepresidenta) y los vocales Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, interrogaron largamente a los expositores, sobre todo a los funcionarios de los dos gobiernos. El ministro Maqueda le preguntó al abogado Ferreyra si la deforestación de “un millón de hectáreas en Salta, entre 1998 y 2007, un tercio de esa cifra en el departamento San Martín, cuya cabecera es Tartagal” podría ser la causa del alud. El abogado de los wichis fue enfático: “De acuerdo con lo que han relatado mis representados y algunos ingenieros agrónomos que nos asisten, sí, efectivamente, no hay posibilidades de desligar el desastre de los desmontes”.
La misma pregunta fue hecha a los representantes de los dos gobiernos. “No hay por el momento ninguna base científica que permita relacionar el desmonte con el alud, sobre todo si se toma en consideración que la alta cuenca del río Tartagal, donde se produjo el deslizamiento, no ha recibido desmontes”, respondió Casali Rey, ignorando los informes universitarios. El secretario Bibiloni, por su parte, admitió que “todo desmonte tiene algún impacto”, pero a continuación señaló que “en este caso entiendo que no, porque no hubo tala en la zona donde se generó el caudal de agua que provocó el alud”. Ninguno de los funcionarios mencionó la existencia de algún estudio científico realizado por la provincia.
Los representantes de los aborígenes insistieron en que las autorizaciones para los desmontes fueron firmadas por el gobierno anterior de Juan Carlos Romero. La Corte reconoció esa situación pero recordó que la continuidad jurídica del Estado hace que el nuevo gobierno tenga que responder por lo ocurrido.
El abogado Ferreyra aportó un dato estremecedor: “Cuando el país comenzó como tal, había 50 hectáreas de bosques por habitante. Hoy queda una hectárea por habitante”.
El diario publicó que Nasser reconoció que el gobierno salteño no tenía una evaluación del impacto ambiental y social de los desmontes que se autorizaron en los últimos años. “¿Hubo alguna instancia de evaluación en cuanto al efecto acumulativo de las autorizaciones en materia de impacto ambiental?” preguntó el juez Zaffaroni. “Hasta el momento, no”, se sinceró el funcionario salteño.
“Victoria de la gente”
Cuatro días después de la tragedia de Tartagal, los medios informaron que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, junto al secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero Bibiloni, anunció la firma de la reglamentación de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos, a la que consideró una iniciativa para "la defensa de la riqueza forestal" [xxiii]. La jefa de Estado sostuvo que hubo que trabajar "entre la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Agricultura, porque esto tiene que ver con el avance de la frontera agrícola ganadera, y debemos articular sensata y racionalmente ambos aspectos". La reglamentación de la Ley de Bosques demandó "un gran esfuerzo de coordinación, porque no es sólo la decisión del ejecutivo sino articular también con los gobiernos provinciales", aseguró.
Greenpeace calificó, apenas realizado el anuncio oficial, como “una victoria de la gente”. La organización sostuvo que “la reglamentación sólo fue posible gracias a los miles de correos electrónicos y llamadas telefónicas que personas de todo el país realizaron a la Casa Rosada, tal como sucedió hace más de un año cuando se juntaron cerca de un millón y medio de firmas para que el Congreso Nacional la sancionara. Sin dudas, ésta es una victoria de la gente”, afirmó Hernán Giardini.
La Pastoral Aborigen
“No deja de sorprendernos la ligereza de los dichos de nuestras autoridades políticas, desde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hasta el gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey y sus funcionarios subalternos. Rechazan de plano y sin lugar a consideraciones la posibilidad de relacionar el alud y la crecida del RíoTartagal con las actividades extractivas madereras que se llevan adelante en la región. Existen serios estudios que demuestran cómo los desmontes, talas irracionales, apertura de picadas para actividades petrolíferas y otros aprovechamientos sin los debidos estudios de impacto ambiental y control público, han alterado significativamente el equilibrio ecológico de la zona. Desconocerloimplica un acto de necedad e irresponsabilidad política”, argumentó, el 15 de febrero de 2009, el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), por medio de su coordinador nacional, el presbítero Ponciano Acosta [xxiv]. El comunicado de los sacerdotes, quienes junto a otras iglesias realizan un silencioso pero continuo trabajo en la zona desde hace décadas, continúa y se pregunta, “¿Puede atribuirse toda la responsabilidad a fuerzas de la Naturaleza cuando desde hace años existían estudios de la Universidad Nacional de Salta, entre otros, que alertaban acerca de la posibilidad de derrumbes e inundaciones provocado por el deterioro de la cabecera de la cuenca del Río Tartagal? ¿Puede hablarse de hechos inevitables cuando los estudios científicos y hasta el sentido común demandaban la necesidad de encarar urgentes medidas que detengan o, por lo menos, controlen las acciones del Hombre? ¿Es posible eximir de responsabilidad a autoridades políticas que estuvieron ausentes, que no quisieron escuchar, que no previeron, que niegan la realidad?”
La pastoral alerta asimismo: “Ante los hechos y las reacciones, es de esperar que nuevas catástrofes como la de Tartagal se repitan periódicamente. Como dato alarmante, basta recordar la recientemente aprobada ‘Ley de Ordenamiento de Bosques Nativos Provincial’ que vulneró el proceso participativo previo y desconoció los criterios científicos, dejando abierta la posibilidad de desmontar alrededor de 4.000.000 de hectáreas, cuando los estudios señalan que perder más de 1.200.000 hectáreas en la provincia implica uninmenso peligro ambiental”. Concluía el documento con un compromiso: “como organismo pastoral de la Iglesia Católica en Argentina, renovamos nuestro compromiso a continuar muy cercanos a los Pueblos Indígenas, acompañándolos en sus luchas, en sus reclamos y en sus esperanzas”.
Gente natural
La tierra, el monte, el aire, el agua, los animales, son muchos más que el sustento de las comunidades indígenas del norte argentino. El respeto y amor que los aborígenes del chaco salteño tienen con su tierra puede sintetizarse en que para ellos el monte es todo: su casa, su farmacia, su mercado y su espiritualidad.
Luego de mucha destrucción, la lucha de varias organizaciones ambientalistas, campesinas e indígenas logró el imperio de la Ley nacional 26.331, de los Bosques Nativos. También recibieron la comprensión de los magistrados.
El pueblo wichi, antes del alud, reiteró el pedido de que se paralicen los desmontes en las áreas de su uso territorial. Sin embargo, el ministro salteño de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio Nasser, les pidió paciencia. Los indígenas le entregaron mapas con la delimitación de las tierras que ocupan “tradicionalmente desde tiempos inmemoriales para que se incluya y se respete en el ordenamiento territorial que está llevando a cabo el gobierno de la provincia en el marco de la Ley de Bosques”. Los mapas comprenden un territorio de casi 3 millones de hectáreas, el 70% en el departamento Rivadavia y el resto en San Martín, Anta y Orán. Unas 18 mil personas habitan en este territorio, en la zona del río Pilcomayo, el norte del Bermejo, el río Itiyuro y la ruta nacional 86, el Bajo Itiyuro, General Ballivián, Rivadavia Banda Sur y Banda Norte. Según cita el sitio web http://www.contracultural.com.ar/ [xxv], “parece que los gobiernos están encontrando la manera de matarnos sin tiros, sin balas”, afirmó Francisco Pérez, dirigente de la Asociación Lhaka Honat. “Nosotros no usamos la palabra genocidio. No conocemos su significado, el que la conozca tiene que pensar en eso”, señaló Miguel Montes, del Consejo de Organizaciones Wichi del Bermejo. “La historia de exterminio nunca terminó. La historia se repite pero con otra cara. Nosotros como indígenas sentimos eso, que hay un genocidio. Los gobiernos nos piden paciencia, pero la paciencia algún día se tiene que terminar”, sentenció Montes.
Tabú se define como la condición de las personas, instituciones o cosas a las que no es lícito censurar o mencionar. La tragedia de Tartagal y los desmontes en Salta parecieran habitar dentro del concepto. El conflicto sigue abierto.
Darío Alberto Illanes
Agosto de 2009
Para “Curso de Periodismo Social”, dictado por Alicia Cytrynblum
Guía de fuentes consultadas:
[i] Informe Comisión Oficial lotes 32 y 33, General Pizarro; Universidad Nacional de Salta. Agosto de 2004
[ii] Diario Página 12. 12 de febrero de 2009.
[iii] Diario El Tribuno. 6 de abril de 2006.
[iv] “Diagnóstico y Evaluación de la cuenca del Río Tartagal y área de influencia”. Ingenieros Claudio Cabral y Gloria Plaza. Universidad Nacional de Salta. Julio 2006.
[v] Informe Comisión Oficial lotes 32 y 33, General Pizarro; Universidad Nacional de Salta. Agosto de 2004
[vi] Diario Crítica. 11 de febrero de 2009.
[vii] Nuevo Diario. 12 de agosto de 2009.
[viii] El Tribuno. 15 de julio de 2009.
[ix] Nuevo Diario. 12 de agosto de 2009.
[x] El Tribuno. 18 de abril de 2009.
[xi] El Tribuno. 15 de julio de 2009.
[xii] El Tribuno. 15 de marzo de 2009.
[xiii] El Tribuno. 23 de julio de 2009.
[xiv] Greenpeace Argentina, página web.
[xv] Página web COPENOA.
[xvi] Página web Maraustralis.
[xvii] Diario La Nación. 22 de octubre de 2007.
[xviii] Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta. www.noticias.iruya.com. 27 de agosto de 2009.
[xix] Diarios Crítica, La Nación, Nuevo Diario. 5 de agosto de 2009. Diario El Tribuno. 7 de agosto de 2009
[xx] Página 12. 13 de febrero de 2009.
[xxi] Página 12. 27 de marzo de 2009.
[xxii] Página 12. 19 de febrero de 2009.
[xxiii] Crítica. 16 de febrero de 2009.
[xxiv] http://www.endepa.org.ar/ . 15 de febrero de 2009.
[xxv] http://www.contracultural.com.ar/, en http://www.taringa.net/posts/info/1649217/El-genocidio-wichi-(-Salta).html
