criminalidad como la marginalidad”
El magistrado, quien condenó a los represores Miguel Etchecolatz y Christian von Wernich, estuvo en Salta y en una pausa de su trabajo –llegó para escuchar a la madre de una menor de Bolivia abusada en La Plata – habló con El Tribuno sobre la inseguridad. Aseguró que hay que atender a las víctimas, se opone a que los menores de edad sean juzgados como adultos y reivindicó a las asociaciones surgidas desde el dolor y la tragedia.
- ¿La inseguridad real es diferente a la sensación que se siente de la misma?
- La inseguridad tiene un nivel de realidad y también una “sensación térmica”, como se dice. La realidad de la inseguridad son los delitos cometidos cotidianamente y cuya medición depende de quien mide y de los objetivos de la medición.
- ¿Y los menores de edad, cometen más delitos?
- Es un juicio falso. Se afirma que hay más delitos, y que la mayoría de estos son cometidos por menores. Yo no creo que exista esto y mucho menos que sean niños o adolescentes quienes delinquen más. Estoy convencido que es bajo el índice de delincuencia adolescente. Lo que sucede es que al divulgarse públicamente delitos cometidos por chicos, estos llaman mucho más la atención y asustan. Esto es lógico: causa mucho dolor, tristeza, espanto, conocer que un menor de 14 años mate brutalmente a una persona. Pero si bien el delito cometido sea brutal, eso no desmiente que quien lo llevó a cabo es un chico. Si uno se equivoca en esta apreciación, sea por parte del Estado, por la prensa, los políticos de la oposición o algún sector de la sociedad o quien sea, se equivocará también en encontrar soluciones al problema. No se puede poner en duda la realidad de inseguridad como fenómeno cotidiano de los argentinos, sobre todo cuando tiene mayoritariamente como víctimas a los pobres. La mayor cantidad de víctimas está en la gente con menores recursos que incluso llegan a no denunciar, a que sus denuncias no sean tomadas, o a que se les convenza de no denunciar.
- En el debate entraron a terciar famosos de la televisión, que tienen su gran influencia en la opinión pública.
- Desde un sector sólo se ve la peligrosidad y por otro lado sólo se ven las causas. Hay que trabajar en las causas, como la pobreza, la marginalidad, pero sin desatender el nivel de peligrosidad que pueda tener esa persona. Hay una falsa oposición. O estoy con las causas y fomento la impunidad o me ocupo de la peligrosidad y dejo de ser garantista y pido pena de muerte. El discurso de mano dura, represivo, tiene una esencia ideológica, implica dos cosas: ignorancia, no se conoce la realidad como por ejemplo la de las cárceles; y un nivel de agresividad muy alto. Ambas cosas no le permiten tener una visión en perspectiva: que es reconocer la peligrosidad y reconocer las causas.
- Entonces, ¿no es una solución acertada bajar la edad de imputabilidad penal?
- ¡No!, ¡en absoluto!, eso es una barbaridad. Desde mi experiencia, es una gravísima equivocación centrar el problema de la inseguridad en bajar la edad de imputabilidad y comenzar a considerar sospechosos a los adolescentes. Por muchas razones. En primer lugar, la mayoría de los delitos son obra de jóvenes y adultos mayores de edad, no por adolescentes ni niños. Pensar así y bajar la edad de imputabilidad haría que se abarque una franja de edad que podría ser acusada, juzgada y condenada y se equivocarían los esfuerzos contra la inseguridad. En segundo lugar, el error conceptual de creer que la baja de imputabilidad pueda significar alguna ayuda para disminuir la delincuencia es ignorar que desde siempre establecer una edad mínina para la imputación de delitos está vinculada a razones científicas largamente estudiadas, a la etapa evolutiva que experimenta esa persona; tiene que ver con la psicología ya la evolución psicosocial de ese adolescente. Y las etapas evolutivas no se modifican por ley, por decisión política, por impulso demagógico. Entonces, si un niño de 12 años toma una carabina y mata a un hombre, esto no lo convierte en asesino; este hecho terrible no lo convierte en adulto. Sigue siendo un chico que tomó un arma y mató. Seguro que es un adolescente violento, brutal, asocial. Pero los derechos internacionales y la Convención de los derechos del niño no se fijaron por capricho. Los criterios fueron científicos, aceptados por la inmensa mayoría de los países del mundo y luego se hicieron leyes. Esto no significa en absoluto que la sociedad y la justicia deba ser tolerante con un chico brutal.
- ¿Me dice que hay que atender a ese menor violento sin condenarlo como adulto?
- Hay que atender a este adolescente, apartarlo de la sociedad, por respeto a la sociedad que no tiene porque sufrir las conductas asociales y peligrosas de un menor de edad brutal. Pero hay que estudiar cual es la etapa evolutiva de este menor, para que el Estado aplique una solución acorde. Llevarlo a una prisión, con adultos, no tiene nada que ver con una respuesta racional.
- Hay posturas que sostienen de que la criminalidad adolescente es resultado de la marginalidad familiar y social en la que estos chicos crecieron. ¿Hay acciones del Estado en este sentido?
- El Estado debe atender tanto la criminalidad como la marginalidad. A mi me parece imposible combatir la criminalidad sino se combate la marginalidad. Y atender sólo las condiciones de vida del menor violento deja desamparado al prójimo que tiene derecho a no convivir con un menor violento, de cuyos problemas no es responsable.
- Algunos jueces son criticados por “garantistas”, esto es, de darles muchas garantías a los delincuentes y no tener en cuenta a las víctimas.
- El garantismo tiene mala prensa. En realidad, la protección de las garantías de los acusados es una corriente de pensamiento que se desarrolló durante la democracia para afirmar la preeminencia del debido proceso hacia los victimarios, pero también para las víctimas. Sino se contemplan los derechos y garantías de quienes han sufrido un delito, no se lleva adelante un debido proceso penal y por lo tanto el trabajo del juez es malo. Las garantías son tanto para los imputados como para las víctimas, y alcanzan a los testigos, y no atenderlas pueden significar que el crimen quede impune.
- Sin embargo, algunos opinan que sólo se garantizan los derechos de los delincuentes, y no los de las víctimas.
- Entonces no se trata de garantismo. Los imputados tienen sus garantías, que hay que respetar, pero cada vez más hay que esforzarse en la protección de las víctimas, pues esto significa atender sus legítimos derechos humanos violados. El buen juez debe ser equilibrado.
- Las críticas al Estado con respecto a la inseguridad parten de que no hay políticas claras de protección a los ciudadanos y las víctimas de delitos.
- En este sentido hay un punto clave, y es que el Estado tiene la obligación de atender a las víctimas, pero no pensar como ellas. Hace tiempo que estoy estudiando esto, pues de esta diferenciación puede comprenderse la correcta aplicación de las garantías y alejarse del falso concepto de garantismo. Es decir, cuando el Estado, en sus diversas instancias, tiene el deber de dar respuestas al drama cotidiano de la inseguridad, y sus respuestas son dadas como si fuera una victima, que son entendibles en la víctima real, esas respuestas va a ser equivocadas. Por ejemplo, una madre que perdió un hijo, con el inmenso dolor que ella carga, que es entendible, no podría desde ese sentimiento proponer una legislación racional contra la inseguridad. Lo mismo sucede si el estado piensa como víctima y propone medidas sin la necesaria racionalidad. Necesita comprender a la víctima, necesita tener empatía con ella, y desde la racionalidad y el análisis, proponer soluciones.
- Desde esa concepción, es absolutamente legítimo lo que ha hecho entonces Juan Carlos Blumberg, tras el asesinato de su hijo Axel.
- Por supuesto. Este hombre, como otros padres o madres que dedicaron su vida, luego de una tragedia personal, a realizar propuestas y acciones para combatir el delito, son ejemplares. Son actitudes valientes para que a otros padres no les sucedan hechos terribles como los que ellos han sufrido. Sin embargo, un padre herido en lo más profundo de su ser no puede reemplazar al Estado. Argentina tiene muchas asociaciones surgidas a partir del dolor, la tragedia, y esta bien, pero no reemplazan al estado. Ellas poseen la legitimidad del dolor, y desde allí pueden proponer cambios. El planteo incorrecto es que estas asociaciones, que tienen legitimidad social, salgan a reemplazar lo que el Estado no cumple. Ellas existen para hacer cumplir, denunciar las ausencias del Estado, proponer alternativas para acciones que se deben tomar, hacer propuestas a los representantes legislativos. Es indudable que cuando la ausencia del Estado es grande, crecen estas organizaciones. Pero ellas no deben ser parte de las soluciones, no de los problemas.
Un petitorio para
Barack Obama
En coincidencia con la celebración del 20º aniversario de la aprobación por las Naciones Unidas de la Convención Internacional por los Derechos del Niño, el juez platense Carlos Rozanski lanzó un singular petitorio para que los Premios Nobel pidan al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, último galardonado con esa emblemática distinción, que impulse la ratificación en su país de ese tratado. El primero en firmarlo fue Adolfo Pérez Esquivel. “Se me ocurrió esta propuesta después de escuchar a Obama decir con mucha humildad, que él no estaba a la altura de los demás Premio Nobel. Y como Estados Unidos es el único Estado que no ratificó la Convención Internacional, me pareció oportuno que como parte del compromiso que significa el Nobel gestione ante el Parlamento de su país la adhesión a ese tratado, que es el que más acuerdo ha tenido de países en la historia de la humanidad. Sólo falta que lo firme Estados Unidos.
El perfil
El doctor Carlos Alberto Rozanski es el actual presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, provincia de Buenos Aires y el primer magistrado elegido por concurso por el Consejo de la Magistratura. Es Miembro Fundador Honorario de la Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto Juvenil (ASAPMI) e integrante del Foro Para la Justicia Democrática (FOJUDE). Es autor de artículos judiciales publicados sobre abuso infantil y coautor de los libros “Abuso sexual en la infancia” (2002) y “Maltrato Infantil. Riesgos del compromiso profesional” (2003). Además escribió la obra “Abuso sexual infantil. ¿Denunciar o Silenciar?” (2003). Fue docente del Curso de Postgrado: Abordaje Interdisciplinario del Abuso Sexual Infanto Juvenil, en la Facultad de Psicología, de la UBA (2004). Autor del “Proyecto de Reforma Libro II, Título III, Capítulo IV del Código Procesal Penal de la Nación”, que regula la declaración de los niños abusados, sancionado el 4 de diciembre de 2003 como Ley 25.852 de la República Argentina. A partir de su promulgación, en 2004, la “ley Rozansky” instituyó la Cámara Gesell, que dejó de lado la indagación de las víctimas menores de edad por parte de jueces, funcionarios judiciales o policiales.
En su obra “Abuso sexual infantil. ¿Denunciar o Silenciar?”, el juez escribió "El objeto de este libro es llamar la atención sobre la injusticia e ilegalidad de determinadas prácticas actuales en el modo de intervención judicial en casos de abuso sexual de niños”.
“Mi propuesta consiste en resaltar la necesidad de comenzar a elaborar un modelo de intervención respetuoso y que no lastime a las víctimas. Uno que tenga en cuenta las principales características y consecuencias del fenómeno, así como la legislación protectora vigente, y donde la criatura abusada no sea una foja más de un expediente, sino el centro y sentido mismo de esas actuaciones”.
“Y en última instancia, un modelo inspirado en una ética humanista en el que los jueces utilicen el enorme poder que poseen para que las leyes se cumplan y para que ningún niño víctima de abuso vuelva a ser maltratado".
