El caso data de 2005 y plantea polémica entre los derechos de los niños y las ancestrales costumbres de los pueblos originarios.



Un wichí acusado de violar a una niña pide su libertad a la Corte Suprema



› El aborigen salteño, de 32 años, está preso por embarazar a la hija de su ex esposa. La supuesta víctima era menor de 13 años.



› La Justicia resolvió que el hombre seguirá detenido hasta el juicio. Sus defensores dicen que “sólo fue fiel a su cultura”.

Darío Alberto Illanes

Qa’tu, o José Fabián Ruiz, es un aborigen wichí de la comunidad Hoktek T ‘ oi (Lapacho Mocho), ubicada en las afueras de Tartagal. El joven presentó el 10 de noviembre pasado, por intermedio de sus abogadas defensoras América Alemán y Sarah Esper, un recurso extraordinario a la Corte Suprema de la República Argentina pidiendo su libertad.

La presentación judicial es una de las últimas cartas del wichí tras el fallo de la Corte de Justicia de Salta que denegó su excarcelación. Los ministros ratificaron que Ruiz seguirá detenido hasta el juicio pues está acusado de abuso sexual agravado por el vínculo en perjuicio de una menor, hija de su ex pareja wichí, un delito grave que tiene una condena que puede llegar a los veinte años de prisión. Qa’tu está preso desde mediados de 2005, en el penal de Tartagal.

Según la ley argentina y el derecho internacional, Ruiz presuntamente violó y embarazó a una niña de nueve años que estaba bajo su cuidado. La Corte de Justicia de Salta destacó en un fallo que los pueblos originarios tienen el derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias "siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos”.

Por su parte, los integrantes de la comunidad Hoktek T ‘oi aseguraron que Qa’tu no hizo nada malo pues actuó de acuerdo a las costumbres del pueblo wichí. El mismo concepto subrayó el antropólogo John Palmer, residente en Tartagal. “Mantenerlo preso es un crimen étnico”, remarcó.

Opuesta es la postura de la cacique Octorina Zamora, de la misma etnia y fundadora del primer partido aborigen de Argentina, quien sostuvo que en su pueblo no está permitida la violación de una niña y que lo hecho por Qa’tu “es una aberración”

En tanto, el pionero en la investigación y sanción de los delitos sexuales contra niños, el juez federal Carlos Rozansky, aseguró que “una menor de 13 años, por su estadio evolutivo, no tiene la posibilidad de elegir sobre su sexualidad; por lo tanto, lo que haga un adulto sobre ella, por más invocación de costumbres culturales, comete un delito y una aberración”.



A partir de esta aparente contradicción entre derecho y cultura originaria, se desató una polémica de alcance internacional que continúa hasta la actualidad: ¿Estela fue una niña abusada por un adulto o una jovencita wichí que decidió libremente sobre su vida de acuerdo a la cultura de su pueblo? ¿Las costumbres de los pueblos originarios tienen preeminencia sobre los derechos humanos universales? ¿La sociedad argentina se rige por la igualdad ante la ley o el respeto a las diferencias culturales? La integridad personal y sexual de los menores, ¿no resulta perjudicada al sostener criterios de relativismo cultural? Las posturas de la defensa, algunos antropólogos y la comunidad wichí, ¿no permiten que se continúe revictimizando a la presunta víctima y a su hijo? ¿Es legítimo y válido que Qa’tu, su actual esposa y la comunidad que lo defiende arguyan el desconocimiento del delito de violación y de los derechos de los menores de edad cuando, por otro lado, conocen y argumentan a su favor los derechos a la tierra, a los recursos naturales, la vivienda y el trabajo que legítimamente les reconocen la Constitución de la Nación Argentina, la Constitución de Salta y el derecho internacional?



Imágenes tropicales



Quienes lo conocen personalmente, afirman que el juez Ricardo Martoccia, un salteño radicado en Tartagal desde comienzos del 2000, es una persona recta, responsable, de mente abierta y en absoluto prejuicioso. Desde su punto de vista, expresado en dos resoluciones judiciales a mediados de 2006 y a fines de 2008, el caso de la violación de una niña por parte de un adulto comenzó el 8 de julio de 2005. Aquel día, Dora Carrizo, directora de la escuela primaria Kilómetro 14 Nº 4744, sobre la polvorienta ruta provincial 81, marchó hacia la fiscalía penal Nº 2 junto la aborigen Teodora Tejerina para denunciar que el marido de ésta había embarazado a su hija Estela. La denuncia llegó a la Defensora Oficial Civil Nº 1, Claudia Zamar de Esper, quien solicitó la revisación física de la menor encinta. Los médicos constataron que la esmirriada chica presentaba 36 semanas de embarazo y pronto alumbraría un bebé. En el informe señalaron que la edad de la jovencita oscilaba entre los 11 y 13 años. Sin dilaciones, Martoccia ordenó la detención del presunto abusador, José Fabián Ruiz, en aquel entonces de 28 años, hijo de un chamán y quien parecía que seguiría el sagrado oficio de su padre, el 13 de julio de 2005 salió esposado de su comunidad. Había perdido la libertad.

Teodora Tejerina, aún adolescente, supo lo que era ser usada violentamente por un criollo sólo para tener sexo. De aquel encuentro brutal nació Estela. La wichí violada recorrió centenares de kilómetros de monte chaqueño hasta llegar a Hoktek T ‘ oi, en donde ambas fueron aceptadas. En el 2004, los funcionarios del Registro Civil de Tartagal llegaron hasta Lapacho Mocho con el objetivo de regularizar la identidad de los niños aborígenes. Cuando le llegó el turno a Estela, su madre dijo que había nacido a fin de un año que no podía precisar. “Los wichí no miden el tiempo como nosotros. Sus ciclos son totalmente diferentes, pues se rigen por la naturaleza que los rodea”, explicó el antropólogo John Palmer. Ante la ausencia de datos formales, los funcionarios determinaron que la chica, por su aspecto pequeño, tenía ocho años y había nacido el 31 de diciembre de 1996.

Poco después, Estela experimentó dos sensaciones nuevas y arrolladoras: su primera menstruación y vio al esposo de su madre como hombre. Al menos así lo aseguraron la misma Estela como Teodora a El Tribuno: “ella ya era mujer, y me dijo que quería a Qa’tu”, contó la mayor. “El me gustó. Se lo conté a mi madre, y después que ella aceptó, fui con Qa’tu”, relató, en su idioma, la menor. Dentro de la celda, el hombre sostuvo lo mismo. “Después que Estela me dijo que me quería, yo hable con Teodora. Ella les preguntó a las mujeres de nuestra comunidad, después a todos, y me dieron permiso. Entonces comencé a estar con Estela”, recordó el acusado.

- ¿Pero usted no sabía que, al ser adulto, tenía prohibido por la ley acostarse con una menor de edad y que entonces hacía algo incorrecto?, preguntamos.

- Yo no hice nada malo. Ella (Estela) me buscó y Teodora, las mujeres y la comunidad me dieron permiso para que sea mi mujer, respondió Qa’tu en su lengua.

El hombre comenzó a convivir en el mismo rancho con ambas mujeres, aunque la relación con su primera esposa había terminado, pues estaba obligado a mantener la subsistencia de ambas. Poco después la menor quedó embarazada. Cuando su estado de gravidez fue avanzado, interrumpió su asistencia a la escuela. La directora, Dora Carrizo, preguntó a la madre por su ausencia y esta le contó la situación. La docente, horrorizada, la convenció de que esa relación era un delito y llevó a la mujer ante la justicia.

De esto hace cuatro años y medio. El niño nació y la comunidad lo bautizó como Menajen. En wichí significa “por quien su padre está preso”.