domingo, 11 de abril de 2010
Terminaron el estudio por internet
Cinco mil jóvenes finalizaron la secundaria estudiando por Internet
El mundo no deja de sorprenderse con los avances tecnológicos, la mayoría de los cuales son herramientas indispensables para la vida cotidiana. La formación a distancia brinda la posibilidad de concluir los estudios en tan sólo dos años. Son egresados entre el 2002 y el mes pasado del sistema virtual gratuito de la Provincia. También hay una oferta privada.
La educación es uno de los ejemplos concretos de aplicación de las innovaciones, cada vez más cerca de las escuelas.
Hoy cualquier joven puede finalizar sus estudios secundarios a través de un sistema virtual a distancia, desde cualquier lugar del mundo a través de una computadora, como lo hacen artistas o deportistas que viajan constantemente.
También las personas con problemas de salud, imposibilitadas de realizar un cursado presencial, las privadas de libertad, los llamados "adultos funcionales" (chicos a partir de los 16 años que se hicieron cargo del sostenimiento de una familia).
El estudio a distancia resuelve, además, situaciones de adultos con secundario incompleto decididos a terminarlo o de los empleados activos que para ascender en el escalafón de su carrera necesitan presentar el título de la escuela media.
Las posibilidades
En Salta hay dos posibilidades para terminar la secundaria por internet. Una de ellas es el Sistema Virtual de Formación a Distancia 9002, que ofrece de manera gratuita el Ministerio de Educación de la Provincia; la otra es una alternativa privada. Ambas plataformas educativas están disponibles las 24 horas de los 365 días del año para que los alumnos puedan consultar cuando quieran.
La directora general de Regímenes Especiales del Ministerio de Educación, Cristina Aguilera, manifestó a este medio que "desde 2002 hasta los últimos días de marzo finalizaron la secundaria 5.000 alumnos".
La funcionaria no pudo precisar la cantidad actual de la matrícula, pero dejó entrever que superan los 1.000. Por estas horas miembros de una comisión a cargo de educación virtual está trabajando a fin de determinar estadísticas y organizar datos propios de esa dirección para un mejor desempeño.
Arminda Chosco tiene 21 años, es una salteña del interior que hace 4 años residía en Jujuy. Desde allí retornó a Salta por cuestiones económicas y debió buscar un empleo. Su sueño es ser policía, aunque no descartó elegir alguna carrera universitaria.
Pero sabe que primero debe completar sus estudios secundarios. "Me cuesta mucho retomar porque es una práctica que dejé hace bastante tiempo", reconoció. Sucede que pasaron 4 años de inactividad escolar, no obstante, contó que jamás perdió la "ilusión" de terminar, porque sabe que la herramienta del conocimiento es indispensable para progresar en un mundo cada vez más competitivo.
"Después de finalizar la secundaria quiero estudiar alguna carrera. Mi mamá se va poner feliz, todavía no sé bien qué... pero voy seguir", dijo Arminda tras hacer una consulta a la profesora de una de las tres materias que tiene que rendir en mayo.
Otra opción para recibirse
Cada año al menos diez personas en promedio aprovechan la oportunidad de rendir aquellas materias que todavía adeudan del secundario a través del Programa de Culminación de Estudios Secundarios a Distancia (PROCESAD). Aparte de haber terminado de cursar el 5º año (en el plan viejo) o el 3º del Polimodal lo demás es cuestión de sentarse y estudiar.
Desde el PROCESAD, con sede en pasaje San Lorenzo 141, comentaron que el programa respeta los planes de estudio de las modalidades que hubiese cursado cada alumno, es decir, que este obtendrá su título según el plan de estudio original.
Casi 20 años
Funciona desde 1991, es gratuito y los únicos requisitos que se le pide al adulto para rendir es que hayan transcurrido dos años como mínimo desde que terminó de cursar el último año y, que en ese lapso, no se haya presentado en ninguna mesa examinadora.
"Es una manera de llegar a la persona que realmente necesita de esta oportunidad y no dar facilismos a chicos flojos", dijo una miembro del programa. Durante el año hay cinco mesas para rendir los exámenes: marzo, mayo, junio, septiembre y diciembre.
20 tutores en el interior
Los alumnos virtuales tienen a su disposición 20 tutores distribuidos en establecimientos escolares referentes de Capital, Cachi, La Caldera, Rosario de la Frontera, Guachipas, Iruya, Nazareno, Rivadavia Banda Norte, Rivadavia Banda Sur, Santa Victoria Oeste. Apolinario Saravia y San Lorenzo.
Cuentan además con 23 facilitadores, quienes, vía internet, desde la página www.edusalta.gov.ar- link Sistema Virtual de Educación a Distancia les aclara cualquier duda.
Situaciones especiales
Cristina Aguilera contó a El Tribuno algunas situaciones especiales en la que el equipo se traslada hasta los domicilios. "Tenemos dos egresados y uno que está cursando las dos últimas materias. Los tutores y facilitadores van -con regularidad-hasta las casas de los alumnos cuando estos tienen problemas severos de salud. Eso no es un impedimento para estudiar cuando la voluntad de la persona es grande y cuando hay toda una estructura a disposición".
El mundo no deja de sorprenderse con los avances tecnológicos, la mayoría de los cuales son herramientas indispensables para la vida cotidiana. La formación a distancia brinda la posibilidad de concluir los estudios en tan sólo dos años. Son egresados entre el 2002 y el mes pasado del sistema virtual gratuito de la Provincia. También hay una oferta privada.
La educación es uno de los ejemplos concretos de aplicación de las innovaciones, cada vez más cerca de las escuelas.
Hoy cualquier joven puede finalizar sus estudios secundarios a través de un sistema virtual a distancia, desde cualquier lugar del mundo a través de una computadora, como lo hacen artistas o deportistas que viajan constantemente.
También las personas con problemas de salud, imposibilitadas de realizar un cursado presencial, las privadas de libertad, los llamados "adultos funcionales" (chicos a partir de los 16 años que se hicieron cargo del sostenimiento de una familia).
El estudio a distancia resuelve, además, situaciones de adultos con secundario incompleto decididos a terminarlo o de los empleados activos que para ascender en el escalafón de su carrera necesitan presentar el título de la escuela media.
Las posibilidades
En Salta hay dos posibilidades para terminar la secundaria por internet. Una de ellas es el Sistema Virtual de Formación a Distancia 9002, que ofrece de manera gratuita el Ministerio de Educación de la Provincia; la otra es una alternativa privada. Ambas plataformas educativas están disponibles las 24 horas de los 365 días del año para que los alumnos puedan consultar cuando quieran.
La directora general de Regímenes Especiales del Ministerio de Educación, Cristina Aguilera, manifestó a este medio que "desde 2002 hasta los últimos días de marzo finalizaron la secundaria 5.000 alumnos".
La funcionaria no pudo precisar la cantidad actual de la matrícula, pero dejó entrever que superan los 1.000. Por estas horas miembros de una comisión a cargo de educación virtual está trabajando a fin de determinar estadísticas y organizar datos propios de esa dirección para un mejor desempeño.
Arminda Chosco tiene 21 años, es una salteña del interior que hace 4 años residía en Jujuy. Desde allí retornó a Salta por cuestiones económicas y debió buscar un empleo. Su sueño es ser policía, aunque no descartó elegir alguna carrera universitaria.
Pero sabe que primero debe completar sus estudios secundarios. "Me cuesta mucho retomar porque es una práctica que dejé hace bastante tiempo", reconoció. Sucede que pasaron 4 años de inactividad escolar, no obstante, contó que jamás perdió la "ilusión" de terminar, porque sabe que la herramienta del conocimiento es indispensable para progresar en un mundo cada vez más competitivo.
"Después de finalizar la secundaria quiero estudiar alguna carrera. Mi mamá se va poner feliz, todavía no sé bien qué... pero voy seguir", dijo Arminda tras hacer una consulta a la profesora de una de las tres materias que tiene que rendir en mayo.
Otra opción para recibirse
Cada año al menos diez personas en promedio aprovechan la oportunidad de rendir aquellas materias que todavía adeudan del secundario a través del Programa de Culminación de Estudios Secundarios a Distancia (PROCESAD). Aparte de haber terminado de cursar el 5º año (en el plan viejo) o el 3º del Polimodal lo demás es cuestión de sentarse y estudiar.
Desde el PROCESAD, con sede en pasaje San Lorenzo 141, comentaron que el programa respeta los planes de estudio de las modalidades que hubiese cursado cada alumno, es decir, que este obtendrá su título según el plan de estudio original.
Casi 20 años
Funciona desde 1991, es gratuito y los únicos requisitos que se le pide al adulto para rendir es que hayan transcurrido dos años como mínimo desde que terminó de cursar el último año y, que en ese lapso, no se haya presentado en ninguna mesa examinadora.
"Es una manera de llegar a la persona que realmente necesita de esta oportunidad y no dar facilismos a chicos flojos", dijo una miembro del programa. Durante el año hay cinco mesas para rendir los exámenes: marzo, mayo, junio, septiembre y diciembre.
20 tutores en el interior
Los alumnos virtuales tienen a su disposición 20 tutores distribuidos en establecimientos escolares referentes de Capital, Cachi, La Caldera, Rosario de la Frontera, Guachipas, Iruya, Nazareno, Rivadavia Banda Norte, Rivadavia Banda Sur, Santa Victoria Oeste. Apolinario Saravia y San Lorenzo.
Cuentan además con 23 facilitadores, quienes, vía internet, desde la página www.edusalta.gov.ar- link Sistema Virtual de Educación a Distancia les aclara cualquier duda.
Situaciones especiales
Cristina Aguilera contó a El Tribuno algunas situaciones especiales en la que el equipo se traslada hasta los domicilios. "Tenemos dos egresados y uno que está cursando las dos últimas materias. Los tutores y facilitadores van -con regularidad-hasta las casas de los alumnos cuando estos tienen problemas severos de salud. Eso no es un impedimento para estudiar cuando la voluntad de la persona es grande y cuando hay toda una estructura a disposición".
jueves, 1 de abril de 2010
Niños pobres
En Argentina, durante el año pasado
Tres de cada diez niños
en riesgo alimentario
Según un informe del Barómetro de la Deuda Social que elabora la Universidad Católica, alrededor de 1,4 millones de niños menores de 18 años experimentaron situaciones de hambre en 2009, cifra que creció un 10% respecto del año anterior.
Jueves, 01 de Abril de 2010
"Durante la recuperación económica la población infantil expuesta a situaciones de riesgo alimentario experimentó una significativa y constante merma, en tanto pasó de un déficit total del 42 por ciento en el 2004, a un 17,8 en el 2007", señalan los autores del estudio.
Y ponen especial énfasis en aclarar que, sin embargo, en el último año "se produce un quiebre en la tendencia positiva y dicha población pasa a un 27,9 por ciento", es decir, subió un 10 por ciento.
El estudio indicó que se trata de 1,4 millones de niños y adolescentes que habitan en los principales conglomerados urbanos del país, sobre un total de 5,1 millones.
Del 27.9 por ciento de los niños urbanos expuestos a situaciones de riesgo alimentario, un 6% experimentó hambre frecuentemente, alrededor de 306.000 niños de las ciudades reveladas por el sondeo, pero serían 750.000 niños proyectados a nivel país.
La investigación también da cuenta que este déficit tuvo una incidencia diferencial por grupo de edad. Los más vulnerables fueron los más pequeños y los adolescentes, mientras que los niños en edad escolar se vieron menos expuestos a este riesgo probablemente como efecto del apoyo alimentario en el ámbito escolar.
Así, mientras que el riesgo alimentario alcanzó al 27% de la población menor de 5 años y el déficit severo al 6.9% de los más pequeños, en el caso de los niños entre 5 y 12 años el riesgo total fue del 22.7% y el severo de un 3.5%, y en los adolescentes el riego total fue del 33.4% y el severo del 6.7 por ciento, señala el estudio.
En el 25% de los niños y adolescentes más pobres, en tanto, el riesgo alimentario general afectó en el 2009 al 50% de este grupo y el déficit severo al 13.6% (15% entre los niños/as menores de 5 años más pobres).
El informe de la UCA aclara que los datos se obtuvieron en forma previa al anuncio de la aplicación del programa de Asignación Universal por Hijo, e indica que tal medida tendrá un impacto positivo.
Infobae.com
Tres de cada diez niños
en riesgo alimentario
Según un informe del Barómetro de la Deuda Social que elabora la Universidad Católica, alrededor de 1,4 millones de niños menores de 18 años experimentaron situaciones de hambre en 2009, cifra que creció un 10% respecto del año anterior.
Jueves, 01 de Abril de 2010
"Durante la recuperación económica la población infantil expuesta a situaciones de riesgo alimentario experimentó una significativa y constante merma, en tanto pasó de un déficit total del 42 por ciento en el 2004, a un 17,8 en el 2007", señalan los autores del estudio.
Y ponen especial énfasis en aclarar que, sin embargo, en el último año "se produce un quiebre en la tendencia positiva y dicha población pasa a un 27,9 por ciento", es decir, subió un 10 por ciento.
El estudio indicó que se trata de 1,4 millones de niños y adolescentes que habitan en los principales conglomerados urbanos del país, sobre un total de 5,1 millones.
Del 27.9 por ciento de los niños urbanos expuestos a situaciones de riesgo alimentario, un 6% experimentó hambre frecuentemente, alrededor de 306.000 niños de las ciudades reveladas por el sondeo, pero serían 750.000 niños proyectados a nivel país.
La investigación también da cuenta que este déficit tuvo una incidencia diferencial por grupo de edad. Los más vulnerables fueron los más pequeños y los adolescentes, mientras que los niños en edad escolar se vieron menos expuestos a este riesgo probablemente como efecto del apoyo alimentario en el ámbito escolar.
Así, mientras que el riesgo alimentario alcanzó al 27% de la población menor de 5 años y el déficit severo al 6.9% de los más pequeños, en el caso de los niños entre 5 y 12 años el riesgo total fue del 22.7% y el severo de un 3.5%, y en los adolescentes el riego total fue del 33.4% y el severo del 6.7 por ciento, señala el estudio.
En el 25% de los niños y adolescentes más pobres, en tanto, el riesgo alimentario general afectó en el 2009 al 50% de este grupo y el déficit severo al 13.6% (15% entre los niños/as menores de 5 años más pobres).
El informe de la UCA aclara que los datos se obtuvieron en forma previa al anuncio de la aplicación del programa de Asignación Universal por Hijo, e indica que tal medida tendrá un impacto positivo.
Infobae.com
viernes, 19 de marzo de 2010
Portal web de periodismo social: Nuestro Diario
El portal web ya tiene un sitio creado: http://www.nuestrodiariosocial.com.ar/, aprobado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, pero aún está vacio. No tiene nada que ver con éste blog. Quienes deseen colaborar (habrá honorarios), deben estar compenetrados con la temática. Se larga en Salta y cubrirá el norte argentino. El portal es serio y aspira a todo.
Colaboradores
Periodistas, estudiantes de comunicación social, reporteros free lance o amateurs, entusiastas sociales que sepan redactar, escribir al blog o a darioillanes62@gmail.com, darioil@yahoo.com.ar para comenzar con la edición web del portal web de periodismo social del norte argentino.
miércoles, 17 de marzo de 2010
Ayuda social
EL GOBIERNO TIENE EN CARPETA VARIOS ANUNCIOS PARA ESTA SEMANA
Por una ayuda social más amplia
Por Martín Piqué
Página 12
Miércoles 17 de marzo de 2010
El Gobierno anunciará una modificación sustancial del régimen de asignaciones universales que se lanzó a fines del año pasado. En una decisión que se hace eco de algunos planteos críticos de organizaciones sociales e incluso de la Iglesia Católica, el Ejecutivo incorporará a los hijos de los monotributistas de las categorías más bajas al plan social que distribuye 180 pesos mensuales por cada menor de 18 años. También se está evaluando subir el monto del salario mínimo. Ese incremento ampliaría el universo que recibe el seguro universal, ya que uno de los criterios para su asignación, al menos en el caso de los trabajadores no registrados, es que los padres a cargo cobren haberes menores a la cifra correspondiente al salario mínimo. Otro cambio que podría anunciarse mañana es la incorporación de los trabajadores temporarios al conjunto de beneficiarios. Según los cálculos que circulan en el Ejecutivo, estas medidas sumarían 150 mil niños y jóvenes a la población que ya está cobrando el seguro universal de 180 pesos. Las cifras de la propia Anses estiman en 3.384.546 chicos el universo actual de beneficiarios.
El anuncio que hará la Presidenta buscará dejar sin argumentos a una parte de la oposición. En octubre del año pasado, tras el lanzamiento del seguro universal, varios espacios opositores salieron a cuestionar la forma en que se había decidido implementar la iniciativa. Descartando los proyectos que provenían de la oposición, el Ejecutivo había optado por una alternativa propia: la de ampliar el Régimen de Asignaciones Familiares que se estableció en 1957.
Ese régimen es el que prevé que los trabajadores registrados reciban un adicional por cada hijo –la asignación familiar– cada vez que cobran sus haberes como empleados en relación de dependencia. La propuesta que terminó implementando la Anses había surgido del diputado y apoderado de la CGT, Héctor Recalde; también de especialistas en políticas sociales como Mariano Grandoli, un ex juez del fuero laboral que forma parte del espacio Carta Abierta. La alternativa elegida por el Ejecutivo fijaba como universo de beneficiarios a los hijos de desocupados, de trabajadores no registrados que cobran menos del salario mínimo; también a los hijos de las empleadas domésticas y de los monotributistas sociales, como se llama a los pequeños emprendedores vinculados con la economía social.
Quedaban fuera de esa población los trabajadores en negro que cobraran haberes apenas superiores al salario mínimo pero que seguían dentro de la categoría de pobres –sobre todo si se analizaba la pobreza por ingresos–. También resultaban excluidos los hijos de los monotributistas de categorías bajas. Esas excepciones motivaron las críticas de la oposición, que a fines del año pasado cuestionó a la Rosada por no cumplir con el criterio de la “universalización”. Esta semana, con los anuncios que tiene en carpeta, el Gobierno espera satisfacer esos planteos. “Mientras la oposición está pensando en recortarnos el Presupuesto, con una disminución de las retenciones o la coparticipación a las provincias del impuesto al cheque, nosotros seguimos ampliando la política social”, analizó ante Página/12 un funcionario interesado desde siempre en temas sociales.
Por una ayuda social más amplia
Por Martín Piqué
Página 12
Miércoles 17 de marzo de 2010
El Gobierno anunciará una modificación sustancial del régimen de asignaciones universales que se lanzó a fines del año pasado. En una decisión que se hace eco de algunos planteos críticos de organizaciones sociales e incluso de la Iglesia Católica, el Ejecutivo incorporará a los hijos de los monotributistas de las categorías más bajas al plan social que distribuye 180 pesos mensuales por cada menor de 18 años. También se está evaluando subir el monto del salario mínimo. Ese incremento ampliaría el universo que recibe el seguro universal, ya que uno de los criterios para su asignación, al menos en el caso de los trabajadores no registrados, es que los padres a cargo cobren haberes menores a la cifra correspondiente al salario mínimo. Otro cambio que podría anunciarse mañana es la incorporación de los trabajadores temporarios al conjunto de beneficiarios. Según los cálculos que circulan en el Ejecutivo, estas medidas sumarían 150 mil niños y jóvenes a la población que ya está cobrando el seguro universal de 180 pesos. Las cifras de la propia Anses estiman en 3.384.546 chicos el universo actual de beneficiarios.
El anuncio que hará la Presidenta buscará dejar sin argumentos a una parte de la oposición. En octubre del año pasado, tras el lanzamiento del seguro universal, varios espacios opositores salieron a cuestionar la forma en que se había decidido implementar la iniciativa. Descartando los proyectos que provenían de la oposición, el Ejecutivo había optado por una alternativa propia: la de ampliar el Régimen de Asignaciones Familiares que se estableció en 1957.
Ese régimen es el que prevé que los trabajadores registrados reciban un adicional por cada hijo –la asignación familiar– cada vez que cobran sus haberes como empleados en relación de dependencia. La propuesta que terminó implementando la Anses había surgido del diputado y apoderado de la CGT, Héctor Recalde; también de especialistas en políticas sociales como Mariano Grandoli, un ex juez del fuero laboral que forma parte del espacio Carta Abierta. La alternativa elegida por el Ejecutivo fijaba como universo de beneficiarios a los hijos de desocupados, de trabajadores no registrados que cobran menos del salario mínimo; también a los hijos de las empleadas domésticas y de los monotributistas sociales, como se llama a los pequeños emprendedores vinculados con la economía social.
Quedaban fuera de esa población los trabajadores en negro que cobraran haberes apenas superiores al salario mínimo pero que seguían dentro de la categoría de pobres –sobre todo si se analizaba la pobreza por ingresos–. También resultaban excluidos los hijos de los monotributistas de categorías bajas. Esas excepciones motivaron las críticas de la oposición, que a fines del año pasado cuestionó a la Rosada por no cumplir con el criterio de la “universalización”. Esta semana, con los anuncios que tiene en carpeta, el Gobierno espera satisfacer esos planteos. “Mientras la oposición está pensando en recortarnos el Presupuesto, con una disminución de las retenciones o la coparticipación a las provincias del impuesto al cheque, nosotros seguimos ampliando la política social”, analizó ante Página/12 un funcionario interesado desde siempre en temas sociales.
jueves, 21 de enero de 2010
Al desnudo
Daiana dejó al desnudo la red que le robó al bebé
La adolescente se mostró "firme y creíble" en sus acusaciones y en dos careos frente al facultativo y a una enfermera.
Pequeña de cuerpo, mirada y tonada dulce, cara de niña, forman parte de la personalidad de la adolescente santiagueña Daiana Judith Pintos. Sin embargo, su estatura crece, la voz se le hace grave y fuerte, sus ojos parecen dos brasas y una mujer enérgica aparece cuando se trata de luchar por recuperar a su hijo, robado un día después de su nacimiento, el 25 de junio de 2005, en Rosario de la Frontera.
Ayer, enfrentó con energía los dos careos con el médico y la enfermera que la atendieron, respectivamente.
Existen sospechas de que el bebé desaparecido hace siete meses aún se encontraría en Rosario de la Frontera.De este modo la vieron ayer quienes estuvieron presentes en la declaración testimonial que brindo ante el juez Gustavo Sebastián Fucho, en Metán. La chica finalmente llegó ayer a la mañana junto a su tía y protectora legal, María Pintos, en una camioneta de la Policía de Santiago del Estero, custodiadas por una mujer policía y dos pares varones.
La menor había sido convocada a declarar el miércoles de la semana pasada, pero postergó su viaje debido a amenazas de muerte recibidas en su celular. Dos días después, el testimonio debió postergarse nuevamente debido a que aún no se habían concretado los aprestos para la custodia de la chica.
"Nunca me miró a los ojos"
"Firme y creíble" calificaron fuentes judiciales al extenso relato brindado ayer por la adolescente. "Nunca me miró a los ojos", enfatizó la adolescente en referencia a Torres. "Me decía que yo mentía, pero no se animó nunca a mirarme, siempre estuvo con la cabeza baja, y temblaba delante mío", describió.
El testimonio de Daiana fue escuchado personalmente por el juez Sebastián Fucho, la secretaria Patricia Rahmer, la fiscal Susana Torres Torino, la defensora de menores y los abogados defensores de su madre Claudia Jiménez, presa en Metán desde el 6 enero, José Horacio Retuerta y Guillermo Barrera, como así también el abogado Horacio Alvarez, defensor del médico Carlos Torres.
Daiana no se inmutó ante tantas personas desconocidas y narró todas las peripecias desde que se enteró que quedó embarazada, a fines de 2008.
Relató que tras descartar un parto clandestino en Tucumán, le dijeron que irían hasta Rosario de la Frontera, en donde había "un amigo" que practicaría la cesárea.
Según la declaración de Daiana, el 25 de junio de 2009 a media mañana llegó al consultorio MediRos, propiedad del médico Carlos Torres, en Rosario de la Frontera, quien saludó "cariñosamente" a una mujer de apellido Guzmán, quien se haría cargo de recibir el bebé que ya había sido vendido por Claudia Jiménez. La adolescente contó que tras realizarle una ecografía fue trasladada a la clínica Nuestra Señora del Rosario, en la misma ciudad termal, en donde fue convocada con el nombre "Daiana Díaz" por la enfermera Lina Coronel. A las 14.45 nació el bebé. La adolescente aseguró que la misma enfermera se lo mostró y colocó en sus brazos. "Ese fue la primera y la última vez que lo tuve conmigo", lamentó Daiana. El niño sigue sin aparecer. Su destino y su identidad fraguada continúan en un sórdido misterio.
El doctor y la chica, frente a frente
Tras la extensa declaración de Daiana Pintos, el juez ordenó la realización de un careo de la adolescente con el médico Carlos Torres y otro con la enfermera Lina Coronel.
Tanto la menor como los profesionales se mantuvieron en sus dichos, pero los funcionarios judiciales no dejaron pasar el marcado nerviosismo de ambos, como también la confusión de la enfermera de que Daiana no la acusaba de nada, sino, por el contrario, le recordaba que ella había sido la única persona que había salido mínimamente en defensa de su hija y ella.
También se advirtieron contradicciones en el relato del médico, cuando afirmó que la atendió por una emergencia de parto, y, segura de si misma, Daiana le respondió que ella llegaba con un “parto programado por usted”.
Poco antes, había declarado José Pintos, padre de la menor, quien relató que conoció sobre la supuesta entrega del bebé a otra familia a través de los esporádicos mensajes que le enviaba su ex esposa Claudia Jiménez.
Manifestación a favor del médico acusado de tráfico
Alrededor de 20 personas se congregaron ayer a la mañana en la vereda de los Tribunales de Metán para exigir, mientras declaraba la adolescente Daiana Pintos, la libertad del ginecólogo Carlos Torres, acusado de participar en el operativo que culminó en la venta del hijo de Daiana Pintos. Los manifestantes eran familiares, empleados en la clínica MediRos de Rosario de La Frontera y seguidores políticos, quienes se congregaron en la sede judicial para presionar a favor del imputado.
“Dr. Torres inocente” y “El Tribuno miente”, decían algunas pancartas, aludiendo a la acusación que pesa sobre el médico. De acuerdo con la denuncia de Daiana Pintos, el profesional fue buscado por la tucumana Cintia Díaz con el objeto de realizar una cesárea a la adolescente, luego de la imposibilidad de que ésta tuviera un parto normal con la partera clandestina Amalia, en Tucumán. Según la chica santiagueña, Torres era el profesional para contactar por los tucumanos en caso de emergencias.
El testimonio de Daiana es inequívoco. Cuando en sede judicial se le preguntó por qué una joven de La Banda había venido a dar a luz a nuestra provincia, el médico contestó con evasivas. “Es que pasaban por acá y vinieron a la clinica”, dijo.
El itinerario descripto por la joven madre e investigado por El Tribuno muestran una realidad muy diferente. Daiana, una madre muy precoz, fue trasladada a Tucumán para que naciera en una maternidad clandestina.
sábado, 16 de enero de 2010
trafico de bebés
El miércoles daría su testimonio el padre de la adolescente santiagueña
Daiana llega el lunes a Metán
para declarar ante el juez
Mientras que el bebé continúa desaparecido, su madre ampliará la denuncia por el presunto robo de su hijo.
Los policías salteños y tucumanos que buscan a los prófugos y al nene en la vecina provincia aún no hallaron nada.
Desde aquella denuncia realizada nueve días después del nacimiento de hijo de Daiana Judith Pintos, el 25 de junio del año pasado, hasta el momento no hay datos que puedan dar con el pequeño. Se desconoce en donde fue inscripto y como hijo de que familia. Incluso se sospecha que los apropiadores y el niño se encuentren en el extranjero.
Para desatar el nudo que detiene la investigación sobre el supuesto tráfico de bebé que encabeza el juez de Metán Sebastián Fucho, este lunes, a las 8.30, se aguarda la presencia de Daiana y su tía y protectora legal María Pintos. Luego de dos intentos fallidos, frustrados por falta de garantías para las mujeres que habrían recibido intimidaciones, ambas tendrán la oportunidad de relatar detalladamente todas las peripecias del embarazo y parto de José Gabriel, según llama Daiana a su hijo desaparecido.
Por otra parte, luego de una semana en Tucumán, los policías de las Brigadas de Investigaciones de Metán y la ciudad de Salta, quienes se encuentran acompañados por sus pares de la División Homicidios y Delitos Complejos de la capital tucumana, aún no han logrado dar con algún dato cierto que los conduzca hacia los prófugos tucumanos Cintia y Hugo Díaz ni con el pequeño. Los Díaz habrían participado de la transacción ilegal que desembocó en el nacimiento del bebé en una clínica privada de Rosario de la Frontera, concretado por el médico Carlos Torres, profesional de la ciudad termal.
“Vi cosas feas”
Según el testimonio exclusivo que Daiana brindó a El Tribuno el pasado 9 de enero en Santiago del Estero, el 25 de septiembre de 2008 quedó embarazada de su novio Ismael, el primer novio de la adolescente. A los cuatro meses, la jovencita, entonces de 16 años, confirmó que estaba encinta y sola, pues el muchacho la abandonó.
José Pintos, padre de la menor y esposo separado de Claudia Jiménez, madre de Daiana, al conocer la novedad se la contó a su ex cónyuge. Poco después, Jiménez le comunicó a su hija que no sería necesario un aborto pues su amiga Cintia Díaz, de Alderetes, Tucumán, había encontrado a un matrimonio tucumano, de apellido Guzmán, que deseaban un bebé pues ellos, de edad avanzada, no podían tener uno. “Son una familia rica, tienen una cadena de panadería, el chiquito va a esta bien con ellos”, le aseguró la madre a su hija.
Daiana, confundida y abandonada, dejó hacer. Fue llevada hasta la casa de los Díaz, en la calle Almafuerte de Alderetes, en donde funciona el comedor “Los Tiburones”, desde donde la trasladaron a consultorios tucumanos para monitorear su embarazo. A partir del noveno mes de embarazo, Daiana se quedó a vivir en el domicilio de los Díaz. “Ahí yo vi cosas feas. Hugo tenía armas, siempre andaba armado. Era amigo de todos los policías que iban al bar”, relató la adolescente santiagueña.
“Yo quiero ir a Salta, hablar con el juez (Sebastián Fucho) y la doctora (Patricia Rahmer) que se comunicaron con nosotros; porque los salteños, y también la DINAF de Santiago, son los únicos que me escucharon”, contó la adolescente. “Hoy (por ayer) leí por Internet en El Tribuno, que parece que yo miento y los otros dicen la verdad. A mi lo único que me interesa es que mi hijo esté conmigo. A mi me lo robaron. Y eso está mal, ¿no le parece?”, demandó.
La llave para avanzar
Según se conoció, el avance de la investigación se encuentra supeditado en gran medida a la declaración que, como víctima, realicé Daiana Judith Pintos. Hasta el momento, en el expediente del juzgado metanense figuran sólo la grave denuncia de Daiana Judith Pintos contra su progenitora, Claudia Jiménez, el matrimonio de los tucumanos Cintia y Hugo Díaz y el médico ginecólogo de Rosario de la Frontera , Carlos Eduardo Torres.
Por el otro lado, contradiciéndola, se hallan el descargo defensivo de éste, quien aseguró al juez en dos oportunidades que practicó una cesárea legal; la revisión de los registros de la Clínica Nuestra Señora del Rosario, en donde se verifican que el nacimiento se concretó con normalidad; y las declaraciones de los profesionales que intervinieron en el mismo, quienes desmintieron a la adolescente acerca de que hubo otras personas además de su madre y ella en el la cesárea y el posparto.
Los elementos que están pendientes de resolución y permitirían llegar al bebé son las detenciones de los dos prófugos tucumanos Cintia y Hugo Díaz, en cuya vivienda transcurrió el último mes de embarazo de la adolescente y la declaración indagatoria a Claudia Jiménez, abuela del bebé que Daiana llamó José Gabriel. La mujer de 40 años y oriunda de La Banda , Santiago del Estero, posee antecedentes penales en esta provincia y está acusada por su hija de haber realizado la transacción que culminó con la venta del bebé al matrimonio tucumano de Valeria Guzmán, también desaparecidos.
Jiménez, pese a sus escasos recursos, posee el asesoramiento de dos abogados metanenses: José Horacio Retuerta y Guillermo Barrera, ambos designados por desconocidos contratantes tucumanos. La mujer ni siquiera los conocía, el pasado 6 de enero cuando arribó detenida a Metán.
Los defensores le aconsejaron a Jiménez que no abra la boca ante el juez. Asimismo, pese a los pedidos realizados oportunamente, los letrados han evadido el contacto con El Tribuno.
Muy lejos para ir a nacer
Desde La Banda, en Santiago del Estero, hasta Rosario de la Frontera hay 316 kilómetros a través de la ruta nacional 34. Esa distancia fue la recorrió Daiana para dar a luz a su hijo. Fue atendida por el médico ginecólogo Carlos Torres, quien en la actualidad se encuentra detenido. Este dijo al juez Fucho que la adolescente y su madre Claudia Jiménez le dijeron que estaban “de paso” por la ciudad termal y que tras la cesárea le extendió a Daiana un “certificado de nacido vivo” a nombre y apellido de ésta.
Sin embargo, María Pintos, tía de la menor, denunció 9 días después del parto, en la comisaría de La Banda, el robo de un bebé. El 9 de noviembre el juez Néstor Migueles, de ésta ciudad santiagueña, se declaró incompetente.
El 15 de diciembre de 2009, Daiana y su tía, mediante ayuda de la DINAF (Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia) de Santiago del Estero, llegaron a Metán y fueron atendidas por el juez Mario Dilascio. El mismo día, el magistrado envió un exhorto a su par tucumano Víctor Pérez. Dos días después, según comprobó la secretaria judicial de Metán Patricia Rahmer, el pasado 12 de enero, el expediente había sido archivado. Recién éste día comenzó la investigación para dar con el bebé desaparecido.
Los investigadores sospechan que en realidad no hubo uno sino dos certificados de nacido vivo entregados por Torres a Claudia Jiménez. Con estos, se habría entregado el recién nacido a los Guzmán. El paradero de estos es desconocido.
Desde Tucumán hacia
Rosario de la Frontera
Tras llegar a Daiana a Alderetes, su madre y Cintia Díaz la llevaron a la maternidad y sala de abortos de Amalia, en la calle Tacuarí 1885 de San Miguel Tucumán, quien por pedido de los Guzmán le realizaría el parto clandestino. Pero debido a su pequeño físico, la adolescente debía tener a su hijo por medio de cesárea. “Cintia le dijo a mi mamá y a Valeria Guzmán que entonces le avisaría a su amigo médico de Rosario de la Frontera, para que mi hijo naciese allí”, contó Daiana. Se refería, según la jovencita, a Carlos Torres.
En esos días, la adolescente le envió mensajes de texto a su prima Adriana para pedirle ayuda.
El 25 de junio de 2009, a las 6 de la mañana, la adolescente y su madre fueron pasadas a buscar por una camioneta 4 x 4 conducida por un hombre a quien acompañada de su esposa, quien, de acuerdo a la menor, es hermana de Valeria Guzmán, la madre que había comprado de antemano al pequeño por nacer. Era la primera vez que Daiana conocería Rosario de la Frontera.
A las 14.45 del 25 de junio del año pasado, en la clínica Nuestra Señora del Rosario, de Rosario de la localidad termal, nació el bebé.
Al otro día, en la playa de la estación de servicio del Automóvil Club Argentino, Daiana, según su relato, vio por última vez a su hijo. Ni siquiera le dejaron darle el pecho.
El 4 de julio, María Pintos, hermana de José, padre de Daiana, denunció en la comisaría de La Banda el robo del bebé de su sobrina. Pasaron cinco meses hasta que alguien la escuchase: fue en Metán, ante el juez Mario Dilascio. El magistrado, tras el testimonio de tía y madre adolescente abrió una investigación que aún continúa irresuelta.
Daiana llega el lunes a Metán
para declarar ante el juez
Mientras que el bebé continúa desaparecido, su madre ampliará la denuncia por el presunto robo de su hijo.
Los policías salteños y tucumanos que buscan a los prófugos y al nene en la vecina provincia aún no hallaron nada.
Desde aquella denuncia realizada nueve días después del nacimiento de hijo de Daiana Judith Pintos, el 25 de junio del año pasado, hasta el momento no hay datos que puedan dar con el pequeño. Se desconoce en donde fue inscripto y como hijo de que familia. Incluso se sospecha que los apropiadores y el niño se encuentren en el extranjero.
Para desatar el nudo que detiene la investigación sobre el supuesto tráfico de bebé que encabeza el juez de Metán Sebastián Fucho, este lunes, a las 8.30, se aguarda la presencia de Daiana y su tía y protectora legal María Pintos. Luego de dos intentos fallidos, frustrados por falta de garantías para las mujeres que habrían recibido intimidaciones, ambas tendrán la oportunidad de relatar detalladamente todas las peripecias del embarazo y parto de José Gabriel, según llama Daiana a su hijo desaparecido.
Por otra parte, luego de una semana en Tucumán, los policías de las Brigadas de Investigaciones de Metán y la ciudad de Salta, quienes se encuentran acompañados por sus pares de la División Homicidios y Delitos Complejos de la capital tucumana, aún no han logrado dar con algún dato cierto que los conduzca hacia los prófugos tucumanos Cintia y Hugo Díaz ni con el pequeño. Los Díaz habrían participado de la transacción ilegal que desembocó en el nacimiento del bebé en una clínica privada de Rosario de la Frontera, concretado por el médico Carlos Torres, profesional de la ciudad termal.
“Vi cosas feas”
Según el testimonio exclusivo que Daiana brindó a El Tribuno el pasado 9 de enero en Santiago del Estero, el 25 de septiembre de 2008 quedó embarazada de su novio Ismael, el primer novio de la adolescente. A los cuatro meses, la jovencita, entonces de 16 años, confirmó que estaba encinta y sola, pues el muchacho la abandonó.
José Pintos, padre de la menor y esposo separado de Claudia Jiménez, madre de Daiana, al conocer la novedad se la contó a su ex cónyuge. Poco después, Jiménez le comunicó a su hija que no sería necesario un aborto pues su amiga Cintia Díaz, de Alderetes, Tucumán, había encontrado a un matrimonio tucumano, de apellido Guzmán, que deseaban un bebé pues ellos, de edad avanzada, no podían tener uno. “Son una familia rica, tienen una cadena de panadería, el chiquito va a esta bien con ellos”, le aseguró la madre a su hija.
Daiana, confundida y abandonada, dejó hacer. Fue llevada hasta la casa de los Díaz, en la calle Almafuerte de Alderetes, en donde funciona el comedor “Los Tiburones”, desde donde la trasladaron a consultorios tucumanos para monitorear su embarazo. A partir del noveno mes de embarazo, Daiana se quedó a vivir en el domicilio de los Díaz. “Ahí yo vi cosas feas. Hugo tenía armas, siempre andaba armado. Era amigo de todos los policías que iban al bar”, relató la adolescente santiagueña.
“Yo quiero ir a Salta, hablar con el juez (Sebastián Fucho) y la doctora (Patricia Rahmer) que se comunicaron con nosotros; porque los salteños, y también la DINAF de Santiago, son los únicos que me escucharon”, contó la adolescente. “Hoy (por ayer) leí por Internet en El Tribuno, que parece que yo miento y los otros dicen la verdad. A mi lo único que me interesa es que mi hijo esté conmigo. A mi me lo robaron. Y eso está mal, ¿no le parece?”, demandó.
La llave para avanzar
Según se conoció, el avance de la investigación se encuentra supeditado en gran medida a la declaración que, como víctima, realicé Daiana Judith Pintos. Hasta el momento, en el expediente del juzgado metanense figuran sólo la grave denuncia de Daiana Judith Pintos contra su progenitora, Claudia Jiménez, el matrimonio de los tucumanos Cintia y Hugo Díaz y el médico ginecólogo de Rosario de la Frontera , Carlos Eduardo Torres.
Los elementos que están pendientes de resolución y permitirían llegar al bebé son las detenciones de los dos prófugos tucumanos Cintia y Hugo Díaz, en cuya vivienda transcurrió el último mes de embarazo de la adolescente y la declaración indagatoria a Claudia Jiménez, abuela del bebé que Daiana llamó José Gabriel. La mujer de 40 años y oriunda de La Banda , Santiago del Estero, posee antecedentes penales en esta provincia y está acusada por su hija de haber realizado la transacción que culminó con la venta del bebé al matrimonio tucumano de Valeria Guzmán, también desaparecidos.
Jiménez, pese a sus escasos recursos, posee el asesoramiento de dos abogados metanenses: José Horacio Retuerta y Guillermo Barrera, ambos designados por desconocidos contratantes tucumanos. La mujer ni siquiera los conocía, el pasado 6 de enero cuando arribó detenida a Metán.
Los defensores le aconsejaron a Jiménez que no abra la boca ante el juez. Asimismo, pese a los pedidos realizados oportunamente, los letrados han evadido el contacto con El Tribuno.
Muy lejos para ir a nacer
Desde La Banda, en Santiago del Estero, hasta Rosario de la Frontera hay 316 kilómetros a través de la ruta nacional 34. Esa distancia fue la recorrió Daiana para dar a luz a su hijo. Fue atendida por el médico ginecólogo Carlos Torres, quien en la actualidad se encuentra detenido. Este dijo al juez Fucho que la adolescente y su madre Claudia Jiménez le dijeron que estaban “de paso” por la ciudad termal y que tras la cesárea le extendió a Daiana un “certificado de nacido vivo” a nombre y apellido de ésta.
Sin embargo, María Pintos, tía de la menor, denunció 9 días después del parto, en la comisaría de La Banda, el robo de un bebé. El 9 de noviembre el juez Néstor Migueles, de ésta ciudad santiagueña, se declaró incompetente.
El 15 de diciembre de 2009, Daiana y su tía, mediante ayuda de la DINAF (Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia) de Santiago del Estero, llegaron a Metán y fueron atendidas por el juez Mario Dilascio. El mismo día, el magistrado envió un exhorto a su par tucumano Víctor Pérez. Dos días después, según comprobó la secretaria judicial de Metán Patricia Rahmer, el pasado 12 de enero, el expediente había sido archivado. Recién éste día comenzó la investigación para dar con el bebé desaparecido.
Los investigadores sospechan que en realidad no hubo uno sino dos certificados de nacido vivo entregados por Torres a Claudia Jiménez. Con estos, se habría entregado el recién nacido a los Guzmán. El paradero de estos es desconocido.
Desde Tucumán hacia
Rosario de la Frontera
Tras llegar a Daiana a Alderetes, su madre y Cintia Díaz la llevaron a la maternidad y sala de abortos de Amalia, en la calle Tacuarí 1885 de San Miguel Tucumán, quien por pedido de los Guzmán le realizaría el parto clandestino. Pero debido a su pequeño físico, la adolescente debía tener a su hijo por medio de cesárea. “Cintia le dijo a mi mamá y a Valeria Guzmán que entonces le avisaría a su amigo médico de Rosario de la Frontera, para que mi hijo naciese allí”, contó Daiana. Se refería, según la jovencita, a Carlos Torres.
En esos días, la adolescente le envió mensajes de texto a su prima Adriana para pedirle ayuda.
El 25 de junio de 2009, a las 6 de la mañana, la adolescente y su madre fueron pasadas a buscar por una camioneta 4 x 4 conducida por un hombre a quien acompañada de su esposa, quien, de acuerdo a la menor, es hermana de Valeria Guzmán, la madre que había comprado de antemano al pequeño por nacer. Era la primera vez que Daiana conocería Rosario de la Frontera.
A las 14.45 del 25 de junio del año pasado, en la clínica Nuestra Señora del Rosario, de Rosario de la localidad termal, nació el bebé.
Al otro día, en la playa de la estación de servicio del Automóvil Club Argentino, Daiana, según su relato, vio por última vez a su hijo. Ni siquiera le dejaron darle el pecho.
El 4 de julio, María Pintos, hermana de José, padre de Daiana, denunció en la comisaría de La Banda el robo del bebé de su sobrina. Pasaron cinco meses hasta que alguien la escuchase: fue en Metán, ante el juez Mario Dilascio. El magistrado, tras el testimonio de tía y madre adolescente abrió una investigación que aún continúa irresuelta.
lunes, 28 de diciembre de 2009
Qa'tu en la cárcel
Qa’tu dentro del penal
Una mano ruda, pero blanda, como carente de energía, es la que extiende José Fabián Ruiz al periodista. El aborigen acusado de violar a una niña wichí tiene mediana estatura, piel cobriza que el encierro desde hace más de cuatro años no logró decolorar, sus ojos amarillentos de tanto mirarse para dentro y un aspecto demacrado, desolado, entristecido. Qa’tú, en el tiempo que lleva preso, se enteró que nació su hijo y murió su padre.
Ruiz esperaba el encuentro con El Tribuno. “Los jueces no me escuchan, y ellos no entienden las costumbres de nuestro pueblo, están equivocados”, reclamó, con voz apenas audible, en su lengua wichí.
“Tik otes iki”, dijo. “No tengo culpa de nada”, tradujo el antropólogo. Y es que para el aborigen, la prisión que guarda es incomprensible pues él está convencido de no haber cometido ningún delito. “Acá hubo violadores, pero ya están afuera, en cambio yo continúo adentro. Me castigan por lo que me autorizó mi gente, con el permiso de Teodora (la primera mujer y madre de la víctima), las mujeres y Estela (la chica con quien mantuvo relaciones penadas por la ley) La única mujer que me condenó sin conocerme fue Octorina Zamora. Debe ser muy mala para odiarme”, deslizó, sin rencor.
“Mi familia me necesita, yo los necesito. Quiero visitar la tumba de mi padre, que murió de pena por culpa de la justicia blanca, y a mi hijo, que no vi nacer”, contó, con triste desconcierto. Y luego volvió a su silencio.
Una mano ruda, pero blanda, como carente de energía, es la que extiende José Fabián Ruiz al periodista. El aborigen acusado de violar a una niña wichí tiene mediana estatura, piel cobriza que el encierro desde hace más de cuatro años no logró decolorar, sus ojos amarillentos de tanto mirarse para dentro y un aspecto demacrado, desolado, entristecido. Qa’tú, en el tiempo que lleva preso, se enteró que nació su hijo y murió su padre.
Ruiz esperaba el encuentro con El Tribuno. “Los jueces no me escuchan, y ellos no entienden las costumbres de nuestro pueblo, están equivocados”, reclamó, con voz apenas audible, en su lengua wichí.
“Tik otes iki”, dijo. “No tengo culpa de nada”, tradujo el antropólogo. Y es que para el aborigen, la prisión que guarda es incomprensible pues él está convencido de no haber cometido ningún delito. “Acá hubo violadores, pero ya están afuera, en cambio yo continúo adentro. Me castigan por lo que me autorizó mi gente, con el permiso de Teodora (la primera mujer y madre de la víctima), las mujeres y Estela (la chica con quien mantuvo relaciones penadas por la ley) La única mujer que me condenó sin conocerme fue Octorina Zamora. Debe ser muy mala para odiarme”, deslizó, sin rencor.
“Mi familia me necesita, yo los necesito. Quiero visitar la tumba de mi padre, que murió de pena por culpa de la justicia blanca, y a mi hijo, que no vi nacer”, contó, con triste desconcierto. Y luego volvió a su silencio.
domingo, 20 de diciembre de 2009
Criminalidad y marginalidad
Entrevista: Carlos Alberto Rozansky, presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata.
“El Estado debe atender tanto la
criminalidad como la marginalidad”
El magistrado, quien condenó a los represores Miguel Etchecolatz y Christian von Wernich, estuvo en Salta y en una pausa de su trabajo –llegó para escuchar a la madre de una menor de Bolivia abusada en La Plata – habló con El Tribuno sobre la inseguridad. Aseguró que hay que atender a las víctimas, se opone a que los menores de edad sean juzgados como adultos y reivindicó a las asociaciones surgidas desde el dolor y la tragedia.
- ¿La inseguridad real es diferente a la sensación que se siente de la misma?
- La inseguridad tiene un nivel de realidad y también una “sensación térmica”, como se dice. La realidad de la inseguridad son los delitos cometidos cotidianamente y cuya medición depende de quien mide y de los objetivos de la medición.
- ¿Y los menores de edad, cometen más delitos?
- Es un juicio falso. Se afirma que hay más delitos, y que la mayoría de estos son cometidos por menores. Yo no creo que exista esto y mucho menos que sean niños o adolescentes quienes delinquen más. Estoy convencido que es bajo el índice de delincuencia adolescente. Lo que sucede es que al divulgarse públicamente delitos cometidos por chicos, estos llaman mucho más la atención y asustan. Esto es lógico: causa mucho dolor, tristeza, espanto, conocer que un menor de 14 años mate brutalmente a una persona. Pero si bien el delito cometido sea brutal, eso no desmiente que quien lo llevó a cabo es un chico. Si uno se equivoca en esta apreciación, sea por parte del Estado, por la prensa, los políticos de la oposición o algún sector de la sociedad o quien sea, se equivocará también en encontrar soluciones al problema. No se puede poner en duda la realidad de inseguridad como fenómeno cotidiano de los argentinos, sobre todo cuando tiene mayoritariamente como víctimas a los pobres. La mayor cantidad de víctimas está en la gente con menores recursos que incluso llegan a no denunciar, a que sus denuncias no sean tomadas, o a que se les convenza de no denunciar.
- En el debate entraron a terciar famosos de la televisión, que tienen su gran influencia en la opinión pública.
- Desde un sector sólo se ve la peligrosidad y por otro lado sólo se ven las causas. Hay que trabajar en las causas, como la pobreza, la marginalidad, pero sin desatender el nivel de peligrosidad que pueda tener esa persona. Hay una falsa oposición. O estoy con las causas y fomento la impunidad o me ocupo de la peligrosidad y dejo de ser garantista y pido pena de muerte. El discurso de mano dura, represivo, tiene una esencia ideológica, implica dos cosas: ignorancia, no se conoce la realidad como por ejemplo la de las cárceles; y un nivel de agresividad muy alto. Ambas cosas no le permiten tener una visión en perspectiva: que es reconocer la peligrosidad y reconocer las causas.
- Entonces, ¿no es una solución acertada bajar la edad de imputabilidad penal?
- ¡No!, ¡en absoluto!, eso es una barbaridad. Desde mi experiencia, es una gravísima equivocación centrar el problema de la inseguridad en bajar la edad de imputabilidad y comenzar a considerar sospechosos a los adolescentes. Por muchas razones. En primer lugar, la mayoría de los delitos son obra de jóvenes y adultos mayores de edad, no por adolescentes ni niños. Pensar así y bajar la edad de imputabilidad haría que se abarque una franja de edad que podría ser acusada, juzgada y condenada y se equivocarían los esfuerzos contra la inseguridad. En segundo lugar, el error conceptual de creer que la baja de imputabilidad pueda significar alguna ayuda para disminuir la delincuencia es ignorar que desde siempre establecer una edad mínina para la imputación de delitos está vinculada a razones científicas largamente estudiadas, a la etapa evolutiva que experimenta esa persona; tiene que ver con la psicología ya la evolución psicosocial de ese adolescente. Y las etapas evolutivas no se modifican por ley, por decisión política, por impulso demagógico. Entonces, si un niño de 12 años toma una carabina y mata a un hombre, esto no lo convierte en asesino; este hecho terrible no lo convierte en adulto. Sigue siendo un chico que tomó un arma y mató. Seguro que es un adolescente violento, brutal, asocial. Pero los derechos internacionales y la Convención de los derechos del niño no se fijaron por capricho. Los criterios fueron científicos, aceptados por la inmensa mayoría de los países del mundo y luego se hicieron leyes. Esto no significa en absoluto que la sociedad y la justicia deba ser tolerante con un chico brutal.
- ¿Me dice que hay que atender a ese menor violento sin condenarlo como adulto?
- Hay que atender a este adolescente, apartarlo de la sociedad, por respeto a la sociedad que no tiene porque sufrir las conductas asociales y peligrosas de un menor de edad brutal. Pero hay que estudiar cual es la etapa evolutiva de este menor, para que el Estado aplique una solución acorde. Llevarlo a una prisión, con adultos, no tiene nada que ver con una respuesta racional.
- Hay posturas que sostienen de que la criminalidad adolescente es resultado de la marginalidad familiar y social en la que estos chicos crecieron. ¿Hay acciones del Estado en este sentido?
- El Estado debe atender tanto la criminalidad como la marginalidad. A mi me parece imposible combatir la criminalidad sino se combate la marginalidad. Y atender sólo las condiciones de vida del menor violento deja desamparado al prójimo que tiene derecho a no convivir con un menor violento, de cuyos problemas no es responsable.
- Algunos jueces son criticados por “garantistas”, esto es, de darles muchas garantías a los delincuentes y no tener en cuenta a las víctimas.
- El garantismo tiene mala prensa. En realidad, la protección de las garantías de los acusados es una corriente de pensamiento que se desarrolló durante la democracia para afirmar la preeminencia del debido proceso hacia los victimarios, pero también para las víctimas. Sino se contemplan los derechos y garantías de quienes han sufrido un delito, no se lleva adelante un debido proceso penal y por lo tanto el trabajo del juez es malo. Las garantías son tanto para los imputados como para las víctimas, y alcanzan a los testigos, y no atenderlas pueden significar que el crimen quede impune.
- Sin embargo, algunos opinan que sólo se garantizan los derechos de los delincuentes, y no los de las víctimas.
- Entonces no se trata de garantismo. Los imputados tienen sus garantías, que hay que respetar, pero cada vez más hay que esforzarse en la protección de las víctimas, pues esto significa atender sus legítimos derechos humanos violados. El buen juez debe ser equilibrado.
- Las críticas al Estado con respecto a la inseguridad parten de que no hay políticas claras de protección a los ciudadanos y las víctimas de delitos.
- En este sentido hay un punto clave, y es que el Estado tiene la obligación de atender a las víctimas, pero no pensar como ellas. Hace tiempo que estoy estudiando esto, pues de esta diferenciación puede comprenderse la correcta aplicación de las garantías y alejarse del falso concepto de garantismo. Es decir, cuando el Estado, en sus diversas instancias, tiene el deber de dar respuestas al drama cotidiano de la inseguridad, y sus respuestas son dadas como si fuera una victima, que son entendibles en la víctima real, esas respuestas va a ser equivocadas. Por ejemplo, una madre que perdió un hijo, con el inmenso dolor que ella carga, que es entendible, no podría desde ese sentimiento proponer una legislación racional contra la inseguridad. Lo mismo sucede si el estado piensa como víctima y propone medidas sin la necesaria racionalidad. Necesita comprender a la víctima, necesita tener empatía con ella, y desde la racionalidad y el análisis, proponer soluciones.
- Desde esa concepción, es absolutamente legítimo lo que ha hecho entonces Juan Carlos Blumberg, tras el asesinato de su hijo Axel.
- Por supuesto. Este hombre, como otros padres o madres que dedicaron su vida, luego de una tragedia personal, a realizar propuestas y acciones para combatir el delito, son ejemplares. Son actitudes valientes para que a otros padres no les sucedan hechos terribles como los que ellos han sufrido. Sin embargo, un padre herido en lo más profundo de su ser no puede reemplazar al Estado. Argentina tiene muchas asociaciones surgidas a partir del dolor, la tragedia, y esta bien, pero no reemplazan al estado. Ellas poseen la legitimidad del dolor, y desde allí pueden proponer cambios. El planteo incorrecto es que estas asociaciones, que tienen legitimidad social, salgan a reemplazar lo que el Estado no cumple. Ellas existen para hacer cumplir, denunciar las ausencias del Estado, proponer alternativas para acciones que se deben tomar, hacer propuestas a los representantes legislativos. Es indudable que cuando la ausencia del Estado es grande, crecen estas organizaciones. Pero ellas no deben ser parte de las soluciones, no de los problemas.
Un petitorio para
Barack Obama
En coincidencia con la celebración del 20º aniversario de la aprobación por las Naciones Unidas de la Convención Internacional por los Derechos del Niño, el juez platense Carlos Rozanski lanzó un singular petitorio para que los Premios Nobel pidan al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, último galardonado con esa emblemática distinción, que impulse la ratificación en su país de ese tratado. El primero en firmarlo fue Adolfo Pérez Esquivel. “Se me ocurrió esta propuesta después de escuchar a Obama decir con mucha humildad, que él no estaba a la altura de los demás Premio Nobel. Y como Estados Unidos es el único Estado que no ratificó la Convención Internacional, me pareció oportuno que como parte del compromiso que significa el Nobel gestione ante el Parlamento de su país la adhesión a ese tratado, que es el que más acuerdo ha tenido de países en la historia de la humanidad. Sólo falta que lo firme Estados Unidos.
El perfil
El doctor Carlos Alberto Rozanski es el actual presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, provincia de Buenos Aires y el primer magistrado elegido por concurso por el Consejo de la Magistratura. Es Miembro Fundador Honorario de la Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto Juvenil (ASAPMI) e integrante del Foro Para la Justicia Democrática (FOJUDE). Es autor de artículos judiciales publicados sobre abuso infantil y coautor de los libros “Abuso sexual en la infancia” (2002) y “Maltrato Infantil. Riesgos del compromiso profesional” (2003). Además escribió la obra “Abuso sexual infantil. ¿Denunciar o Silenciar?” (2003). Fue docente del Curso de Postgrado: Abordaje Interdisciplinario del Abuso Sexual Infanto Juvenil, en la Facultad de Psicología, de la UBA (2004). Autor del “Proyecto de Reforma Libro II, Título III, Capítulo IV del Código Procesal Penal de la Nación”, que regula la declaración de los niños abusados, sancionado el 4 de diciembre de 2003 como Ley 25.852 de la República Argentina. A partir de su promulgación, en 2004, la “ley Rozansky” instituyó la Cámara Gesell, que dejó de lado la indagación de las víctimas menores de edad por parte de jueces, funcionarios judiciales o policiales.
En su obra “Abuso sexual infantil. ¿Denunciar o Silenciar?”, el juez escribió "El objeto de este libro es llamar la atención sobre la injusticia e ilegalidad de determinadas prácticas actuales en el modo de intervención judicial en casos de abuso sexual de niños”.
“Mi propuesta consiste en resaltar la necesidad de comenzar a elaborar un modelo de intervención respetuoso y que no lastime a las víctimas. Uno que tenga en cuenta las principales características y consecuencias del fenómeno, así como la legislación protectora vigente, y donde la criatura abusada no sea una foja más de un expediente, sino el centro y sentido mismo de esas actuaciones”.
“Y en última instancia, un modelo inspirado en una ética humanista en el que los jueces utilicen el enorme poder que poseen para que las leyes se cumplan y para que ningún niño víctima de abuso vuelva a ser maltratado".
criminalidad como la marginalidad”
El magistrado, quien condenó a los represores Miguel Etchecolatz y Christian von Wernich, estuvo en Salta y en una pausa de su trabajo –llegó para escuchar a la madre de una menor de Bolivia abusada en La Plata – habló con El Tribuno sobre la inseguridad. Aseguró que hay que atender a las víctimas, se opone a que los menores de edad sean juzgados como adultos y reivindicó a las asociaciones surgidas desde el dolor y la tragedia.
- ¿La inseguridad real es diferente a la sensación que se siente de la misma?
- La inseguridad tiene un nivel de realidad y también una “sensación térmica”, como se dice. La realidad de la inseguridad son los delitos cometidos cotidianamente y cuya medición depende de quien mide y de los objetivos de la medición.
- ¿Y los menores de edad, cometen más delitos?
- Es un juicio falso. Se afirma que hay más delitos, y que la mayoría de estos son cometidos por menores. Yo no creo que exista esto y mucho menos que sean niños o adolescentes quienes delinquen más. Estoy convencido que es bajo el índice de delincuencia adolescente. Lo que sucede es que al divulgarse públicamente delitos cometidos por chicos, estos llaman mucho más la atención y asustan. Esto es lógico: causa mucho dolor, tristeza, espanto, conocer que un menor de 14 años mate brutalmente a una persona. Pero si bien el delito cometido sea brutal, eso no desmiente que quien lo llevó a cabo es un chico. Si uno se equivoca en esta apreciación, sea por parte del Estado, por la prensa, los políticos de la oposición o algún sector de la sociedad o quien sea, se equivocará también en encontrar soluciones al problema. No se puede poner en duda la realidad de inseguridad como fenómeno cotidiano de los argentinos, sobre todo cuando tiene mayoritariamente como víctimas a los pobres. La mayor cantidad de víctimas está en la gente con menores recursos que incluso llegan a no denunciar, a que sus denuncias no sean tomadas, o a que se les convenza de no denunciar.
- En el debate entraron a terciar famosos de la televisión, que tienen su gran influencia en la opinión pública.
- Desde un sector sólo se ve la peligrosidad y por otro lado sólo se ven las causas. Hay que trabajar en las causas, como la pobreza, la marginalidad, pero sin desatender el nivel de peligrosidad que pueda tener esa persona. Hay una falsa oposición. O estoy con las causas y fomento la impunidad o me ocupo de la peligrosidad y dejo de ser garantista y pido pena de muerte. El discurso de mano dura, represivo, tiene una esencia ideológica, implica dos cosas: ignorancia, no se conoce la realidad como por ejemplo la de las cárceles; y un nivel de agresividad muy alto. Ambas cosas no le permiten tener una visión en perspectiva: que es reconocer la peligrosidad y reconocer las causas.
- Entonces, ¿no es una solución acertada bajar la edad de imputabilidad penal?
- ¡No!, ¡en absoluto!, eso es una barbaridad. Desde mi experiencia, es una gravísima equivocación centrar el problema de la inseguridad en bajar la edad de imputabilidad y comenzar a considerar sospechosos a los adolescentes. Por muchas razones. En primer lugar, la mayoría de los delitos son obra de jóvenes y adultos mayores de edad, no por adolescentes ni niños. Pensar así y bajar la edad de imputabilidad haría que se abarque una franja de edad que podría ser acusada, juzgada y condenada y se equivocarían los esfuerzos contra la inseguridad. En segundo lugar, el error conceptual de creer que la baja de imputabilidad pueda significar alguna ayuda para disminuir la delincuencia es ignorar que desde siempre establecer una edad mínina para la imputación de delitos está vinculada a razones científicas largamente estudiadas, a la etapa evolutiva que experimenta esa persona; tiene que ver con la psicología ya la evolución psicosocial de ese adolescente. Y las etapas evolutivas no se modifican por ley, por decisión política, por impulso demagógico. Entonces, si un niño de 12 años toma una carabina y mata a un hombre, esto no lo convierte en asesino; este hecho terrible no lo convierte en adulto. Sigue siendo un chico que tomó un arma y mató. Seguro que es un adolescente violento, brutal, asocial. Pero los derechos internacionales y la Convención de los derechos del niño no se fijaron por capricho. Los criterios fueron científicos, aceptados por la inmensa mayoría de los países del mundo y luego se hicieron leyes. Esto no significa en absoluto que la sociedad y la justicia deba ser tolerante con un chico brutal.
- ¿Me dice que hay que atender a ese menor violento sin condenarlo como adulto?
- Hay que atender a este adolescente, apartarlo de la sociedad, por respeto a la sociedad que no tiene porque sufrir las conductas asociales y peligrosas de un menor de edad brutal. Pero hay que estudiar cual es la etapa evolutiva de este menor, para que el Estado aplique una solución acorde. Llevarlo a una prisión, con adultos, no tiene nada que ver con una respuesta racional.
- Hay posturas que sostienen de que la criminalidad adolescente es resultado de la marginalidad familiar y social en la que estos chicos crecieron. ¿Hay acciones del Estado en este sentido?
- El Estado debe atender tanto la criminalidad como la marginalidad. A mi me parece imposible combatir la criminalidad sino se combate la marginalidad. Y atender sólo las condiciones de vida del menor violento deja desamparado al prójimo que tiene derecho a no convivir con un menor violento, de cuyos problemas no es responsable.
- Algunos jueces son criticados por “garantistas”, esto es, de darles muchas garantías a los delincuentes y no tener en cuenta a las víctimas.
- El garantismo tiene mala prensa. En realidad, la protección de las garantías de los acusados es una corriente de pensamiento que se desarrolló durante la democracia para afirmar la preeminencia del debido proceso hacia los victimarios, pero también para las víctimas. Sino se contemplan los derechos y garantías de quienes han sufrido un delito, no se lleva adelante un debido proceso penal y por lo tanto el trabajo del juez es malo. Las garantías son tanto para los imputados como para las víctimas, y alcanzan a los testigos, y no atenderlas pueden significar que el crimen quede impune.
- Sin embargo, algunos opinan que sólo se garantizan los derechos de los delincuentes, y no los de las víctimas.
- Entonces no se trata de garantismo. Los imputados tienen sus garantías, que hay que respetar, pero cada vez más hay que esforzarse en la protección de las víctimas, pues esto significa atender sus legítimos derechos humanos violados. El buen juez debe ser equilibrado.
- Las críticas al Estado con respecto a la inseguridad parten de que no hay políticas claras de protección a los ciudadanos y las víctimas de delitos.
- En este sentido hay un punto clave, y es que el Estado tiene la obligación de atender a las víctimas, pero no pensar como ellas. Hace tiempo que estoy estudiando esto, pues de esta diferenciación puede comprenderse la correcta aplicación de las garantías y alejarse del falso concepto de garantismo. Es decir, cuando el Estado, en sus diversas instancias, tiene el deber de dar respuestas al drama cotidiano de la inseguridad, y sus respuestas son dadas como si fuera una victima, que son entendibles en la víctima real, esas respuestas va a ser equivocadas. Por ejemplo, una madre que perdió un hijo, con el inmenso dolor que ella carga, que es entendible, no podría desde ese sentimiento proponer una legislación racional contra la inseguridad. Lo mismo sucede si el estado piensa como víctima y propone medidas sin la necesaria racionalidad. Necesita comprender a la víctima, necesita tener empatía con ella, y desde la racionalidad y el análisis, proponer soluciones.
- Desde esa concepción, es absolutamente legítimo lo que ha hecho entonces Juan Carlos Blumberg, tras el asesinato de su hijo Axel.
- Por supuesto. Este hombre, como otros padres o madres que dedicaron su vida, luego de una tragedia personal, a realizar propuestas y acciones para combatir el delito, son ejemplares. Son actitudes valientes para que a otros padres no les sucedan hechos terribles como los que ellos han sufrido. Sin embargo, un padre herido en lo más profundo de su ser no puede reemplazar al Estado. Argentina tiene muchas asociaciones surgidas a partir del dolor, la tragedia, y esta bien, pero no reemplazan al estado. Ellas poseen la legitimidad del dolor, y desde allí pueden proponer cambios. El planteo incorrecto es que estas asociaciones, que tienen legitimidad social, salgan a reemplazar lo que el Estado no cumple. Ellas existen para hacer cumplir, denunciar las ausencias del Estado, proponer alternativas para acciones que se deben tomar, hacer propuestas a los representantes legislativos. Es indudable que cuando la ausencia del Estado es grande, crecen estas organizaciones. Pero ellas no deben ser parte de las soluciones, no de los problemas.
Un petitorio para
Barack Obama
En coincidencia con la celebración del 20º aniversario de la aprobación por las Naciones Unidas de la Convención Internacional por los Derechos del Niño, el juez platense Carlos Rozanski lanzó un singular petitorio para que los Premios Nobel pidan al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, último galardonado con esa emblemática distinción, que impulse la ratificación en su país de ese tratado. El primero en firmarlo fue Adolfo Pérez Esquivel. “Se me ocurrió esta propuesta después de escuchar a Obama decir con mucha humildad, que él no estaba a la altura de los demás Premio Nobel. Y como Estados Unidos es el único Estado que no ratificó la Convención Internacional, me pareció oportuno que como parte del compromiso que significa el Nobel gestione ante el Parlamento de su país la adhesión a ese tratado, que es el que más acuerdo ha tenido de países en la historia de la humanidad. Sólo falta que lo firme Estados Unidos.
El perfil
El doctor Carlos Alberto Rozanski es el actual presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, provincia de Buenos Aires y el primer magistrado elegido por concurso por el Consejo de la Magistratura. Es Miembro Fundador Honorario de la Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto Juvenil (ASAPMI) e integrante del Foro Para la Justicia Democrática (FOJUDE). Es autor de artículos judiciales publicados sobre abuso infantil y coautor de los libros “Abuso sexual en la infancia” (2002) y “Maltrato Infantil. Riesgos del compromiso profesional” (2003). Además escribió la obra “Abuso sexual infantil. ¿Denunciar o Silenciar?” (2003). Fue docente del Curso de Postgrado: Abordaje Interdisciplinario del Abuso Sexual Infanto Juvenil, en la Facultad de Psicología, de la UBA (2004). Autor del “Proyecto de Reforma Libro II, Título III, Capítulo IV del Código Procesal Penal de la Nación”, que regula la declaración de los niños abusados, sancionado el 4 de diciembre de 2003 como Ley 25.852 de la República Argentina. A partir de su promulgación, en 2004, la “ley Rozansky” instituyó la Cámara Gesell, que dejó de lado la indagación de las víctimas menores de edad por parte de jueces, funcionarios judiciales o policiales.
En su obra “Abuso sexual infantil. ¿Denunciar o Silenciar?”, el juez escribió "El objeto de este libro es llamar la atención sobre la injusticia e ilegalidad de determinadas prácticas actuales en el modo de intervención judicial en casos de abuso sexual de niños”.
“Mi propuesta consiste en resaltar la necesidad de comenzar a elaborar un modelo de intervención respetuoso y que no lastime a las víctimas. Uno que tenga en cuenta las principales características y consecuencias del fenómeno, así como la legislación protectora vigente, y donde la criatura abusada no sea una foja más de un expediente, sino el centro y sentido mismo de esas actuaciones”.
“Y en última instancia, un modelo inspirado en una ética humanista en el que los jueces utilicen el enorme poder que poseen para que las leyes se cumplan y para que ningún niño víctima de abuso vuelva a ser maltratado".
sábado, 19 de diciembre de 2009
Una cacique wichí en contra del aborígen acusado
Entrevista: Octorina Zamora, cacique de la comunidad wichí Honat le´les, de Embarcación
“Fue una aberración”
- ¿Está de acuerdo con que Fabián Ruiz continúe preso y en espera del juicio, tal como dispuso la Corte de Justicia de Salta?
- Sigo pensando que la violación de una menor por parte de un mayor es una aberración, y que esto no existe como ninguna pauta cultural de las comunidades indígenas, y menos en la wichí, en donde es castigado es abuso de poder y las relaciones sexuales incestuosas.
- Sin embargo, algunos antropólogos insisten con respecto a la preexistencia de culturas que no pueden ser juzgadas.
- Insisto que esto es un crimen para los wichís, como lo es para ley argentina. Pero además, ya que me menciona a los antropólogos, a los cuales respeto, creo que también sería correcto hablar con los ancianos de la comunidad, que son fuente de nuestra sabiduría, y las mujeres, y no solamente con antropólogos ingleses o criollos con posturas que dicen que nos representan.
- ¿Qué dirían ellos?
- No se. Yo habló como cacique de mi comunidad y como mujer. Y creo que como sociedad argentina y pueblo wichí, no podemos permitir que se avale una violación, pues así se está poniendo en peligro a los niños, que para las comunidades indígenas son los únicos privilegiados.
- ¿No existen abusos dentro de las comunidades?
- Claro que existen. Y a veces los condenamos nosotros mismos, y también es cierto que en muchos casos se acepta el abuso de poder y el abuso sexual infantil en las comunidades originarias, pero en los casos que esto ocurre es porque son defendidos por la mafias de la dirigencia indígenas, apa¬ñadas por los políticos y gobiernos de turno y por razones clientelistas.
El machismo
- Y porqué, excepto en su caso, no hablan las mujeres wichís?
- Porque no se les pregunta. Siempre se busca a funcionarios, políticos, académicos, y la gran mayoría son hombres. En este caso nunca se escuchó hablar a una mujer indígena. Creo que mucho tiene que ver la sociedad machista imperante, que ha ido cambiando la cultura originaria, imponiendo conductas que les eran útiles a los colonizadores y exploradores blancos. El machismo no es propio de los wichís.
- ¿Y cómo se manejan las relaciones de género entre los wichís?
- Tradicionalmente, los géneros tenían sus roles, y en muchas ocasiones las mujeres de una comunidad realizaban actividades que para los criterios europeos o dominantes, serían machistas. Por ejemplo, las mujeres podíamos tener también nuestros cotos de caza, vedados a los hombres.
“Fue una aberración”
- ¿Está de acuerdo con que Fabián Ruiz continúe preso y en espera del juicio, tal como dispuso la Corte de Justicia de Salta?
- Sigo pensando que la violación de una menor por parte de un mayor es una aberración, y que esto no existe como ninguna pauta cultural de las comunidades indígenas, y menos en la wichí, en donde es castigado es abuso de poder y las relaciones sexuales incestuosas.
- Sin embargo, algunos antropólogos insisten con respecto a la preexistencia de culturas que no pueden ser juzgadas.
- Insisto que esto es un crimen para los wichís, como lo es para ley argentina. Pero además, ya que me menciona a los antropólogos, a los cuales respeto, creo que también sería correcto hablar con los ancianos de la comunidad, que son fuente de nuestra sabiduría, y las mujeres, y no solamente con antropólogos ingleses o criollos con posturas que dicen que nos representan.
- ¿Qué dirían ellos?
- No se. Yo habló como cacique de mi comunidad y como mujer. Y creo que como sociedad argentina y pueblo wichí, no podemos permitir que se avale una violación, pues así se está poniendo en peligro a los niños, que para las comunidades indígenas son los únicos privilegiados.
- ¿No existen abusos dentro de las comunidades?
- Claro que existen. Y a veces los condenamos nosotros mismos, y también es cierto que en muchos casos se acepta el abuso de poder y el abuso sexual infantil en las comunidades originarias, pero en los casos que esto ocurre es porque son defendidos por la mafias de la dirigencia indígenas, apa¬ñadas por los políticos y gobiernos de turno y por razones clientelistas.
El machismo
- Y porqué, excepto en su caso, no hablan las mujeres wichís?
- Porque no se les pregunta. Siempre se busca a funcionarios, políticos, académicos, y la gran mayoría son hombres. En este caso nunca se escuchó hablar a una mujer indígena. Creo que mucho tiene que ver la sociedad machista imperante, que ha ido cambiando la cultura originaria, imponiendo conductas que les eran útiles a los colonizadores y exploradores blancos. El machismo no es propio de los wichís.
- ¿Y cómo se manejan las relaciones de género entre los wichís?
- Tradicionalmente, los géneros tenían sus roles, y en muchas ocasiones las mujeres de una comunidad realizaban actividades que para los criterios europeos o dominantes, serían machistas. Por ejemplo, las mujeres podíamos tener también nuestros cotos de caza, vedados a los hombres.
Hablando con las mujeres wichí
En Hoktek T ‘ oi
Miserables ranchos compuestos de una habitación, construidos con barro y ramas. Los niños están descalzos, flacos, sucios. Apenas se mueven y menos sonríen, sin ánimo para jugar bajo el calor agobiante y un sol incendiario. A la distancia, detenidos sobre el suelo y debajo de un quebracho raquítico, tres pájaros tienen los picos abiertos. Hacia el sur se interrumpen los escasos árboles y comienza el terreno abierto donde crecen porotos, hasta donde se pierde la vista. Estamos en la comunidad Hoktek T ‘ oi, o Lapacho Mocho, territorio de los wichís.
Dialogar con los aborígenes no es sencillo. Mucho menos con sus mujeres y hasta el momento, imposible había sido obtener palabras de Estela, la supuesta víctima de violación. Por intermedio del antropólogo John Palmer, quien reside en la zona desde hace 32 años, logramos entrar a la comunidad y conocer las opiniones de sus miembros, las mujeres y principalmente Estela, acerca de la acusación que mantiene preso a Qa’tu desde mediados de 2005.
“Nuestra tierra está arrasada, como nuestra cultura y ahora uno de nosotros está preso por algo que para nosotros no es delito, como dice la Justicia blanca”, afirmó Roque Miranda, cacique de la comunidad. “Yo soy mujer, esposa de Qa’tu y madre de Menajen”, sostuvo, en su lengua, Estela. “Yo era mujer, libre, cuando lo elegí a él. Mi madre, las mujeres y la comunidad aceptaron lo que quise; pero ahora mi hombre está preso, no me dejan verlo. Por eso me duele el alma. La justicia de los blancos tiene que escucharme y soltar a Qa’tu. Todos lo necesitamos”, sostuvo, seria, aparentemente enojada, incomoda con la visita. A simple vista, su rostro agraciado muestra a una joven que ronda los 18 o 20 años. Sin embargo su documento de identidad dice que tiene 13.
“Se que es una violación, Estela nació porque me violaron. Y Qa’tu no violó a mi hija; ella lo eligió y yo acepté, aunque me dolió que mi hombre elija a otra mujer. Pero yo no lo denuncié”, remarcó Teodora. “Lo necesitamos con nosotras. Nuestras costumbres dicen que el debe protegernos”, aseguró, mirando fijo mientras sus manos continuaban de memoria sobre el telar donde tejía el chaguar.
“Mi hijo no hizo nada malo, pero mi esposo murió porque Qa’tu estaba preso”, contó Erminda. “El debe cumplir con las mujeres que tiene, con la comunidad, no con la justicia blanca”, enfatizó.
Miserables ranchos compuestos de una habitación, construidos con barro y ramas. Los niños están descalzos, flacos, sucios. Apenas se mueven y menos sonríen, sin ánimo para jugar bajo el calor agobiante y un sol incendiario. A la distancia, detenidos sobre el suelo y debajo de un quebracho raquítico, tres pájaros tienen los picos abiertos. Hacia el sur se interrumpen los escasos árboles y comienza el terreno abierto donde crecen porotos, hasta donde se pierde la vista. Estamos en la comunidad Hoktek T ‘ oi, o Lapacho Mocho, territorio de los wichís.
Dialogar con los aborígenes no es sencillo. Mucho menos con sus mujeres y hasta el momento, imposible había sido obtener palabras de Estela, la supuesta víctima de violación. Por intermedio del antropólogo John Palmer, quien reside en la zona desde hace 32 años, logramos entrar a la comunidad y conocer las opiniones de sus miembros, las mujeres y principalmente Estela, acerca de la acusación que mantiene preso a Qa’tu desde mediados de 2005.
“Nuestra tierra está arrasada, como nuestra cultura y ahora uno de nosotros está preso por algo que para nosotros no es delito, como dice la Justicia blanca”, afirmó Roque Miranda, cacique de la comunidad. “Yo soy mujer, esposa de Qa’tu y madre de Menajen”, sostuvo, en su lengua, Estela. “Yo era mujer, libre, cuando lo elegí a él. Mi madre, las mujeres y la comunidad aceptaron lo que quise; pero ahora mi hombre está preso, no me dejan verlo. Por eso me duele el alma. La justicia de los blancos tiene que escucharme y soltar a Qa’tu. Todos lo necesitamos”, sostuvo, seria, aparentemente enojada, incomoda con la visita. A simple vista, su rostro agraciado muestra a una joven que ronda los 18 o 20 años. Sin embargo su documento de identidad dice que tiene 13.
“Se que es una violación, Estela nació porque me violaron. Y Qa’tu no violó a mi hija; ella lo eligió y yo acepté, aunque me dolió que mi hombre elija a otra mujer. Pero yo no lo denuncié”, remarcó Teodora. “Lo necesitamos con nosotras. Nuestras costumbres dicen que el debe protegernos”, aseguró, mirando fijo mientras sus manos continuaban de memoria sobre el telar donde tejía el chaguar.
“Mi hijo no hizo nada malo, pero mi esposo murió porque Qa’tu estaba preso”, contó Erminda. “El debe cumplir con las mujeres que tiene, con la comunidad, no con la justicia blanca”, enfatizó.
Entrevista: John Palmer, doctor en Antropología.
“Se está cometiendo un crimen étnico”
El antropólogo John Palmer estudió Filosofía y Antropología en la Universidad de Oxford y llegó a la Argentina “con 20 años, casi en el mismo vuelo que Perón, en 1973”. Desde hace 32 años estudia, trabaja y convive en las comunidades wichís de la zona del chaco salteño, entre ellas, la de Lapacho Mocho, de donde procede Fabio Ruiz y la supuesta víctima. La esposa del inglés es indígena, con quien tuvo tres hijos.
- ¿Cómo ha repercutido en la comunidad donde usted trabaja la resolución de la Corte de Justicia que deja detenido a Ruiz?
- Para todos nosotros es deprimente esta noticia. No entendemos porque les cuesta tanto entender a los jueces que hay diferencias culturales entre modos distintos de vida. Esto sólo se trataba de un pedido de excarcelación, de darle la oportunidad de libertad a un hombre que necesita volver a su comunidad, en donde lo esperan su esposa y madre de su hijo y su gente.
- ¿Cuánto tiempo lleva detenido José Fabio Ruiz?
- Está preso desde hace 4 años y medio, y eso, creo, ya es una injusticia, incluso hasta un acusado de homicidio no podría llevar tanto tiempo sin juicio.
- Tengo entendido que el juicio se aplazó debido a los planteos de la defensa, de la cual usted participa.
- Desde mediados de 2005, cuando el juez (Ricardo) Martoccia procesó a Ruiz, todos nosotros, la comunidad, su esposa, el equipo de profesionales que integramos la defensa, rechazamos la acusación y dijimos que no había delito, sino incomprensión cultural. En un primer momento, la Corte de Justicia pareció darnos la razón pues devolvió todo el expediente a Martoccia, pese a que habíamos pedido otro juez por su marcado etnocentrismo. Fue él quien vuelve a procesarlo a Ruiz, diciendo que incluye las pericias antropológicas pero sesgando su sentido y además plagiando fuentes. Es desde ese momento que pedimos por la liberación de este hombre.
- Usted me dice que su esposa pide la libertad de Ruiz, ¿se refiere a la menor de edad que quedó embarazada cuando era niña?
- Si, claro, a ella, pero que no era niña. Estela (la supuesta víctima menor de edad) no puede visitarlo desde que fue detenido, por orden del juez, y Ruiz no puede conocer a su hijo Menajem, que va a cumplir cinco años. Y este es el centro de la cuestión. Ellos eran pareja, y se quieren y tienen un hijo. Lo que es natural para la cultura wichí, es un delito para la ley penal.
- Doctor, pero cuando se denunció el hecho, ella era una menor de 9 años, y el un hombre de 28…
- Bueno, ese es otro problema, pues se mezclan errores del Estado y concepciones culturales. Con la Ley de Amnistía para los indocumentados, a Estela le dieron una edad absurda. Tanto es así que su madre quedó con 21 años y ella con 8. Es por eso que también iniciamos un proceso de rectificación de partida de nacimiento. Pero por otro lado, la realidad wichí no tiene números, no es cuántica como la occidental. La cultura se vive en etapas. En el caso de las mujeres, ellas, a partir de la primera menstruación, son consideradas libres para determinar su sexualidad, con ciertas reservas parentales, y pueden elegir quien será su esposo. Esto es importante a la luz de las diferencias culturales, pues para la cosmovisión occidental, se trataría de una púber, pero para la realidad wichí, en donde el Estado está ausente, con una marginación e indigencia infrahumanas, donde viven sin luz, o agua, o vivienda, con nulos recursos para sobrevivir, no se puede comparar a un púber urbana a una púber indígena. El desarrollo socioafectivo es diferente, la percepción sociocultural es distinta. Por eso ella estaba madura para elegir hombre, y eso es lo que no se comprende. Además, el médico que la revisó y comprobó que estaba embarazada colocó en su informe que Estela tenía una edad entre 13 y 15 años, o sea, de 2 a 4 años más que la indicada en el documento. Es por todo esto que decimos que no hubo violación.
- Entonces, para ustedes, ¿los dictados de la Justicia son parcializados, no comprenden la realidad indígena?
- Absolutamente. Son etnocéntricos, como fue etnocéntrico el juez Martoccia desde un comienzo, abordando un caso complejo desde la óptica occidental, y se llegó a éste crimen étnico. Luego, en su segunda resolución, el juez invocó costumbres indígenas para encubrir las deficiencias del juzgamiento. Es un enfoque etnocéntrico decir que porque los wichís usan celular tienen la cultura occidental, y considerar a Ruiz un violador.
- Estimo que no se acepta es que un adulto como Ruiz haya seducido, o intimidado por su poder masculino, o su ascendiente, a una niña o adolescente púber.
- Todos los antropólogos coinciden en que los wichís tienen una pauta cultural propia, en donde la parte activa es la mujer, y el hombre tiene un rol pasivo. La mujer domestica la naturaleza, lo salvaje, y al hombre, y elige a su compañero afectivo, con quien casarse y tener familia. Nunca es el hombre el que se acerca. Es más, si un hombre se acerca a una mujer con intenciones afectivas, es considerado que tiene una conducta femenina
- Sin embargo, la cacique wichí Octorina Zamora dice que los adultos wichí no tienen relaciones con niños.
- Octorina Zamora no conoce la causa; en un principio pensó que se trataba de un criollo que había violado a una wichí. Y no comprende tampoco la complejidad de este caso. Ella nunca habló con nadie de la comunidad ni tampoco con las mujeres.
- ¿Qué van a hacer a partir de ahora?
- Lo que ha hecho la Corte es decepcionante y deprimente, y en la comunidad todos están tristes. Creemos que Ruiz es una víctima del sistema jurídico imperante que con criterios etnocéntricos culpa a una pareja por formar familia. No nos quedó otro camino que recurrir a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Internacional de Justicia, por la libertad de Ruiz y por la comprensión y el respeto entre culturas diferentes que conviven en un mismo Estado.
“Se está cometiendo un crimen étnico”
El antropólogo John Palmer estudió Filosofía y Antropología en la Universidad de Oxford y llegó a la Argentina “con 20 años, casi en el mismo vuelo que Perón, en 1973”. Desde hace 32 años estudia, trabaja y convive en las comunidades wichís de la zona del chaco salteño, entre ellas, la de Lapacho Mocho, de donde procede Fabio Ruiz y la supuesta víctima. La esposa del inglés es indígena, con quien tuvo tres hijos.
- ¿Cómo ha repercutido en la comunidad donde usted trabaja la resolución de la Corte de Justicia que deja detenido a Ruiz?
- Para todos nosotros es deprimente esta noticia. No entendemos porque les cuesta tanto entender a los jueces que hay diferencias culturales entre modos distintos de vida. Esto sólo se trataba de un pedido de excarcelación, de darle la oportunidad de libertad a un hombre que necesita volver a su comunidad, en donde lo esperan su esposa y madre de su hijo y su gente.
- ¿Cuánto tiempo lleva detenido José Fabio Ruiz?
- Está preso desde hace 4 años y medio, y eso, creo, ya es una injusticia, incluso hasta un acusado de homicidio no podría llevar tanto tiempo sin juicio.
- Tengo entendido que el juicio se aplazó debido a los planteos de la defensa, de la cual usted participa.
- Desde mediados de 2005, cuando el juez (Ricardo) Martoccia procesó a Ruiz, todos nosotros, la comunidad, su esposa, el equipo de profesionales que integramos la defensa, rechazamos la acusación y dijimos que no había delito, sino incomprensión cultural. En un primer momento, la Corte de Justicia pareció darnos la razón pues devolvió todo el expediente a Martoccia, pese a que habíamos pedido otro juez por su marcado etnocentrismo. Fue él quien vuelve a procesarlo a Ruiz, diciendo que incluye las pericias antropológicas pero sesgando su sentido y además plagiando fuentes. Es desde ese momento que pedimos por la liberación de este hombre.
- Usted me dice que su esposa pide la libertad de Ruiz, ¿se refiere a la menor de edad que quedó embarazada cuando era niña?
- Si, claro, a ella, pero que no era niña. Estela (la supuesta víctima menor de edad) no puede visitarlo desde que fue detenido, por orden del juez, y Ruiz no puede conocer a su hijo Menajem, que va a cumplir cinco años. Y este es el centro de la cuestión. Ellos eran pareja, y se quieren y tienen un hijo. Lo que es natural para la cultura wichí, es un delito para la ley penal.
- Doctor, pero cuando se denunció el hecho, ella era una menor de 9 años, y el un hombre de 28…
- Bueno, ese es otro problema, pues se mezclan errores del Estado y concepciones culturales. Con la Ley de Amnistía para los indocumentados, a Estela le dieron una edad absurda. Tanto es así que su madre quedó con 21 años y ella con 8. Es por eso que también iniciamos un proceso de rectificación de partida de nacimiento. Pero por otro lado, la realidad wichí no tiene números, no es cuántica como la occidental. La cultura se vive en etapas. En el caso de las mujeres, ellas, a partir de la primera menstruación, son consideradas libres para determinar su sexualidad, con ciertas reservas parentales, y pueden elegir quien será su esposo. Esto es importante a la luz de las diferencias culturales, pues para la cosmovisión occidental, se trataría de una púber, pero para la realidad wichí, en donde el Estado está ausente, con una marginación e indigencia infrahumanas, donde viven sin luz, o agua, o vivienda, con nulos recursos para sobrevivir, no se puede comparar a un púber urbana a una púber indígena. El desarrollo socioafectivo es diferente, la percepción sociocultural es distinta. Por eso ella estaba madura para elegir hombre, y eso es lo que no se comprende. Además, el médico que la revisó y comprobó que estaba embarazada colocó en su informe que Estela tenía una edad entre 13 y 15 años, o sea, de 2 a 4 años más que la indicada en el documento. Es por todo esto que decimos que no hubo violación.
- Entonces, para ustedes, ¿los dictados de la Justicia son parcializados, no comprenden la realidad indígena?
- Absolutamente. Son etnocéntricos, como fue etnocéntrico el juez Martoccia desde un comienzo, abordando un caso complejo desde la óptica occidental, y se llegó a éste crimen étnico. Luego, en su segunda resolución, el juez invocó costumbres indígenas para encubrir las deficiencias del juzgamiento. Es un enfoque etnocéntrico decir que porque los wichís usan celular tienen la cultura occidental, y considerar a Ruiz un violador.
- Estimo que no se acepta es que un adulto como Ruiz haya seducido, o intimidado por su poder masculino, o su ascendiente, a una niña o adolescente púber.
- Todos los antropólogos coinciden en que los wichís tienen una pauta cultural propia, en donde la parte activa es la mujer, y el hombre tiene un rol pasivo. La mujer domestica la naturaleza, lo salvaje, y al hombre, y elige a su compañero afectivo, con quien casarse y tener familia. Nunca es el hombre el que se acerca. Es más, si un hombre se acerca a una mujer con intenciones afectivas, es considerado que tiene una conducta femenina
- Sin embargo, la cacique wichí Octorina Zamora dice que los adultos wichí no tienen relaciones con niños.
- Octorina Zamora no conoce la causa; en un principio pensó que se trataba de un criollo que había violado a una wichí. Y no comprende tampoco la complejidad de este caso. Ella nunca habló con nadie de la comunidad ni tampoco con las mujeres.
- ¿Qué van a hacer a partir de ahora?
viernes, 18 de diciembre de 2009
El caso data de 2005 y plantea polémica entre los derechos de los niños y las ancestrales costumbres de los pueblos originarios.
Un wichí acusado de violar a una niña pide su libertad a la Corte Suprema
› El aborigen salteño, de 32 años, está preso por embarazar a la hija de su ex esposa. La supuesta víctima era menor de 13 años.
› La Justicia resolvió que el hombre seguirá detenido hasta el juicio. Sus defensores dicen que “sólo fue fiel a su cultura”.
Darío Alberto Illanes
Qa’tu, o José Fabián Ruiz, es un aborigen wichí de la comunidad Hoktek T ‘ oi (Lapacho Mocho), ubicada en las afueras de Tartagal. El joven presentó el 10 de noviembre pasado, por intermedio de sus abogadas defensoras América Alemán y Sarah Esper, un recurso extraordinario a la Corte Suprema de la República Argentina pidiendo su libertad.
La presentación judicial es una de las últimas cartas del wichí tras el fallo de la Corte de Justicia de Salta que denegó su excarcelación. Los ministros ratificaron que Ruiz seguirá detenido hasta el juicio pues está acusado de abuso sexual agravado por el vínculo en perjuicio de una menor, hija de su ex pareja wichí, un delito grave que tiene una condena que puede llegar a los veinte años de prisión. Qa’tu está preso desde mediados de 2005, en el penal de Tartagal.
Según la ley argentina y el derecho internacional, Ruiz presuntamente violó y embarazó a una niña de nueve años que estaba bajo su cuidado. La Corte de Justicia de Salta destacó en un fallo que los pueblos originarios tienen el derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias "siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos”.
Por su parte, los integrantes de la comunidad Hoktek T ‘oi aseguraron que Qa’tu no hizo nada malo pues actuó de acuerdo a las costumbres del pueblo wichí. El mismo concepto subrayó el antropólogo John Palmer, residente en Tartagal. “Mantenerlo preso es un crimen étnico”, remarcó.
Opuesta es la postura de la cacique Octorina Zamora, de la misma etnia y fundadora del primer partido aborigen de Argentina, quien sostuvo que en su pueblo no está permitida la violación de una niña y que lo hecho por Qa’tu “es una aberración”
En tanto, el pionero en la investigación y sanción de los delitos sexuales contra niños, el juez federal Carlos Rozansky, aseguró que “una menor de 13 años, por su estadio evolutivo, no tiene la posibilidad de elegir sobre su sexualidad; por lo tanto, lo que haga un adulto sobre ella, por más invocación de costumbres culturales, comete un delito y una aberración”.
A partir de esta aparente contradicción entre derecho y cultura originaria, se desató una polémica de alcance internacional que continúa hasta la actualidad: ¿Estela fue una niña abusada por un adulto o una jovencita wichí que decidió libremente sobre su vida de acuerdo a la cultura de su pueblo? ¿Las costumbres de los pueblos originarios tienen preeminencia sobre los derechos humanos universales? ¿La sociedad argentina se rige por la igualdad ante la ley o el respeto a las diferencias culturales? La integridad personal y sexual de los menores, ¿no resulta perjudicada al sostener criterios de relativismo cultural? Las posturas de la defensa, algunos antropólogos y la comunidad wichí, ¿no permiten que se continúe revictimizando a la presunta víctima y a su hijo? ¿Es legítimo y válido que Qa’tu, su actual esposa y la comunidad que lo defiende arguyan el desconocimiento del delito de violación y de los derechos de los menores de edad cuando, por otro lado, conocen y argumentan a su favor los derechos a la tierra, a los recursos naturales, la vivienda y el trabajo que legítimamente les reconocen la Constitución de la Nación Argentina, la Constitución de Salta y el derecho internacional?
Imágenes tropicales
Quienes lo conocen personalmente, afirman que el juez Ricardo Martoccia, un salteño radicado en Tartagal desde comienzos del 2000, es una persona recta, responsable, de mente abierta y en absoluto prejuicioso. Desde su punto de vista, expresado en dos resoluciones judiciales a mediados de 2006 y a fines de 2008, el caso de la violación de una niña por parte de un adulto comenzó el 8 de julio de 2005. Aquel día, Dora Carrizo, directora de la escuela primaria Kilómetro 14 Nº 4744, sobre la polvorienta ruta provincial 81, marchó hacia la fiscalía penal Nº 2 junto la aborigen Teodora Tejerina para denunciar que el marido de ésta había embarazado a su hija Estela. La denuncia llegó a la Defensora Oficial Civil Nº 1, Claudia Zamar de Esper, quien solicitó la revisación física de la menor encinta. Los médicos constataron que la esmirriada chica presentaba 36 semanas de embarazo y pronto alumbraría un bebé. En el informe señalaron que la edad de la jovencita oscilaba entre los 11 y 13 años. Sin dilaciones, Martoccia ordenó la detención del presunto abusador, José Fabián Ruiz, en aquel entonces de 28 años, hijo de un chamán y quien parecía que seguiría el sagrado oficio de su padre, el 13 de julio de 2005 salió esposado de su comunidad. Había perdido la libertad.
Teodora Tejerina, aún adolescente, supo lo que era ser usada violentamente por un criollo sólo para tener sexo. De aquel encuentro brutal nació Estela. La wichí violada recorrió centenares de kilómetros de monte chaqueño hasta llegar a Hoktek T ‘ oi, en donde ambas fueron aceptadas. En el 2004, los funcionarios del Registro Civil de Tartagal llegaron hasta Lapacho Mocho con el objetivo de regularizar la identidad de los niños aborígenes. Cuando le llegó el turno a Estela, su madre dijo que había nacido a fin de un año que no podía precisar. “Los wichí no miden el tiempo como nosotros. Sus ciclos son totalmente diferentes, pues se rigen por la naturaleza que los rodea”, explicó el antropólogo John Palmer. Ante la ausencia de datos formales, los funcionarios determinaron que la chica, por su aspecto pequeño, tenía ocho años y había nacido el 31 de diciembre de 1996.
Poco después, Estela experimentó dos sensaciones nuevas y arrolladoras: su primera menstruación y vio al esposo de su madre como hombre. Al menos así lo aseguraron la misma Estela como Teodora a El Tribuno: “ella ya era mujer, y me dijo que quería a Qa’tu”, contó la mayor. “El me gustó. Se lo conté a mi madre, y después que ella aceptó, fui con Qa’tu”, relató, en su idioma, la menor. Dentro de la celda, el hombre sostuvo lo mismo. “Después que Estela me dijo que me quería, yo hable con Teodora. Ella les preguntó a las mujeres de nuestra comunidad, después a todos, y me dieron permiso. Entonces comencé a estar con Estela”, recordó el acusado.
- ¿Pero usted no sabía que, al ser adulto, tenía prohibido por la ley acostarse con una menor de edad y que entonces hacía algo incorrecto?, preguntamos.
- Yo no hice nada malo. Ella (Estela) me buscó y Teodora, las mujeres y la comunidad me dieron permiso para que sea mi mujer, respondió Qa’tu en su lengua.
El hombre comenzó a convivir en el mismo rancho con ambas mujeres, aunque la relación con su primera esposa había terminado, pues estaba obligado a mantener la subsistencia de ambas. Poco después la menor quedó embarazada. Cuando su estado de gravidez fue avanzado, interrumpió su asistencia a la escuela. La directora, Dora Carrizo, preguntó a la madre por su ausencia y esta le contó la situación. La docente, horrorizada, la convenció de que esa relación era un delito y llevó a la mujer ante la justicia.
De esto hace cuatro años y medio. El niño nació y la comunidad lo bautizó como Menajen. En wichí significa “por quien su padre está preso”.
Un wichí acusado de violar a una niña pide su libertad a la Corte Suprema
› El aborigen salteño, de 32 años, está preso por embarazar a la hija de su ex esposa. La supuesta víctima era menor de 13 años.
› La Justicia resolvió que el hombre seguirá detenido hasta el juicio. Sus defensores dicen que “sólo fue fiel a su cultura”.
Darío Alberto Illanes
Qa’tu, o José Fabián Ruiz, es un aborigen wichí de la comunidad Hoktek T ‘ oi (Lapacho Mocho), ubicada en las afueras de Tartagal. El joven presentó el 10 de noviembre pasado, por intermedio de sus abogadas defensoras América Alemán y Sarah Esper, un recurso extraordinario a la Corte Suprema de la República Argentina pidiendo su libertad.
La presentación judicial es una de las últimas cartas del wichí tras el fallo de la Corte de Justicia de Salta que denegó su excarcelación. Los ministros ratificaron que Ruiz seguirá detenido hasta el juicio pues está acusado de abuso sexual agravado por el vínculo en perjuicio de una menor, hija de su ex pareja wichí, un delito grave que tiene una condena que puede llegar a los veinte años de prisión. Qa’tu está preso desde mediados de 2005, en el penal de Tartagal.
Según la ley argentina y el derecho internacional, Ruiz presuntamente violó y embarazó a una niña de nueve años que estaba bajo su cuidado. La Corte de Justicia de Salta destacó en un fallo que los pueblos originarios tienen el derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias "siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos”.
Por su parte, los integrantes de la comunidad Hoktek T ‘oi aseguraron que Qa’tu no hizo nada malo pues actuó de acuerdo a las costumbres del pueblo wichí. El mismo concepto subrayó el antropólogo John Palmer, residente en Tartagal. “Mantenerlo preso es un crimen étnico”, remarcó.
Opuesta es la postura de la cacique Octorina Zamora, de la misma etnia y fundadora del primer partido aborigen de Argentina, quien sostuvo que en su pueblo no está permitida la violación de una niña y que lo hecho por Qa’tu “es una aberración”
En tanto, el pionero en la investigación y sanción de los delitos sexuales contra niños, el juez federal Carlos Rozansky, aseguró que “una menor de 13 años, por su estadio evolutivo, no tiene la posibilidad de elegir sobre su sexualidad; por lo tanto, lo que haga un adulto sobre ella, por más invocación de costumbres culturales, comete un delito y una aberración”.
A partir de esta aparente contradicción entre derecho y cultura originaria, se desató una polémica de alcance internacional que continúa hasta la actualidad: ¿Estela fue una niña abusada por un adulto o una jovencita wichí que decidió libremente sobre su vida de acuerdo a la cultura de su pueblo? ¿Las costumbres de los pueblos originarios tienen preeminencia sobre los derechos humanos universales? ¿La sociedad argentina se rige por la igualdad ante la ley o el respeto a las diferencias culturales? La integridad personal y sexual de los menores, ¿no resulta perjudicada al sostener criterios de relativismo cultural? Las posturas de la defensa, algunos antropólogos y la comunidad wichí, ¿no permiten que se continúe revictimizando a la presunta víctima y a su hijo? ¿Es legítimo y válido que Qa’tu, su actual esposa y la comunidad que lo defiende arguyan el desconocimiento del delito de violación y de los derechos de los menores de edad cuando, por otro lado, conocen y argumentan a su favor los derechos a la tierra, a los recursos naturales, la vivienda y el trabajo que legítimamente les reconocen la Constitución de la Nación Argentina, la Constitución de Salta y el derecho internacional?
Imágenes tropicales
Quienes lo conocen personalmente, afirman que el juez Ricardo Martoccia, un salteño radicado en Tartagal desde comienzos del 2000, es una persona recta, responsable, de mente abierta y en absoluto prejuicioso. Desde su punto de vista, expresado en dos resoluciones judiciales a mediados de 2006 y a fines de 2008, el caso de la violación de una niña por parte de un adulto comenzó el 8 de julio de 2005. Aquel día, Dora Carrizo, directora de la escuela primaria Kilómetro 14 Nº 4744, sobre la polvorienta ruta provincial 81, marchó hacia la fiscalía penal Nº 2 junto la aborigen Teodora Tejerina para denunciar que el marido de ésta había embarazado a su hija Estela. La denuncia llegó a la Defensora Oficial Civil Nº 1, Claudia Zamar de Esper, quien solicitó la revisación física de la menor encinta. Los médicos constataron que la esmirriada chica presentaba 36 semanas de embarazo y pronto alumbraría un bebé. En el informe señalaron que la edad de la jovencita oscilaba entre los 11 y 13 años. Sin dilaciones, Martoccia ordenó la detención del presunto abusador, José Fabián Ruiz, en aquel entonces de 28 años, hijo de un chamán y quien parecía que seguiría el sagrado oficio de su padre, el 13 de julio de 2005 salió esposado de su comunidad. Había perdido la libertad.
Teodora Tejerina, aún adolescente, supo lo que era ser usada violentamente por un criollo sólo para tener sexo. De aquel encuentro brutal nació Estela. La wichí violada recorrió centenares de kilómetros de monte chaqueño hasta llegar a Hoktek T ‘ oi, en donde ambas fueron aceptadas. En el 2004, los funcionarios del Registro Civil de Tartagal llegaron hasta Lapacho Mocho con el objetivo de regularizar la identidad de los niños aborígenes. Cuando le llegó el turno a Estela, su madre dijo que había nacido a fin de un año que no podía precisar. “Los wichí no miden el tiempo como nosotros. Sus ciclos son totalmente diferentes, pues se rigen por la naturaleza que los rodea”, explicó el antropólogo John Palmer. Ante la ausencia de datos formales, los funcionarios determinaron que la chica, por su aspecto pequeño, tenía ocho años y había nacido el 31 de diciembre de 1996.
Poco después, Estela experimentó dos sensaciones nuevas y arrolladoras: su primera menstruación y vio al esposo de su madre como hombre. Al menos así lo aseguraron la misma Estela como Teodora a El Tribuno: “ella ya era mujer, y me dijo que quería a Qa’tu”, contó la mayor. “El me gustó. Se lo conté a mi madre, y después que ella aceptó, fui con Qa’tu”, relató, en su idioma, la menor. Dentro de la celda, el hombre sostuvo lo mismo. “Después que Estela me dijo que me quería, yo hable con Teodora. Ella les preguntó a las mujeres de nuestra comunidad, después a todos, y me dieron permiso. Entonces comencé a estar con Estela”, recordó el acusado.
- ¿Pero usted no sabía que, al ser adulto, tenía prohibido por la ley acostarse con una menor de edad y que entonces hacía algo incorrecto?, preguntamos.
- Yo no hice nada malo. Ella (Estela) me buscó y Teodora, las mujeres y la comunidad me dieron permiso para que sea mi mujer, respondió Qa’tu en su lengua.
El hombre comenzó a convivir en el mismo rancho con ambas mujeres, aunque la relación con su primera esposa había terminado, pues estaba obligado a mantener la subsistencia de ambas. Poco después la menor quedó embarazada. Cuando su estado de gravidez fue avanzado, interrumpió su asistencia a la escuela. La directora, Dora Carrizo, preguntó a la madre por su ausencia y esta le contó la situación. La docente, horrorizada, la convenció de que esa relación era un delito y llevó a la mujer ante la justicia.
De esto hace cuatro años y medio. El niño nació y la comunidad lo bautizó como Menajen. En wichí significa “por quien su padre está preso”.
martes, 1 de diciembre de 2009
Entrevista a un antropólogo sobre la niña madre wichi
El caso de la niña madre wichí. La polémica irá a la Corte Suprema y la Justicia Internacional.
Entrevista: John Palmer, doctor en Antropología.
“Se está cometiendo un crimen étnico”
El antropólogo John Palmer estudió Filosofía y Antropología en la Universidad de Oxford y llegó a la Argentina “con 20 años, casi en el mismo vuelo que Perón, en 1973”. Desde hace 32 años estudia, trabaja y vive en las comunidades wichís de la zona del chaco salteño, entre ellas, la de Lapacho Mocho, de donde procede Fabio Ruiz y la supuesta víctima. Su esposa es de esta etnía, con quien tuvo tres hijos.
- ¿Cómo ha repercutido en la comunidad donde usted trabaja la resolución de la Corte de Justicia?
- Para todos nosotros es deprimente esta noticia. No entendemos porque les cuesta tanto entender a los jueces que hay diferencias culturales entre modos distintos de vida. Esto sólo se trataba de un pedido de excarcelación, de darle la oportunidad de libertad a un hombre que necesita volver a su comunidad, en donde lo esperan su esposa y la madre de su hijo, por quienes está preso.
- ¿Cuánto tiempo lleva detenido José Fabio Ruiz?
- Está preso desde hace 4 años y medio, y eso, creo, ya es una injusticia, incluso si fuese un acusado de homicidio sería excesivo tanto tiempo sin juicio, y este no es el caso.
- Tengo entendido que el juicio se aplazó debido a los planteos de la defensa, de la cual usted participa.
- Desde mediados de 2005, cuando el juez (Ricardo) Martoccia procesa a Ruiz, todos nosotros, la comunidad, su esposa, el equipo de profesionales que integramos la defensa, rechazamos la acusación y dijimos que no había delito, sino incomprensión cultural. En un primer momento, la Corte de Justicia pareció darnos la razón pues devolvió todo el expediente a Martoccia, pese a que habíamos pedido otro juez por su marcado etnocentrismo. Fue él quien vuelve a procesarlo a Ruiz, diciendo que incluye las pericias antropológicas pero sesgando su sentido. Es desde ese momento que pedimos por la liberación de este hombre.
- Usted me dice que su esposa pide la libertad de Ruiz, ¿se refiere a la menor de edad que quedó embarazada cuando era niña?
- Si, claro, a ella, que no era niña. E.R (la supuesta víctima menor de edad) no puede visitarlo desde que fue detenido, por orden del juez, y Ruiz no puede conocer a su hijo, que ya va a cumplir cinco años. Y este es el centro de la cuestión. Ellos eran pareja, y se quieren y tienen un hijo. Lo que es natural para la cultura wichí, es un delito para la ley penal.
- Doctor, pero cuando se denunció el hecho, ella era una menor de 9 años, y el un hombre de 26…
- Bueno, ese es otro problema, pues se mezclan errores del Estado y concepciones culturales. Con la Ley de Amnistía para los indocumentados, a E.R le dieron una edad absurda. Tanto es así que su madre quedó con 21 años y ella con 6. Es por eso que también iniciamos un proceso de rectificación de partida de nacimiento. Pero por otro lado, la realidad wichí no tiene números, no es cuántica como la occidental. La cultura se vive en etapas. En el caso de las mujeres, ellas, a partir de la primera menstruación, son consideradas libres para determinar su sexualidad, con ciertas reservas parentales, y pueden elegir quien será su esposo. Esto es importante a la luz de las diferencias culturales, pues para la cosmovisión occidental, se trataría de una púber, pero para la realidad wichí, en donde el Estado está ausente, con una marginación e indigencia infrahumanas, donde viven sin luz, o agua, o vivienda, con nulos recursos para sobrevivir, no se puede comparar a un púber urbana a una púber indígena. El desarrollo socioafectivo es diferente, la percepción sociocultural es distinta. Por eso ella estaba madura para elegir hombre, y eso es lo que no se comprende. Además, el médico que la revisa y comprueba que estaba embarazada, coloca en su informe que E.R tenía una edad entre 13 y 15 años, o sea, de 2 a 6 años más que la indicada en el documento. Es por todo esto que decimos que no hubo violación.
- Entonces, para ustedes, ¿los dictados de la Justicia son parcializados, no comprenden la realidad indígena?
- Absolutamente. Son etnocéntricos, como fue etnocéntrico el juez Martoccia desde un comienzo, abordando un caso complejo desde la óptica occidental, y se llega a éste crimen étnico. Luego, en su segunda resolución, el juez invoca costumbres indígenas para encubrir las deficiencias del juzgamiento. Es un enfoque etnocéntrico decir que porque los wichís tienen un celular tienen la cultura occidental, y considerar a Ruiz un violador.
- Doctor, lo que no se acepta es que un adulto como Ruiz haya seducido, o intimidado por su poder masculino, o su ascendiente, a una niña o adolescente púber.
- Todos los antropólogos coinciden en que los wichís tienen una pauta cultural propia, en donde la parte activa es la mujer, y el hombre tiene un rol pasivo. La mujer elige a su compañero afectivo, con quien casarse y tener familia. Nunca es el hombre el que se acerca. Es más, si un hombre se acerca a una mujer con intenciones afectivas, es considerado como una conducta femenina
- Sin embargo, la cacique wichí Octorina Zamora dice que los lo adultos no tienen relaciones con niños.
- Octorina Zamora no conoce la causa; en un principio pensó que se trataba de un criollo que había violado a una wichí. Y no comprende tampoco la complejidad de este caso.
- ¿Y que van a hacer a partir de ahora?
- Lo que ha hecho la Corte es decepcionante y deprimente, y en la comunidad todos están tristes. Todos creemos que Ruiz es una víctima del sistema jurídico imperante que con criterios etnocéntricos culpa a una pareja por formar familia. El INADI ya se pronunció por este tema y consideró que la Justicia cometía discriminación cultural. Pero se dijo que el Poder Ejecutivo no puede criticar al Poder Judicial. No nos queda otro camino que recurrir a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Internacional de Justicia, por la libertad de Ruiz y por la comprensión y el respeto entre culturas diferentes que conviven en un mismo Estado.
-
Darío Alberto Illanes
lunes, 23 de noviembre de 2009
Identidad robada
Asegura llamarse Carlos Guillermo Cedolini
Un salteño denunció que le robaron su identidad
Quiso gestionar un subsidio para sus 3 hijos, pero le dijeron que en Orán hay otra persona con su mismo DNI.
Domingo 22 de Noviembre de 2009 Salta
El Tribuno.
Darío Illanes
Hace cinco años, el hombre fue a sufragar y casi lo detienen pues otra persona, con idéntico número de documento nacional de identidad, había llegado para averiguar dónde votaba.
Dos semanas atrás, enfermó y fue al hospital a curarse. Allí argumentaron que no podían atenderlo pues él poseía obra social en Orán.
Días después, debido a la insuficiencia de sus ingresos y a que mantiene solo a sus hijos -pues su esposa los abandonó-, llegó hasta la ANSeS de la ciudad de La Rioja y quiso iniciar el trámite para acceder al beneficio de la asignación universal por hijo, anunciado días atrás por el Gobierno nacional.
En la repartición oficial le informaron que él no tenía tres hijos, sino cinco, pero que estaban viviendo en la provincia de Salta.
A Carlos Guillermo Cedolini, DNI 25.885.130, nacido el 8 de agosto de 1977 en la ciudad de Salta, alguien, según el testimonio del hombre, le robó su identidad.
Para el Estado, este Cedolini que habló con El Tribuno no existe, pues el verdadero Carlos Guillermo Cedolini, DNI 25.885.130, nacido el 8 de agosto de 1977, se domicilia en la ciudad de Orán.
La paradoja es que el primero posee la partida de nacimiento que certifica su existencia y, además, la denuncia de que en el Registro Civil de Ciudad del Milagro, hace más de 15 años, le dijeron que habían perdido su DNI original. Luego de varios meses, Cedolini recibió un duplicado.
"Creo que al documento original me lo robaron y, por lo que me comentaron en la Policía, se lo deben de haber vendido a un extranjero, que ahora vive en Orán y tiene todos los beneficios de la ciudadanía argentina que yo no poseo", aseguró el atribulado hombre.
Solo y sin un peso
Cuando a Cedolini le dijeron que no existía, pero sobre todo, que sus hijos tampoco y nunca recibirán un beneficio por su situación de identidad robada, decidió que debía volver a Salta para solucionar sus problemas.
Hace cinco años, Cedolini se fue a La Rioja al recibir una propuesta laboral, y con él se trasladaron sus tres hijos, su madre y hermanos.
"Pedí tres días de permiso en mi trabajo porque pensé que acá en Salta, al denunciar todo esto, obtendría una solución. Pero ya llevo más de una semana, no tengo respuestas y estoy solo y sin un peso", manifestó el hombre. Además relató que "me voy caminando desde Santa Ana al centro para hacer todos los trámites". Agregó que le gustaría irse a Orán, para denunciar al hombre que usufructúa su identidad, pero "la misma policía me aconsejó que no lo haga porque es peligroso que vaya solo, pues en la zona hay traficantes de personas".
Un salteño denunció que le robaron su identidad
Quiso gestionar un subsidio para sus 3 hijos, pero le dijeron que en Orán hay otra persona con su mismo DNI.
Domingo 22 de Noviembre de 2009 Salta
El Tribuno.
Darío Illanes
Dos semanas atrás, enfermó y fue al hospital a curarse. Allí argumentaron que no podían atenderlo pues él poseía obra social en Orán.
Días después, debido a la insuficiencia de sus ingresos y a que mantiene solo a sus hijos -pues su esposa los abandonó-, llegó hasta la ANSeS de la ciudad de La Rioja y quiso iniciar el trámite para acceder al beneficio de la asignación universal por hijo, anunciado días atrás por el Gobierno nacional.
En la repartición oficial le informaron que él no tenía tres hijos, sino cinco, pero que estaban viviendo en la provincia de Salta.
A Carlos Guillermo Cedolini, DNI 25.885.130, nacido el 8 de agosto de 1977 en la ciudad de Salta, alguien, según el testimonio del hombre, le robó su identidad.
Para el Estado, este Cedolini que habló con El Tribuno no existe, pues el verdadero Carlos Guillermo Cedolini, DNI 25.885.130, nacido el 8 de agosto de 1977, se domicilia en la ciudad de Orán.
La paradoja es que el primero posee la partida de nacimiento que certifica su existencia y, además, la denuncia de que en el Registro Civil de Ciudad del Milagro, hace más de 15 años, le dijeron que habían perdido su DNI original. Luego de varios meses, Cedolini recibió un duplicado.
"Creo que al documento original me lo robaron y, por lo que me comentaron en la Policía, se lo deben de haber vendido a un extranjero, que ahora vive en Orán y tiene todos los beneficios de la ciudadanía argentina que yo no poseo", aseguró el atribulado hombre.
Solo y sin un peso
Cuando a Cedolini le dijeron que no existía, pero sobre todo, que sus hijos tampoco y nunca recibirán un beneficio por su situación de identidad robada, decidió que debía volver a Salta para solucionar sus problemas.
Hace cinco años, Cedolini se fue a La Rioja al recibir una propuesta laboral, y con él se trasladaron sus tres hijos, su madre y hermanos.
"Pedí tres días de permiso en mi trabajo porque pensé que acá en Salta, al denunciar todo esto, obtendría una solución. Pero ya llevo más de una semana, no tengo respuestas y estoy solo y sin un peso", manifestó el hombre. Además relató que "me voy caminando desde Santa Ana al centro para hacer todos los trámites". Agregó que le gustaría irse a Orán, para denunciar al hombre que usufructúa su identidad, pero "la misma policía me aconsejó que no lo haga porque es peligroso que vaya solo, pues en la zona hay traficantes de personas".
Desnutridos en el hospital
“Los chicos se desnutren en el hospital”, denuncian médicos salteños
Que los chicos lleguen desnutridos a un hospital para ser atendidos, es grave. Pero que se desnutran dentro del mismo hospital es mucho peor. “Lo que comen nuestros pacientes no cubre ni la mitad de los requerimientos calóricos y proteicos aconsejados para una nutrición normal”, dijeron los profesionales del Hospital Público Materno Infantil de Salta en una carta dirigida a la jefatura del servicio nutricional, fechada el 19 de noviembre, a la que accedió el diario Crítica de la Argentina. Los médicos –en su mayoría pediatras y neonatólogos– reclaman que “se asegure el adecuado y suficiente alimento a través del aumento de las raciones diarias de todos los niños internados”.
La nota, que lleva la firma de unos cincuenta profesionales, sostiene que “es inconcebible que un hospital de esta envergadura no brinde y asegure el derecho básico a una buena alimentación para sus pacientes”. Para Cristina Nesrala, presidenta de la Asociación de Profesionales de la Salud de Salta (Apsades), “esta situación gravísima es consecuencia directa del gerenciamiento privado al que está sometido el sistema público”.
(Crítica, pág. 23, 22/11/09 – Mauro Federico)
Telescopios para chicos
Tucumán:
Chicos de 100 escuelas fabricaron sus telescopios para mirar el cielo
Nunca antes se vieron tantos telescopios juntos, y mucho menos fabricados por niños de 10, 11 y 12 años. Los aparatos fueron probados en el parque 9 de Julio, en Tucumán, donde chicos de distintas escuelas se lucieron contando sus experiencias en la escuela.
La idea de construir un telescopio nació como una actividad propuesta por el Ministerio de Educación de la provincia, al cumplirse 400 años de la creación del aparato que ideó y construyó Galileo Galilei. Chicos de 4º, 5º y 6º grado de cien escuelas se engancharon con la idea de construir con elementos simples, sus telescopios. "Primero pensamos que era imposible hacer uno, pero luego por internet nos enteramos de que Galileo Galilei usó un tubo de plomo con unas lentes que en esa época recién comenzaban a fabricarse para leer. En menos de 24 horas, Galileo pudo armar el primer telescopio, entonces, si él lo pudo armar sin tanta tecnología, ¿por qué nosotros no?", desafió Jorge Leandro Iramain, de 12 años, alumno de 6º grado de la Escuela Punta del Monte, de San Pablo. Leandro fue uno de los cientos de alumnos de la primaria que participaron del taller demostrativo "pequeños investigadores", en el marco del Congreso de Ciencias, que concluyó la semana pasada en el Hotel Catalina's Park.
Telescopio en mano, los chicos se trasladaron a un sector del parque 9 de Julio en el que profesionales y miembros del equipo del Observatorio Astronómico de Ampimpa les enseñaban a los profesores las maravillas del universo, con videos didácticos para que ellos los lleven al aula. Pero los protagonistas fueron los niños con sus telescopios, hechos en cartón y en PVC, en colores y formas diversas. "Nosotros conseguimos un pie de un micrófono viejo y lo adaptamos para sostener nuestro telescopio, ya que mide 1,43 metros, y lo forramos con un papel contac", explicó María Chávez, de la Escuela García Hamilton.
(La Gaceta – Tucumán, 21/11/09)
martes, 17 de noviembre de 2009
Acusado de pedofilia en Facebook
Marcelo David Torino Dantur tenía una página en Facebook http://www.facebook.com/martinotero78?ref=profile#/profile.php?id=1324422679&ref=search&sid=658405832.2086015617..1
Pedófilo en Salta
El presunto pedófilo está prófugo
Recién ayer, poco
antes del mediodía,
la Justicia ordenó su
detención. Alertado,
el sujeto se escapó.
“Los videos y fotos que tenía mi vecino eran espantosas”, contó una vecina, según le comentó el testigo que observó el material incautado por la Policía el viernes pasado”.
“Daban asco, él salía en la mayoría, donde se lo veía manteniendo relaciones sexuales con niñas y adolescentes de pocos años”, contó la mujer que reside en la misma cuadra que el contador Marcelo David Torino Dantur, en la calle Los Crisantemos 170 del barrio Tres Cerritos y hasta el cierre de esta edición se encontraba evadiendo su detención por parte de investigadores de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Salta.
La orden de aprehensión contra el sujeto fue ordenada ayer alrededor de las 11 por el Juez de Instrucción Formal de 4a Nominación, Antonio Germán Pastrana, quien cambió a la carátula inicial que decía “corrupción de menores”, le agregó el de “distribución de material pornográfico”. Sin embargo, cuando los investigadores de civil llegaron a buscar al contador, éste no se encontraba en su casa. Según los propios vecinos, el hombre se habría retirado en un automóvil de color negro, aparentemente un Toyota Corolla, en donde viajaban dos hombres y una mujer.
Este periodista, quien sigue los pasos de Torino Dantur desde la semana pasada, llegó a su domicilio antes de las 11, encontrando a policías de civil merodeando el barrio, pero se dio con que en la vivienda sólo se encontraba una empleada doméstica quien informó a través de una ventana que la familia no estaba cuando ella llegó, y que su patrón se había retirado al poco tiempo que ella había llegado. Aparentemente, el contador se habría marchado con su esposa y tres hijos muy temprano, en un Fiat Idea de su propiedad, y luego regresó al hogar hasta que sus cómplices lo buscaron en el misterioso automóvil negro.
Fuentes de la investigación se mostraron molestas con la tardía orden de detención, que le habría permitido al acusado de pedofilia preparar su fuga. “Desde el viernes pasado, cuando llegamos con una orden de allanamiento y descubrimos todas la pruebas en su contra (en referencia a tres computadoras con material pornográfico infantil, en donde se lo observa a Marcelo David Torino Dantur en repulsivas escenas de sexo explícito con menores de edad) podríamos haberlo detenido, pero no teníamos orden judicial. Ahora ya es tarde. Pero llama la atención de que hasta la prensa sabía que nosotros íbamos a llegar”, sostuvo el investigador.
De acuerdo a las fuentes, el hombre era investigado desde hace tres meses por la Brigada de Investigaciones, y también se encontraba detrás de él personal de la Policía Federal, por cuanto se habrían descubierto contactos del pedófilo con otras personas similares en Buenos Aires y el extranjero. En razón de esto, no se descarta que el sujeto haya dirigido una red de pedofilia desde Salta.
“Los hombres que cometen estos delitos no lo hacen solo por un depravado placer personal, sino que establecen contactos con otros pedófilos, con quienes intercambian y venden sus fotos y películas. Lo que él hacía en Salta, después se veían en el resto del mundo, por Internet, previo pago en dólares”, deslizó otro investigador.
En este sentido, en el allanamiento realizado el pasado viernes, al hombre se le habrían encontrado 60 mil pesos, distribuido en tres fajos de billetes, los cuales se hallaban escondidos en lugares diferentes de la casa.
Torino Dantur, quien vive en su casa de Tres Cerritos junto a su esposa docente en el barrio Ciudad del Milagro, y tres niños, dos nenas y un varón, tiene una habitación que funciona como su escritorio personal, en donde había tres potentes computadoras. En estas se encontraba alojado el material pornográfico.
Vecinos consternados
Un vecino del presunto pedófilo fue testigo involuntario del allanamiento realizado el viernes pasado. Si bien éste y su familia se negaron tajantemente a dialogar con el periodista, por otro lado se logró conocer lo que este hombre observó y que le produjo tanto asco y temor que obligó a su familia a callarse.
Películas con escenas de sexo explícito entre niñas y Torino Dantur, fotografías con repugnantes poses de las víctimas, direcciones de correos y nombres de usuarios para vincularse con chicas por chat y redes sociales (como Facebook y Twitter). En todos los casos, las edades de las víctimas oscilan entre los 9 y los 14 años, pertenecen a todas las clases sociales y viven en diferentes barrios salteños, incluso en Vaqueros y otras poblaciones cercanas.
“Parecía un excelente vecino; nunca se lo vio en nada raro. Era correcto y muy amable”, opinó sobre el prófugo Luis Guerra, un vecino. Diferente fue la opinión de una joven vecina, cuya identidad pidió ser mantenida en reserva, quien sostuvo “de verlo nomás daba asco; tenía cara de baboso, y miraba a las chicas como si quisiera violarlas. Acá en el barrio se lo vio en el auto con nenas, e incluso llegó a meter a su casa a estas chicas, cuando la familia no estaba”.
Otros casos
Aparentemente, una niña que concurre al colegio San Alfonso, el mismo establecimiento adonde asisten sus hijas pequeñas y amiga de éstas, fue contactada por el sujeto vía Internet. Luego intentó hablarla por teléfono, pero la nena se asustó y les contó todo a sus padres. Estos denunciaron el hecho a la dirección del establecimiento y llegó a conocimiento de otros padres. Por esta causa, el lunes pasado al mediodía, cuando Torino Dantur llevó a sus niñas al colegio, fue increpado y golpeado por un padre de una alumna.
Por otro lado, otra niña que estudia en el colegio Del Huerto también habría sido contactada por el contador, con un resultado similar. Las niñas se encontrarían asustadas y no quieren volver a estudiar. Según se conoció, Torino Dantur participaba del grupo de padres que colaboraba en el equipo de teatro del colegio San Alfonso. Pero su intención no era contribuir al aprendizaje histriónico de su hija mayor, sino filmar a las despreocupadas niñas en sus inocentes movimientos actorales.
Delito en crecimiento
El año pasado hubo 153 denuncias de pedofilia en la provincia, de los cuales 130 corresponden a Salta Capital y alrededores, y el resto al norte de la provincia.
"Las estimaciones indican que de 7 casos que ocurren sólo uno se denuncia, y esto preocupa porque en Salta este delito está en crecimiento", sostuvo en su momento el director general de Investigaciones de la Policía, Vicente Cordeyro.
Lo que dice el Código Penal
Art. 125.- El que promoviere o facilitare la corrupción de menores de dieciocho años, aunque mediare el consentimiento de la víctima será reprimido con reclusión de tres a diez años.-
La pena será de seis a quince años de reclusión ó prisión cuando la víctima fuera menor de trece años
Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión ó prisión de diez a quince años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda.-
Art. 128.- Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años el que produjere o publicare imágenes pornográficas en que se exhibieran menores de dieciocho años, al igual que el que organizare espectáculos en vivo con escenas pornográficas en que participaren dichos menores.-
En la misma pena incurrirá el que distribuyere imágenes pornográficas cuyas características externas hiciere manifiesto que en ellas se ha grabado o fotografiado la exhibición de menores de dieciocho años de edad al momento de la creación de la imagen.-
Será reprimido con prisión de un mes a tres años quien facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de catorce años.-
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